Maestro y Sociedad e-ISSN 1815-4867
Volumen 23 Número 2 Año 2026
Artículo original
Redes de poder en la gestión educativa pública: una revisión sistemática
Power networks in public educational management: a systematic review
Redes de poder na gestão da educação pública: uma revisão sistemática
Gisela Yanine Herdoiza Moran*, https://orcid.org/0009-0007-7379-8251
Universidad Cesar Vallejo, Perú y Universidad Estatal Península de Santa Elena, Ecuador
*Autor para correspondencia. email gherdoiza@ucvirtual.edu.ec
Para citar este artículo: Herdoiza Moran, G. Y. (2026). Aplicación educativa para la introducción a la asignatura Enfermería Ginecobstétrica. Maestro y Sociedad, 23(2), 2002-2013. https://maestroysociedad.uo.edu.cu
RESUMEN
Introducción: Las redes de poder y prácticas de corrupción inciden significativamente en los sistemas educativos públicos de América Latina, afectando la gestión política y laboral, el uso de recursos, los mecanismos de control, y el impacto estructural y formativo de la educación, comprometiendo el cumplimiento del ODS 4. Materiales y métodos: Se realizó una revisión sistemática cualitativa de tipo exploratorio y explicativo, siguiendo el método PRISMA. La búsqueda en Redalyc, Latindex, SciELO y Scopus (2018-2025) arrojó inicialmente 209 artículos, de los cuales, tras aplicar criterios de inclusión y exclusión, se seleccionaron 20 estudios para el corpus final de análisis. Resultados: Los hallazgos muestran que la corrupción se manifiesta en tres dimensiones interrelacionadas: (1) gestión política y laboral: manipulación de evaluaciones docentes, contratación por afinidad política y debilidad de sistemas de control institucional, generando precariedad laboral y desconfianza; (2) recursos y contrataciones: desvío de fondos, clientelismo y falta de transparencia en todas las fases de la gestión administrativa; (3) impacto estructural y formativo: mercantilización de la educación superior, ausencia de formación ética sólida y exclusión de grupos vulnerables. La distribución geográfica de los estudios muestra predominio de Perú (45%) y México (30%), con enfoque mayoritariamente cualitativo (90%). Discusión: Se evidencia que, a pesar de marcos normativos anticorrupción, persisten vacíos en su aplicación efectiva debido a la captura institucional por redes de poder y debilidad de los sistemas de rendición de cuentas. Conclusiones: Superar estas limitaciones requiere un enfoque integral que combine transparencia, fortalecimiento institucional y formación ética desde la educación básica hasta la superior, para garantizar equidad y democracia.
Palabras clave: corrupción, corrupción política, fraude académico, gestión del personal, gestión de la educación.
Abstract
Introduction: Power networks and corrupt practices significantly impact public education systems in Latin America, affecting political and labor management, resource allocation, control mechanisms, and the structural and formative impact of education, thus jeopardizing the achievement of SDG 4. Materials and methods: A qualitative, exploratory, and explanatory systematic review was conducted using the PRISMA methodology. A search of Redalyc, Latindex, SciELO, and Scopus (2018–2025) initially yielded 209 articles, from which, after applying inclusion and exclusion criteria, 20 studies were selected for the final analysis corpus. Results: The findings show that corruption manifests itself in three interrelated dimensions: (1) political and labor management: manipulation of teacher evaluations, hiring based on political affiliation, and weak institutional control systems, generating job insecurity and distrust; (2) resources and procurement: misappropriation of funds, clientelism, and a lack of transparency in all phases of administrative management; (3) Structural and educational impact: commodification of higher education, lack of solid ethical training, and exclusion of vulnerable groups. The geographical distribution of the studies shows a predominance of Peru (45%) and Mexico (30%), with a mostly qualitative approach (90%). Discussion: It is evident that, despite anti-corruption regulatory frameworks, gaps persist in their effective implementation due to institutional capture by power networks and weak accountability systems. Conclusions: Overcoming these limitations requires a comprehensive approach that combines transparency, institutional strengthening, and ethical training from basic to higher education to guarantee equity and democracy.
Keywords: corruption, political corruption, academic fraud, personnel management, education management.
Resumo
Introdução: As redes de poder e as práticas corruptas impactam significativamente os sistemas de educação pública na América Latina, afetando a gestão política e trabalhista, a alocação de recursos, os mecanismos de controle e o impacto estrutural e formativo da educação, comprometendo, assim, o alcance do ODS 4. Materiais e métodos: Foi realizada uma revisão sistemática qualitativa, exploratória e explicativa utilizando a metodologia PRISMA. Uma busca nas bases de dados Redalyc, Latindex, SciELO e Scopus (2018–2025) resultou inicialmente em 209 artigos, dos quais, após a aplicação de critérios de inclusão e exclusão, 20 estudos foram selecionados para o corpus final de análise. Resultados: Os resultados mostram que a corrupção se manifesta em três dimensões inter-relacionadas: (1) gestão política e trabalhista: manipulação de avaliações de professores, contratação baseada em filiação política e sistemas de controle institucional frágeis, gerando insegurança no emprego e desconfiança; (2) recursos e aquisições: apropriação indébita de verbas, clientelismo e falta de transparência em todas as fases da gestão administrativa; (3) Impacto estrutural e educacional: mercantilização do ensino superior, falta de formação ética sólida e exclusão de grupos vulneráveis. A distribuição geográfica dos estudos mostra uma predominância do Peru (45%) e do México (30%), com uma abordagem predominantemente qualitativa (90%). Discussão: É evidente que, apesar dos marcos regulatórios anticorrupção, persistem lacunas na sua implementação efetiva devido à captura institucional por redes de poder e a sistemas de responsabilização frágeis. Conclusões: Superar essas limitações exige uma abordagem abrangente que combine transparência, fortalecimento institucional e formação ética desde a educação básica até o ensino superior, a fim de garantir equidade e democracia.
