Maestro y Sociedad e-ISSN 1815-4867
Volumen 23 Número 3 Año 2026
Artículo original
Relación entre la violencia sexual y acciones preventivas en niños y adolescentes
Relationship between sexual violence and preventive actions among children and adolescents
Relação entre a violência sexual e as ações preventivas entre crianças e adolescentes
Mg. Betty Elizabeth Pérez Tipacti *, https://orcid.org/0000-0003-0173-5167
Fiscalía Superior de Puquio. Ayacucho, Perú
*Autor para correspondencia. email beperezt@ucvvirtual.edu.pe
Para citar este artículo: Pérez Tipacti, B. E. (2026). Relación entre la violencia sexual y acciones preventivas en niños y adolescentes. Maestro y Sociedad, 23(3), 3080-3089. https://maestroysociedad.uo.edu.cu
RESUMEN
Introducción: La violencia sexual infantil persiste en Ayacucho, afectando la integridad de poblaciones vulnerables y demandando acciones preventivas sostenidas para su reducción. Objetivo: Analizar la relación entre la violencia sexual y las acciones preventivas dirigidas a niños y adolescentes durante dicho periodo. Materiales y métodos: La investigación fue de tipo básica, con enfoque cuantitativo, diseño no experimental longitudinal y nivel correlacional. Se empleó un muestreo censal no probabilístico con registros del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. La técnica utilizada fue el análisis documental con una ficha de registro validada por juicio de expertos, y los análisis estadísticos se realizaron con IBM SPSS Statistics v.25. Resultados: Se mostró que, entre 2015 y 2024, se registraron 39 952 casos de violencia sexual, con un 88,7 % de víctimas femeninas. El grupo etáreo de 12 a 17 años concentró el mayor número de casos (5 743) en comparación con el grupo de 6 a 11 años (3 695). Además, se reportaron 30 532 acciones preventivas, con un incremento anual sostenido. El análisis inferencial identificó una correlación ordinal de Spearman de 0,818 (p = 0,014), indicando una relación significativa entre ambas variables. Discusión: La correlación positiva indicó que el incremento de acciones preventivas coincidió con mayor registro de casos, posiblemente por una detección, identificación y notificación más efectivas. Conclusiones: Existió una relación estrecha entre la violencia sexual y las acciones preventivas, lo que refuerza la necesidad de estrategias focalizadas y sostenidas.
Palabras clave: acciones preventivas, adolescentes, análisis documental, violencia sexual, vulnerabilidad
ABSTRACT
Introduction: Child sexual violence persists in Ayacucho, affecting the well-being of vulnerable populations and requiring sustained preventive actions to reduce its occurrence. Objective: To analyze the relationship between sexual violence and preventive actions targeting children and adolescents during the study period. Materials and Methods: This was a basic research study with a quantitative approach, non-experimental longitudinal design, and correlational scope. Non-probability census sampling was conducted using records from the Ministry of Women and Vulnerable Populations. Documentary analysis was performed using a data collection form validated through expert judgment, and statistical analyses were conducted using IBM SPSS Statistics version 25. Results: Between 2015 and 2024, 39,952 cases of sexual violence were recorded, with female victims accounting for 88.7%. The 12–17-year age group had the highest number of cases (5,743), compared with the 6–11-year group (3,695). In addition, 30,532 preventive actions were reported, showing a sustained annual increase. Inferential analysis identified a Spearman rank correlation coefficient of 0.818 (p = 0.014), indicating a statistically significant relationship between the two variables. Discussion: The positive correlation indicated that the increase in preventive actions coincided with a higher number of recorded cases, possibly reflecting more effective detection, identification, and reporting. Conclusions: A strong relationship was found between sexual violence and preventive actions, reinforcing the need for targeted and sustained prevention strategies.
Keywords: preventive actions, adolescents, documentary analysis, sexual violence, vulnerability
RESUMO
Introdução: A violência sexual infantil persiste em Ayacucho, afetando a integridade de populações vulneráveis e exigindo ações preventivas sustentadas para sua redução. Objetivo: Analisar a relação entre a violência sexual e as ações preventivas dirigidas a crianças e adolescentes durante o período estudado. Materiais e métodos: Tratou-se de uma pesquisa básica, com abordagem quantitativa, delineamento não experimental longitudinal e nível correlacional. Foi utilizada amostragem censitária não probabilística, com registros do Ministério da Mulher e Populações Vulneráveis. A técnica utilizada foi a análise documental, mediante uma ficha de registro validada por julgamento de especialistas, e as análises estatísticas foram realizadas utilizando o IBM SPSS Statistics versão 25. Resultados: Entre 2015 e 2024, foram registrados 39.952 casos de violência sexual, dos quais 88,7% correspondiam a vítimas do sexo feminino. O grupo etário de 12 a 17 anos concentrou o maior número de casos (5.743), em comparação com o grupo de 6 a 11 anos (3.695). Além disso, foram registradas 30.532 ações preventivas, com aumento anual sustentado. A análise inferencial identificou uma correlação ordinal de Spearman de 0,818 (p = 0,014), indicando uma relação estatisticamente significativa entre as duas variáveis. Discussão: A correlação positiva indicou que o aumento das ações preventivas coincidiu com maior registro de casos, possivelmente devido à detecção, identificação e notificação mais eficazes. Conclusões: Foi identificada uma relação estreita entre a violência sexual e as ações preventivas, reforçando a necessidade de estratégias direcionadas e sustentadas.