Palavras-chave: corrupção, corrupção política, fraude acadêmica, gestão de pessoal, gestão educacional.
Recibido: 5/2/2026 Aprobado: 28/3/2026
Introducción
La corrupción en la gestión pública de la educación ha pasado a ser un fenómeno estructural de imperiosa y cíclica consolidación en la estructura de los sistemas educativos, cuya calidad, equidad y sostenibilidad hacen tambalear en las últimas décadas, en especial, en América Latina. No como un mero hecho aislado o eventual, tiene su dimensión configurada como una trama compleja que remite sin distinción a diversos niveles que solapan lo político, lo administrativo y lo social, que viene a afectar el ejercicio del derecho a la educación. Este fenómeno se encuentra sumamente vinculado al establecimiento de redes de poder, que se manifiestan informalmente, pero que a la vez pueden tener una fuerte influencia que va articulando intereses privados, conduciéndose entonces por encima del bien común (Aguilar Rojas et al., 2022).
El carácter persistente y multidimensional de la corrupción educativa supone un serio obstáculo para el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, que busca garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad para todos, a la que Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura ha articulado su estrategia de institución en el marco de la Agenda 2030 (UNESCO, 2017). En su ámbito, Transparency International (2013) advirtió que la corrupción y el mal gobierno son barreras importantes para el ejercicio del derecho a la educación y la consecución de los objetivos de desarrollo internacional. Ya de forma más reciente, en el año 2025, ha documentado el hecho de que la corrupción obstaculiza el acceso a servicios esenciales, como pueden ser la educación y la salud (Transparency International, 2025); de modo que, en esta línea, el análisis de las redes de poder cobra especial relevancia a la hora de comprender los circuitos oscuros que minan la transparencia y la rendición de cuentas.
El efecto de tales dinámicas se realiza de una forma directa en la distribución de los recurso materiales, el clima de la organización, el acceso a la infraestructura, la selección y una vez dentro de ésta la permanencia del personal docente, la ejecución de los programas educativos, etc., es decir, en lo fundamental y en lo accesorio. Al ser conductas, prácticas habituales que suelen encubrirse detrás de una legitimación debida a la costumbre o a las normas laxas o bien definidas que se adoptan, la detección es particularmente fácil de evitar y la sanción es complicada (Jumbo et al., 2020). De este modo, puede reforzarse la lógica viciosa en la cual la opacidad y la impunidad se alimentan mutuamente para hacer que el fenómeno sea duradero.
Desde el punto de vista de Latinoamérica, la corrupción en la educación no sólo es una cuestión que se vincule a los problemas de desigualdad histórica, que van a exigir de la modificación de la fragilidad institucional y del escaso control estatal que atraviesan actualmente a varios países formadores de la región, sino que las redes de poder, en el contexto latinoamericano, van a ser el mecanismo con el que se reproducen privilegios y se consolidan élites burocráticas que dificultan la adopción de reformas que profundicen la gobernanza de la educación (Valdivia Sánchez & Bautista Quispe, 2025).
Investigaciones anteriores han demostrado que estas redes operan como "puentes" entre diversos actores, ya que crean un sistema de favores recíprocos que sustituye las normas de mérito, transparencia y legalidad. Así, por ejemplo, la contratación de gente según afinidades políticas o la asignación de presupuesto en función de intereses del partido son ejemplos frecuentes de estas relaciones que, igual que las anteriores, aunque más sutiles, tienen impactos enormemente potentes en el funcionamiento de las instituciones educativas (Marín Roig, 2021; Ramos Hernández, 2022).
A nivel internacional, investigaciones como la que ha llevado a cabo la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE, 2017) han detectado elementos comunes en la corrupción educativa, como el favoritismo en las admisiones, el desvío de los fondos de las escuelas o el clientelismo a través de la contratación de los profesores, asociados a la debilidad de los sistemas de control interno, la centralización del poder en pocas manos y la normalidad social de prácticas irregulares.
Frente a este panorama, organismos internacionales como Transparency International (2017), enfatizan en la necesidad de adoptar un enfoque integral para combatir la corrupción educativa, que combine medidas preventivas, medidas de transparencia activa y sistemas de rendición de cuentas permeables. No se puede reducir la lucha contra la corrupción a la mera utilización de la violencia institucional contra la corrupción, sino que habrá que generar las condiciones estructurales que favorecen la emergencia de las redes corruptas y las prácticas normalizadas, aunque sean de dudosa legitimidad.
Para concretar lo expuesto, el presente trabajo de revisión pretende analizar de forma crítica la corrupción en el ámbito de la gestión educativa pública en la forma de redes de poder, situando el contexto latinoamericano como un espacio que representa un lugar de confluencia de los diferentes factores de riesgo. Para ello, se usa una metodología cualitativa de tipo exploratorio y explicativo, sustentada en la revisión crítica y sistemática de la literatura especializada, haciendo especial énfasis en la producción científica y técnica de los últimos ocho años.
El enfoque incluye la revisión de tres categorías centrales: en primer lugar, la gestión política y laboral del sistema educativo, reflejada en el uso discrecional de la evaluación docente, la contratación por afinidad política y la influencia de redes sindicales y de poder; en segundo lugar, la corrupción en recursos, contrataciones y control institucional, reflejada en el manejo opaco de presupuestos, irregularidades en la infraestructura y debilidades en los mecanismos de control; y finalmente el impacto estructural y formativo en la educación, es decir, la desigualdad de políticas, la mercantilización de la educación superior y la exclusión de grupos vulnerables.
La idoneidad de este análisis radica en el sentido de que, a pesar de las progresiones normativas y las medidas de contención que algunos países han desarrollado, la corrupción educativa daña la confianza social en las instituciones y compromete los aprendizajes. Asumir las redes de poder como una cuestión central de este problema es muy relevante en la definición de estrategias de intervención.
El presente trabajo propone contribuir, a construir las bases de un marco teórico sólido que sirva de punto de partida para la formulación de políticas públicas relacionadas con la intención de prevenir, detección y la posterior sanción de la corrupción en el sector educativo. A través de la interrelación de revisiones de literatura especializada y análisis comparado, se espera poder construir una visión amplia que mezcle la profundidad del análisis académico con la utilidad práctica de las conclusiones expuestas.
La introducción de este artículo propone que la corrupción en el ámbito de la gestión educativa pública, aunque no es un hecho marginal, sí que es una cuestión estructural a la que hay que responder con enfoques interdisciplinarios y propuestas apropiadas al contexto en el que toda la gestión educativa se desarrolla. Las redes de poder, en la medida que son el mecanismo a través del cual se articulan intereses particulares, ejemplifican un núcleo problemático al que hay que hacer frente para garantizar que el derecho a la educación se ejerza en condiciones de igualdad, equidad y justicia social.
En este sentido, la revisión se orienta a responder la siguiente pregunta central: ¿de qué manera las redes de poder y las prácticas de corrupción inciden en los sistemas educativos públicos de América Latina, particularmente en la gestión política y laboral, en el uso de recursos y mecanismos de control, así como en el impacto estructural y formativo de la educación? Se ha realizado una revisión sistemática de la literatura científica siguiendo las normas PRISMA (Pardal-Refoyo & Pardal-Peláez, 2020) con el objetivo de identificar, analizar y visualizar las principales investigaciones que han tratado la corrupción educativa y el papel de las redes de poder en la administración pública de la educación.
Materiales y Métodos
La revisión se sitúa en la línea de la investigación cualitativa, exploratoria, explicativa, dado que se trata del intento de comprender un fenómeno que conglomera dimensiones políticas, administrativas y sociales. Para asegurar la transparencia y la reproducibilidad del proceso, se han seguido los criterios de la declaración PRISMA (Page et al., 2021).
El corpus documental se compone de las búsquedas que se realizaron a partir de las bases de datos Redalyc, Latindex, SciELO y Scopus, dado que en ellas se recoge una amplia producción científica en ciencias sociales y educación en Iberoamérica. Las búsquedas se realizaron en enero de 2025, utilizando como descriptores principales: “corrupción educativa”, “gestión educativa pública”, “redes de poder”, “rendición de cuentas (accountability)” y “transparencia en educación”. Posteriormente, se ampliaron con el uso de operadores booleanos (AND y OR) en español e inglés, incluyendo términos como “educational corruption”, “power networks”, “governance in education”. Las ecuaciones de búsqueda influyeron entre otras: (“corrupción educativa” OR “educational corruption”) AND (“gestión educativa pública” OR “educational governance”) AND (“redes de poder” OR “power networks”) AND (“accountability” OR “rendición de cuentas”) AND (“transparencia” OR “transparency”).
La primera búsqueda arrojó un total de 209 resultados (47 en Redalyc, 52 en Latindex, 74 en SciELO y 36 en Scopus). Con la intención de continuar refinando la selección y limitar la revisión del estado del arte, se optó por aplicar límites temporales, considerando solamente trabajos de investigación que estuviesen ubicados en el periodo comprendido entre 2018 y 2025 por el objetivo de actualizar el estado del arte en torno a la temática y adaptarlo a la agenda 2030 y el ODS 4. Una vez excluidos los duplicados, se obtuvieron un total de 105 documentos.
Criterios de inclusión
• Investigaciones empíricas (cualitativas y cuantitativas), estudios de caso y revisiones bibliográficas.
• Publicaciones centradas en gestión educativa pública y su relación con la corrupción, las redes de poder o la transparencia.
• Publicaciones relacionadas con educación básica, media o superior centradas en América Latina.
• Estudios en español o inglés de los años 2018 a 2025.
Criterios de exclusión
• Trabajos centrados únicamente en corrupción política en general sin vínculo con el campo educativo.