Palavras-chave: ações preventivas, adolescentes, análise documental, violência sexual, vulnerabilidade
Recibido: 5/4/2026 Aprobado: 16/6/2026
Introducción
La violencia sexual contra niños y adolescentes constituye una vulneración de derechos humanos y un problema de salud pública con repercusiones físicas, psicológicas, sociales y educativas. Su magnitud trasciende las fronteras nacionales y presenta diferencias según sexo, edad y contexto geográfico, mientras que las dificultades para revelar y registrar los hechos pueden contribuir al subregistro de casos (Cagney et al., 2025). La evidencia mundial confirma la dimensión del fenómeno. Una revisión sistemática y metaanálisis de 165 estudios realizados en 80 países, con 958 182 participantes, estimó prevalencias importantes de acoso sexual, contacto sexual y relaciones sexuales forzadas durante la infancia y adolescencia (Piolanti et al., 2025). Estas cifras evidencian la necesidad de fortalecer mecanismos de protección capaces de actuar antes, durante y después de las situaciones de violencia.
El contexto escolar representa un espacio estratégico para la prevención, debido a su capacidad para desarrollar conocimientos, habilidades socioemocionales, relaciones respetuosas y mecanismos de protección. En Perú, el análisis de registros del sistema SíseVe evidenció diferencias territoriales en la violencia escolar y mostró la presencia de violencia sexual dentro de los escenarios educativos, situación que demanda respuestas institucionales contextualizadas (Arhuis et al., 2021). Las acciones preventivas comprenden intervenciones educativas y comunitarias orientadas a fortalecer conocimientos, actitudes protectoras, reconocimiento de situaciones de riesgo y capacidad de búsqueda de ayuda. Una revisión reciente de programas escolares encontró resultados favorables sobre conocimientos y conductas protectoras frente al abuso sexual, aunque identificó diferencias asociadas con las características y condiciones de implementación de las intervenciones (Erk & Sanberk, 2026).
En Ayacucho, los antecedentes disponibles han identificado condiciones personales, familiares y sociales relacionadas con la violencia sexual en adolescentes atendidos en servicios especializados, evidenciando la complejidad del fenómeno en el territorio (Angulo & Taipe, 2019). Sin embargo, permanece limitada la evidencia longitudinal que examine conjuntamente la evolución de los casos registrados y las acciones preventivas desarrolladas durante un periodo amplio. Esta brecha sustenta la necesidad de analizar ambas variables en Ayacucho durante 2015–2024, considerando niños y adolescentes de 6–11 y 12–17 años y su distribución según sexo.
El objetivo del estudio fue analizar la relación entre la violencia sexual y acciones preventivas en niños y adolescentes de Ayacucho, Perú, además de identificar los casos según sexo y grupos etarios, describir su evolución temporal y determinar la asociación estadística con las acciones preventivas.
MATERIALES Y MÉTODOS
Se desarrolló una investigación básica, de enfoque cuantitativo y diseño no experimental, longitudinal y correlacional, orientada a analizar la relación entre la violencia sexual y las acciones preventivas dirigidas a niños y adolescentes en Ayacucho durante 2015–2024. El carácter no experimental respondió a la ausencia de manipulación deliberada de las variables, mientras que la perspectiva longitudinal permitió examinar su comportamiento a través de diez años consecutivos. El alcance correlacional permitió establecer la dirección y magnitud de la asociación entre las variables, sin atribuir relaciones causales a los resultados observados (McLinden, 2019; Murphy et al., 2020).
Se analizaron dos variables: violencia sexual y acciones preventivas. La violencia sexual se operacionalizó mediante el número de casos registrados anualmente, desagregados por sexo y grupos etarios de 6–11 y 12–17 años, de acuerdo con las categorías utilizadas por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP). Las acciones preventivas se operacionalizaron mediante el número de intervenciones preventivas registradas anualmente por los servicios correspondientes. Para el análisis longitudinal, ambas variables fueron expresadas como frecuencias anuales, permitiendo comparar su comportamiento temporal y determinar su asociación estadística.