• Trabajos de carácter meramente prescriptivo o anecdótico, sin un enfoque empírico ni un análisis crítico.
• Publicaciones en blogs, prensa o literatura gris sin revisión por pares.
En una primera fase de la revisión (lectura de títulos y resúmenes), se seleccionaron un total de 105 artículos relevantes. A continuación, después de la lectura exhaustiva, 85 artículos fueron descartados por no cumplir los criterios establecidos (en su mayoría, por ser estudios normativos generales o carentes de evidencia empírica). En definitiva, fueron incluidos en la revisión sistemática 20 artículos, lo que conformó el corpus del análisis (Figura 1).
Figura 1. Diagrama de flujo PRISMA en cuatro fases
Resultados
En el desarrollo de este apartado se dan a conocer los resultados obtenidos analizando de forma sistemática los estudios seleccionados. Los trabajos que se han revisado ofrecen una visión general de las redes de poder en la educación pública, las cuales dan cuenta de las diferentes teorías que se han documentado en contextos diversos. Igualmente, se ofrece el detalle de los documentos analizados en la Tabla 1, clasificados por: autor, año de publicación, país de origen y principales aportes.
Tabla 1. Corpus de documentos revisados
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Autor |
Año |
País |
Metodología |
Aporte del estudio |
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Gil Antón |
2018 |
México |
Cualitativa |
Evidencia que la Reforma Educativa priorizó el control laboral y la precarización docente por encima de la mejora del sistema educativo, aplicando criterios de mérito sin análisis crítico y encubriendo dinámicas de poder e intereses ajenos a la educación, lo que refleja un uso político de las políticas educativas vinculado a prácticas de corrupción institucional. |
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Lezama Valdés |
2019 |
México |
Cualitativa |
Descubre que la evaluación en la educación superior ha estado debilitada por influencia de intereses externos que desvirtuaban el sentido formativo de la evaluación en educación superior, lo que abre riesgos de mercantilismo o corrupción. Asimismo sugiere la necesidad de una evaluación docente entendida como acompañamiento horizontal, con transparencia, participación y confianza entre los actores para poder garantizar procesos legítimos y colaborativos. |
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Gómez Collado |
2020 |
México |
Cualitativa |
Evidencia que las reformas educativas de 2013 y 2019 modificaron los mecanismos de control de los docentes; la primera implicó evaluaciones punitivas que culminaron en despidos; la segunda sugirió una flexibilización en el ingreso y el reingreso de los docentes/as a través de evaluaciones diagnósticas. Este giro habilitó, a su vez, un espacio a las presiones políticas y sindicales, generando riesgos de corrupción en la gestión del magisterio político. |
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Mendoza Camacho & López Portillo |
2020 |
México |
Cualitativa |
Confirma que la corrupción está relacionada directamente con el desarrollo económico y la calidad institucional, ya que la incapacidad de los mecanismos de rendición de cuentas favorece a su expansión y a sus efectos negativos. |
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Vanegas-Carvajal et al. |
2020 |
Colombia |
Cualitativa |
Dado que la corrupción está asociada a la calidad institucional y a las redes del poder social, perjudica la economía, el tejido social y la gestión educativa de las instituciones educativas públicas, en este contexto la formación universitaria en ética pública aparece como una de las estrategias más idóneas para fomentar la integridad y la transparencia. |
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Madrid Valerio & Palomino Ramírez |
2020 |
Perú |
Cualitativa |
El incumplimiento de la ley genera en el Estado una dificultad añadida a la hora de responder ante situaciones de crisis como la que ha tocado vivir por la COVID-19, por lo que el compliance en el ámbito gubernamental, esto es, la forma de llevar a cabo el cumplimiento normativo por parte de las Administraciones Públicas, se propone aquí como elemento básico para la prevención de riesgos, la transparencia y la detección de comportamientos criminales. |
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Silva Rodrigues et al. |
2020 |
Brasil |
Cualitativa |
La forma en la que operan los consejos municipales está relacionada, por un lado, con la oligarquización de la corrupción y, por otro, con la de la calidad de la gestión local. |
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Chamorro Mejía & Chamorro Llantoy |
2021 |
Perú |
Cualitativa |
El deslizamiento y la erosión de los valores éticos propician la proliferación de las prácticas delictivas y de diferentes tipos de corrupción. |
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Santa María et al. |
2021 |
Perú |
Cualitativa |
Las desigualdades entre las políticas educativas de la región en relación a la inclusión, el financiamiento, el currículo y la participación demuestran vacíos de la gestión que pueden dar lugar a prácticas discrecionales y al riesgo de corrupción de recursos. |
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Levano Arcos et al. |
2021 |
Perú |
Cualitativa |
La corrupción en la contratación de los profesores de educación, la cual presenta clientelismo y ausencia de evaluaciones objetivas, hace preciso que, de una forma directa y concreta, se ponga en práctica una cultura de evaluación sostenible con indicadores y formas claras que propicien transparencia y calidad en el servicio público educacional. |
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Portocarrero-Sierra et al. |
2021 |
Colombia |
Cuantitativa |
La sostenibilidad de las IESPs depende de una gestión que integre inversión en infraestructura, fortalecimiento docente e investigación, articulando actores internos y externos, mientras que la corrupción y el gasto excesivo limitan su transparencia y competitividad. |