La unidad de análisis estuvo constituida por los registros administrativos agregados correspondientes a casos de violencia sexual y acciones preventivas dirigidas a niños y adolescentes en la región Ayacucho. La información fue obtenida de fuentes oficiales del MIMP, particularmente de los registros estadísticos de los Centros de Emergencia Mujer (CEM) y de la Plataforma Nacional de Datos Abiertos. Se consideró el periodo comprendido entre enero de 2015 y diciembre de 2024, con inclusión de los registros correspondientes a niños y adolescentes de 6–17 años.
La población estuvo conformada por la totalidad de registros disponibles sobre violencia sexual y acciones preventivas correspondientes a niños y adolescentes de Ayacucho durante el periodo estudiado. Debido a que se analizaron todos los registros que cumplieron los criterios establecidos, no se efectuó cálculo probabilístico del tamaño muestral. Se utilizó, por tanto, un censo de registros disponibles, evitando atribuir a la muestra características propias de un muestreo probabilístico. Se incluyeron registros correspondientes a Ayacucho, comprendidos entre 2015 y 2024, relacionados con niños y adolescentes de 6–17 años y clasificados institucionalmente como casos de violencia sexual o acciones preventivas. Se excluyeron registros duplicados, aquellos que no permitieron identificar el año de ocurrencia o registro y los que se encontraron fuera del rango etario establecido. Las categorías de edad de 6–11 y 12–17 años fueron conservadas debido a que corresponden a la clasificación utilizada por los registros institucionales analizados.
Se empleó el análisis documental como técnica de recopilación de información secundaria. El instrumento fue una ficha de registro documental diseñada para sistematizar las variables de estudio y organizar la información según año, sexo, grupo etario, número de casos de violencia sexual y número de acciones preventivas. La ficha permitió transformar los registros institucionales en una matriz cuantitativa homogénea para el procesamiento estadístico.
La ficha fue sometida a juicio de expertos para valorar la pertinencia, claridad, coherencia y suficiencia de las categorías utilizadas para la extracción de datos. Este procedimiento se orientó a garantizar la correspondencia entre los objetivos, las variables y los campos seleccionados para el análisis. No se aplicaron pruebas de confiabilidad psicométrica, debido a que el instrumento no constituyó una escala de medición aplicada a participantes, sino una ficha destinada a sistematizar información administrativa secundaria.
Se identificaron las fuentes oficiales del MIMP correspondientes al periodo 2015–2024 y, posteriormente, se revisaron las categorías y estructuras de los registros disponibles, seleccionándose los campos relacionados con violencia sexual, sexo, grupo etario, año y acciones preventivas. La información fue depurada para eliminar registros que no cumplían los criterios establecidos y posteriormente se organizó en una matriz de datos.
La base consolidada fue sometida a revisión de consistencia, verificando la correspondencia entre los años registrados, las categorías etarias, el sexo y los valores correspondientes a cada variable. Finalmente, los datos fueron codificados y procesados estadísticamente, manteniendo la estructura original de las fuentes oficiales y evitando modificaciones que alteraran los registros administrativos.
El procesamiento de los datos se realizó mediante IBM SPSS Statistics versión 25. Inicialmente se efectuó un análisis descriptivo mediante frecuencias absolutas y relativas, con el propósito de caracterizar los casos de violencia sexual según sexo y grupo etario y describir la evolución anual de las acciones preventivas. Asimismo, se calcularon las variaciones observadas durante el periodo 2015–2024. Para el análisis inferencial se empleó el coeficiente de correlación de rangos de Spearman (ρ), debido a la naturaleza no paramétrica de las series analizadas y al objetivo de determinar la asociación entre el número de casos de violencia sexual y las acciones preventivas registradas anualmente. La interpretación consideró el signo y la magnitud del coeficiente, mientras que la significancia estadística se estableció en p < 0,05. Los resultados se presentaron mediante tablas y representaciones gráficas para facilitar la interpretación de las tendencias temporales y de la relación entre las variables.
Aspectos éticos: El estudio utilizó exclusivamente información secundaria procedente de fuentes oficiales y de acceso público. No se estableció contacto con niños, adolescentes, familiares, víctimas ni otros participantes, ni se accedió a información personal individualizada. Los datos fueron analizados en forma agregada, respetando los principios de confidencialidad, privacidad, integridad científica y uso responsable de la información. El tratamiento de los datos se efectuó con fines estrictamente académicos y científicos, sin modificar los registros originales ni introducir información ajena a las fuentes consultadas. Asimismo, se respetaron las disposiciones aplicables de la legislación peruana sobre protección de datos personales y los principios de integridad científica. Las fuentes institucionales fueron identificadas y citadas conforme a las normas APA, séptima edición, garantizando la trazabilidad de la información utilizada.