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Aguilar Rojas et al. |
2022 |
Perú |
Cualitativa |
La corrupción en el sector educativo no solo afecta recursos estatales, sino que vulnera el derecho a la educación al limitar el desarrollo de competencias en los estudiantes. |
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Ascencios Balbin et al. |
2022 |
Perú |
Cualitativa |
En la contratación pública, los retrasos en la fase de pago afectan a los proveedores, deterioran la confianza en el Estado y aumentan los riesgos de corrupción. |
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Chung Díaz et al. |
2022 |
Perú |
Cuantitativa |
La eficacia de la gestión institucional en la UGEL precisa un control interno eficaz; sin embargo, ante la fragilidad estructural de la formulación de los objetivos institucionales, la gestión de riesgos, las acciones de control, la escasa transparencia y la posibilidad de discrecionalidad en el contexto de los procesos educativos, invitan a la corrupción. |
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Castro Montañez et al. |
2023 |
Colombia |
Cualitativa |
La descentralización implementada dentro del sistema educativo colombiano propició una mejor gestión de los recursos, aunque todavía prevalecen deficiencias de corte estructural en términos de calidad, cobertura y distribución, siendo en consecuencia un factor determinante que restringe la equidad y aumenta, dada la naturaleza del tema, el riesgo de ineficiencias y de acciones corruptas en el momento de ejecutar la gestión educativa. |
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Abadie Aguilera |
2023 |
Ecuador |
Cualitativa |
La educación ecuatoriana sufre de limitaciones en cuanto a la calidad y acceso a recursos y el peso de la corrupción y la exclusión social se ha acentuado tanto que su papel en el desarrollo de la ciudadanía queda amortiguado, además de que deja entrever que no existen políticas públicas robustas que hablen de cómo cerrar brechas educativas. |
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Fuentes Aranda & Alarcón Llontop |
2023 |
Perú |
Cualitativa |
La política de evaluación del desempeño docente se presentó como una política eficiente en cuanto a efectos parciales en el Diseño del Buen Desempeño Docente, pero su puesta en marcha generó tensiones que potenciaban los sesgos y que, en consecuencia, ponían en riesgo la objetividad con la que se entiende lo evaluativo, exponiendo, en consecuencia, la falta de transparencia en los procesos evaluativos. |
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Minor Gómez |
2024 |
México |
Cualitativa |
Manifiesta la necesidad de incidir en la corrupción desde la educación básica mediante el desarrollo de una formación de valores éticos, cívicos y pensamiento crítico, acompañada además de una buena docencia y la participación del alumnado desde un primer momento. |
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Valdivia Sánchez & Bautista Quispe |
2025 |
Perú |
Cualitativa |
Comunica cómo las corruptelas en la contratación pública, definida como la utilización ilícita del poder para fines particulares, desvían recursos orientados a la educación, provocándole un deterioro del estándar de estos servicios, limita el acceso a la educación y profundiza el desajuste educativo al margen del aumento de la asignación presupuestal en el sector. |
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Padilla Cruz & Cardoso Espinosa. |
2025 |
México |
Cualitativa |
Los resultados del análisis comparativo indican que la eficacia del modelo de control interno COSO no está en función del tiempo de implementación, sino de su fortalecimiento y el hecho de relacionarlo con otros mecanismos, por ejemplo el Modelo de las Tres Líneas de Defensa, lo que indica que la adecuación a su contexto institucional es relevante a fin de mejorar la percepción y el control de la corrupción. |
La figura 2 ofrece una información descriptiva sobre la fecha de publicación de los artículos seleccionados para su revisión en la etapa de estudio. La distribución porcentual de los artículos seleccionados en función del año de publicación señala una tendencia variable a lo largo del año 2018-2025. Los años 2018 y 2019 suponen el 5 % de la publicaciones en cada uno de ellos, lo que habla de un interés bajo e incipiente por la temática. A partir de aquí, el año 2020 obtiene el mayor aporte con el 25 % del total de artículos, convirtiéndose en el año de mayor crecimiento en la producción. En el año 2021 la proporción pasó a 20 %; en tanto que 2022 y 2023 la proporción se mantuvo con un 15 % cada uno, lo que indicaría la relativa estabilidad de la línea de la investigación. En los años más recientes se pudo observar un descenso, con 5 % en 2024 y un 10 % en lo que va del 2025, previsiones que puede anticipar un posible repunte conforme avance el año. En conjunto, los resultados que se evidencian permiten señalar que el interés por las redes de poder en la gestión educativa pública alcanzó su máxima expresión en 2020, manteniendo oscilaciones, pero sin incorporar una tendencia de crecimientos continuos, aunque es un campo de estudio vigente.
Figura 2. Artículos por año de publicación
La figura 3 ilustra a continuación la distribución de los artículos seleccionados de acuerdo al país de procedencia, en la que se aprecia claramente el predominio de investigaciones producidas en el Perú, las cuales representan el 45 % del total, poniendo de manifiesto un marcado interés nacional por el análisis y la reflexión en torno a las redes de poder en la gestión educativa pública. Seguidamente, el 30 % de la producción corresponde a México. En tercer y cuarto lugar, se encuentra Colombia con un 15 % y Ecuador-Brasil con solo un 5 % por cada uno. Todo ello muestra que la producción científica de la tópica objeto de análisis se distribuye principalmente en países latinoamericanos con trayectorias ya consolidadas en el ámbito educativo, poniendo de relieve sobre todo la aportación peruana como referente del campo de estudio.
Figura 3. País de procedencia
Respecto a la metodología que se ha utilizado, en la figura 4 se observa una clara preponderancia de los estudios con un enfoque cualitativo, que suponen el 90 % del total de publicaciones analizadas y un escaso 10 % de trabajos de enfoque cuantitativo. Esto es una muestra de que la producción científica que se hace en torno a las redes de poder en la gestión pública educativa se ha desarrollado predominantemente desde una perspectiva cualitativa y es absolutamente coherente con la idiosincrasia del fenómeno puesto en estudio, ya que su análisis conlleva explorar dinámicas sociales e interpersonales, redes de poder o procesos de interacción que están lejos de ser leídos con enfoques únicamente numéricos.
Figura 4. Metodología empleada
Discusión
La presente discusión integra la evidencia disponible respecto de la pregunta central ¿de qué manera las redes de poder y las prácticas de corrupción inciden en los sistemas educativos públicos de América Latina, particularmente en la gestión política y laboral, en el uso de recursos y mecanismos de control, así como en el impacto estructural y formativo de la educación? Para mantener coherencia analítica, el texto se organiza en tres categorías interrelacionadas. Los estudios revisados muestran que se trata de un fenómeno complejo, que se manifiesta en distintos niveles y con consecuencias que van desde la precarización docente hasta la erosión de la confianza ciudadana en la educación pública..
Gestión política y laboral del sistema educativo
Los estudios son coincidentes al señalar que la evaluación de lo educacional y lo laboral ha sido utilizada, en un uso discrecional, como un mecanismo de control político antes que como un medio pedagógico. Por ejemplo, Gil Antón (2018) sostiene que la idea de evaluación en la Reforma Educativa fue utilizada como una estrategia para precarizar el magisterio y legitimar decisiones políticas favorables a intereses particulares, enmascarando relaciones de poder que debilitaban la educación pública. De manera complementaria, Gómez Collado (2020) sostiene que el cambio de un modelo de evaluación obligatoria a uno diagnóstico no fue una democratización real, más bien una apertura a las presiones políticas y sindicales, debilitando la transparencia de la evaluación e instaurando condiciones para la corrupción en la adjudicación de las plazas. Al mismo tiempo, Lezama Valdés (2019) mostró cómo en la educación superior, la gran cantidad de intereses que existía en torno a los procesos de evaluación potencializaba riesgos de mercantilización y corrupción, lo que desvirtuaba su sentido formativo.
En esa dirección, Levano Arcos et al. (2021) describieron cómo la corrupción en la incorporación de personas se evidenciaba a partir de la contratación de directivos y docentes temporales a partir del clientelismo político, la falta de criterios objetivos y la existencia de prácticas de afinidad personal. En ese sentido, el trabajo destacó cómo la implementación de sistemas de evaluación permanentes con indicadores claros y ajenos a la injerencia política permitió la generación de una cultura meritocrática y perentoria en el ámbito educativo. En el caso colombiano, Castro Montañez et al. (2023) explicaron la descentralización de recursos humanos y financieros, que implicó, una forma distinta de gestión del recurso de la contratación de personas, aunque su implementación no solucionó los problemas del acceso ni del mejoramiento de la calidad, particularmente en los lugares más remotos. Las limitaciones estructurales también han generado espacios adecuados para la discrecionalidad y la asignación de plazas y los programas, de una manera particular en las poblaciones más vulnerables.
Fuentes Aranda & Alarcón Llontop (2023) enriquecen esta discusión desde el contexto peruano, señalando que la política de evaluación del desempeño de docentes trajo consigo percepciones contrapuestas, ya que, por una parte, reforzó algunos de los componentes clave del Marco del Buen Desempeño Docente, pero por otra, evidenció tensiones y potenciales sesgos en su aplicación. Las debilidades que emergieron de esta experiencia ponen de manifiesto el riesgo de la discrecionalidad y, por ende, disminuyen la confianza que tiene el magisterio en los procesos de evaluación, lo que permite la apertura a prácticas no transparentes que atentan con la finalidad formativa.
Conjuntamente, estos trabajos muestran que la política gerencial y laboral en la educación está atravesada por tensiones entre los mecanismos formales de valoración de la evaluación y los informales de control de la misma, lo que se traduce directamente en la confianza del profesorado, la transparencia y la calidad del sistema educativo.
Corrupción en recursos, contrataciones y control institucional
La obra de Mendoza Camacho & López Portillo (2020) y la de Vanegas-Carvajal et al. (2020) hacen posible una visión más globalista, de la intervención de las instituciones y mecanismos de control sobre las acciones de gestión educativa pública. Mendoza Camacho y López Portillo (2020) enfatizan la relación directa que existe entre corrupción, desarrollo conómico y calidad institucional, argumentando que la fragilidad de los sistemas de sanción y de rendición de cuentas promovían el afianzamiento de las prácticas corruptas aun cuando funciones como el Sistema Nacional Anticorrupción ya se encontraban en marcha. Esta fragilidad institucional permitiría explicar el fracaso de disposiciones que se presentaban como sólidas para intentar contener el fenómeno. Adicionalmente, Vanegas-Carvajal et al. (2020) relacionaron la corrupción con la fragilidad de las instituciones democráticas y más bien con redes de poder que socavan la gestión de la educación, especialmente en espacios donde la desigualdad impera.
Estas consideraciones se unen a las de Madrid Valerio & Palomino Ramírez (2020), quienes ponen de manifiesto que la corrupción redujo la capacidad de respuesta del Estado a sectores sensibles como la educación durante la pandemia de COVID-19, determinando la necesidad de instaurar programas de compliance gubernamental para prevenir, y, por ende, sancionar las irregularidades. Silva Rodrigues et al. (2020) enriquecen el análisis con las aportaciones desde el nivel local en Brasil, ya que, por ejemplo, la reelección de banquillos para alcaldes, así como el estado de los consejos municipales, tiene un peso significativo para explicarla, mostrando que estos órganos tienen un rol relevante a la hora de controlar el uso de los recursos destinados a la enseñanza básica.
En un plano más operativo, Ascencios Balbin et al. (2022) indicaron que incluso en esta última fase de la contratación pública, el pago a los proveedores, se acumulaban retrasos que perjudicaban la confianza en el Estado y que abrían espacios a prácticas de corrupción, de la misma forma que lo hicieron Chung Díaz et al. (2022) que sostuvieron que las debilidades en los sistemas de control interno en las instancias regionales, como la UGEL de Alto Amazonas, creaban una situación sujeta a la discrecionalidad de los recursos; ambos autores concuerdan en que la transparencia es dependiente de tener mecanismos de control más robustos y en la disminución de los incentivos a la opacidad en las distintas fases de la gestión administrativa.
Portocarrero-Sierra et al. (2021) también contribuyen en sus análisis sobre las Instituciones de Educación Superior Pedagógica; concretamente, indican que la sostenibilidad de estas instituciones está estrechamente unida a la eficiencia con la que se gestionan los recursos y limita el aprovechamiento de las prácticas corruptas. La investigación también manifiesta que el gasto ineficiente y la escasez de rendimientos repercuten, entre otros, sobre el gasto en recursos de infraestructura, el fortalecimiento de la docencia o la investigación, lo que se traduce en pérdidas económicas, en competitividad o en la confianza pública. Aguilar Rojas et al. (2022) apuntan en la misma línea de la investigación de Portocarrero-Sierra et al. (2021) y comentan que la corrupción educativa no únicamente se visualiza como la pérdida de recursos económicos, sino que la "corrupción educativa conlleva igualmente una pérdida de derechos, como sería el derecho a la educación", estableciendo que la escasa educación inicial afecta con mayor profundidad a los estudiantes con menos recursos.
Valdivia Sánchez & Bautista Quispe (2025) ratifican la vigencia de esta problemática al evidenciar que la corrupción en las adquisiciones públicas en el Perú desvía recursos fundamentales del sector educación, disminuyendo la disponibilidad y la calidad del servicio. En su investigación se manifiesta la imperiosa necesidad de sanciones ejemplares para aquellos usuarios de los recursos públicos, así como la necesidad de un mejor control para cerrar las brechas educativas. Considerando el enfoque comparativo regional, Padilla Cruz & Cardoso Espinosa (2025) ponen de manifiesto que la eficacia de los modelos de control interno, el modelo de COSO o el modelo de las Tres Líneas de Defensa, se basa más en la adaptación institucional y en el refuerzo constante que en el mismo modelo de control interno, lo que permite explicar las diferencias en la forma en la que se percibe la corrupción entre países latinoamericanos.
En conclusión, dentro de esta categoría se da a conocer que la corrupción asociada a recursos y contrataciones constituye una traba estructural para la justicia, así como que los mecanismos de control, si bien son imprescindibles, hacen falta que sean fortalecidos, contextualizados con las circunstancias y que presenten sanciones adecuadas para poder establecer transformaciones duraderas.
Impacto estructural y formativo en la educación
Los estudios analizados permiten vislumbrar las implicaciones de lo estructural y lo formativo en los sistemas educativos. Gil (2018) y Gómez Collado (2020) advierten sobre la implementación de reformas educativas con fines de control político, lo que ha debilitado las estructuras escolares, dañado la estabilidad docente y, en consecuencia, disminuido la calidad educativa. De igual modo, Lezama Valdés (2019), al advertir de una tendencia en la mercantilización de la educación superior, da a entender que los procesos de evaluación se subordinan a las lógicas del mercado y propician desigualdad y exclusión. Vanegas-Carvajalet al. (2020), a su vez, establece el hecho de que sin formación ética desde las universidades y sin instituciones se repite un círculo en el que las élites profesionales participan en redes de poder que reproducen la corrupción.
Chamorro Mejía & Chamorro Llantoy (2021) añaden a este enfoque que la postergación de los valores éticos en las situaciones educativas conecta con el aumento de los actos delictivos y los diferentes tipos de corrupción, lo cual daría valor a una educación basada en la ética pública, mientras que Santa María et al. (2021) exponen que siguen existiendo grandes desigualdades en las políticas educativas regionales, avanzando sobre las dimensiones del financiamiento, currículo, inclusión de migrantes, mecanismos de participación, abriendo paso a prácticas discrecionales y prácticas clientelares. Estas brechas estructurales no tratan solo de desigualdades, sino que condicionan las posibilidades de éxito de las reformas educativas, limitando su capacidad formativa, considerando la educación como un bien público.
Abadie Aguilera (2023) amplía esta consideración afirmando que la baja calidad, la desigualdad de acceso y la corrupción persistente en la educación ecuatoriana limitan su función en la construcción de ciudadanía democrática. Según afirma este estudio, la educación equitativa, inclusiva y de calidad puede reducir la exclusión social y las prácticas corruptas y favorecer la participación ciudadana crítica. En el caso de Chiapas, Minor Gómez (2024) propone una estrategia de lucha contra la corrupción a partir de la educación básica, estableciendo la articulación del currículo de ética y pensamiento crítico con la capacitación del profesorado y la participación del alumnado desde edades tempranas.
En definitiva, la dimensión estructural y formativa de la corrupción educativa pone de manifiesto que las prácticas de control político, la mercantilización y las desigualdades perdurantes limitan la capacidad de la educación para ser un motor de equidad y ciudadanía democrática. Sin embargo, las propuestas dirigidas al fortalecer la ética y hacia la educación inclusiva muestra caminos para contrarrestar los efectos de esta distorsión y avanzar hacia sistemas más justos y sostenibles.
Conclusiones
La revisión permite dar respuesta a la pregunta central que se plantea: el poder y las prácticas de corrupción penetran en los sistemas educativos públicos latinoamericanos, y lo hacen de una forma transversal, afectando tanto la gestión política y laboral como el uso de recursos, los mecanismos de control que determinan la respuesta institucional o el impacto estructural y formativo de lo educativo. No se trata de episodios aislados, sino que estos fenómenos constituyen un entramado persistente que erosiona la meritocracia, reduce las posibilidades de una correcta asignación de los recursos disponibles y disminuye la capacidad transformadora de lo educativo como motor de la equidad y del desarrollo democrático.
En lo que concierne a la gestión política y laboral, las evidencias empíricas ponen de manifiesto cómo los procesos de evaluación docente han pasado de consolidarse como instrumentos técnicos y pedagógicos a utilizarse como mecanismos discrecionales de control político y clientelar. La manipulación de los procesos de evaluación docente ha llegado a introducir una dinámica de inestabilidad en el propio magisterio, perjudicando la transparencia en la asignación de plazas y debilitando, además, la legitimidad asociada a las reformas educativas, con el consiguiente e inevitable efecto de reproducir el escenario de precariedad y desconfianza hacia las instituciones.
Con relación al empleo de recursos públicos y la contratación pública en la administración de los estudios analizados, se concluye que la corrupción se expresa en todas las etapas de la gestión administrativa, desde la contratación de personal hasta la ejecución presupuestaria y el pago a proveedores. La desviación de fondos, el clientelismo, las prácticas discrecionales generan no solo el problema de la pérdida de recursos económicos, sino que tienden a obstaculizar, ampliar la brecha del acceso a servicios de educación de calidad y a limitar el ejercicio de manera integral del derecho a la educación, en especial el ejercicio del derecho a la educación en poblaciones más vulnerables.
En lo que respecta a los mecanismos de control institucional existe el consenso de que la creación de instituciones y regulaciones anticorrupción no resulta suficiente para una gestión transparente. La debilidad de los sistemas de rendición de cuentas, unida a la captura de las instituciones por parte de redes de poder político y financiero, transforma el control en un sistema menos eficaz que permite la persistencia de la corrupción. Paralelamente, las experiencias comparadas ponen de manifiesto que determinados modelos de control interno, más recientes y adaptables a la práctica de gestión institucional, por el contrario, tienen una mayor capacidad para mejorar la percepción y reducción de la corrupción.
Desde una perspectiva estructural y formativa, la corrupción en la educación no solo afecta la gestión administrativa, sino que también erosiona el horizonte formativo de los sistemas educativos. La mercantilización de la educación superior, la ausencia de formación ética sólida y las brechas de inclusión limitan la capacidad de la escuela y la universidad de formar ciudadanía crítica, participativa y comprometida con la legalidad y la justicia social. Estos hallazgos advierten que la corrupción no es únicamente un problema de eficiencia, sino un obstáculo para la construcción de sociedades más democráticas e igualitarias.
La revisión alertó que confrontar las redes de poder y las prácticas corruptivas en la educación han dado cuenta de la necesidad de un enfoque integral que contemple la transparencia de la gestión, el fortalecimiento institucional, la ética desde la educación básica, más la sostenibilidad de políticas públicas. Solo así será posible avanzar hacia sistemas educativos públicos que puedan garantizar equidad, inclusión y calidad de la educación; y por consiguiente, el desarrollo democrático y, en este contexto, el bienestar de la región.
Referencias
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Conflicto de intereses
La autora declara no tener ningún conflicto de intereses.
Declaración de responsabilidad de autoría
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Gisela Yanine Herdoiza Moran: Proceso de revisión de literatura y redacción del artículo.