RESULTADOS
La Figura 1 permitió describir la evolución temporal de los casos de violencia sexual atendidos por el Centro de Emergencia Mujer y Familia en la región Ayacucho, diferenciados por sexo, durante el periodo 2015–2024. Se observó una tendencia general ascendente en la atención de casos en ambos sexos, con variaciones interanuales que no alteraron el patrón global de crecimiento a lo largo del periodo analizado. Desde el inicio hasta el final del periodo, los registros correspondientes al sexo femenino se mantuvieron consistentemente por encima de los del sexo masculino, evidenciando una distribución desigual de los casos atendidos según sexo. Esta diferencia fue sostenida en el tiempo y mostró una ampliación progresiva conforme avanzaron los años del estudio.
Figura 1. Casos atendidos en el Centro de Emergencia Mujer y Familia, según sexo por año.
Asimismo, la figura evidenció una disminución relativa en la atención de casos durante el año 2020, seguida de un incremento posterior a partir de 2021, lo que reflejó una recuperación del volumen de casos atendidos en los años siguientes. Este comportamiento temporal fue similar en ambos sexos, aunque manteniendo la brecha previamente descrita.
La Figura 2 muestra la evolución de los casos atendidos por el Centro de Emergencia Mujer y Familia según grupo etáreo, durante el periodo 2015–2024. Se puede observar que ambos grupos etarios, 6–11 años y 12–17 años, presentaron una tendencia creciente en el número de casos atendidos a lo largo del tiempo, con un incremento más pronunciado en el grupo de 12 a 17 años. En términos absolutos, los casos en el grupo de 12 a 17 años fueron consistentemente superiores a los de 6 a 11 años, reflejando una mayor prevalencia de violencia sexual en adolescentes. La brecha entre ambos grupos se fue ampliando progresivamente, destacándose en años como 2017, 2018 y 2019, donde el incremento de casos en adolescentes de 12 a 17 años fue más acentuado.
Figura 2. Casos atendidos en el Centro de Emergencia Mujer y Familia, según grupo etáreo por año.
Aunque en el año 2020, debido a las restricciones impuestas por la pandemia de COVID-19, se observó una disminución notable en el número de casos, especialmente en el grupo de 6 a 11 años, a partir de 2021 los casos comenzaron a recuperarse. Los años 2022 y 2023 destacaron por la alta incidencia de casos, alcanzando sus niveles más altos al final del periodo de estudio. La tendencia creciente y el comportamiento dispar entre ambos grupos etarios permitieron observar que los adolescentes de 12 a 17 años fueron el grupo más afectado por la violencia sexual en la región Ayacucho durante el periodo 2015–2024, consolidando este grupo como el principal foco de atención del Centro de Emergencia Mujer y Familia.
La Figura 3 evidenció una tendencia general ascendente en el número de acciones preventivas desarrolladas por el Centro de Emergencia Mujer y Familia a lo largo del periodo de estudio. Desde los primeros años se observa un crecimiento progresivo, lo que sugiere un fortalecimiento paulatino de las estrategias de prevención frente a la violencia sexual. El incremento se vuelve más marcado a partir de 2018, alcanzando un punto de expansión significativa en 2019, año que destaca por una intensificación notable de las acciones preventivas. Durante el año 2020 se apreció una reducción considerable en las acciones preventivas, situación que coincide con el contexto de emergencia sanitaria por la COVID-19. No obstante, a partir de 2021 se observa una recuperación sostenida, con niveles que vuelven a incrementarse en los años siguientes, alcanzando valores elevados hacia el final del periodo analizado.
Figua 3. Casos atendidos en el Centro de Emergencia Mujer y Familia, según la violencia sexual por año.
La Tabla 1 mostró que la relación entre la violencia sexual y las acciones preventivas fue positiva y estadísticamente significativa durante el periodo analizado. El coeficiente de correlación ordinal de Spearman alcanzó un valor elevado (ρ = 0,82), lo que indicó una asociación fuerte entre ambas variables. Este resultado evidenció que, conforme aumentaron los casos de violencia sexual registrados anualmente, también se incrementó el número de acciones preventivas implementadas. El análisis se realizó considerando diez pares de observaciones correspondientes a los años del periodo de estudio, lo que permitió evaluar la consistencia temporal de la relación. El valor de significancia estadística obtenido (p = 0,014) fue inferior al umbral establecido (p < 0,05), confirmando que la correlación observada fue significativamente diferente de cero y no atribuible al azar.
Tabla 1. Correlación ordinal de Spearman.
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Violencia sexual |
Acciones preventivas |
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Violencia sexual |
0,82* (10)** 0,014*** |
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Acciones preventivas |
0,82* (10)** 0,014*** |
DISCUSIÓN
Los resultados obtenidos sobre la identificación del número de casos atendidos por sexo y grupos etarios de 6 a 11 y 12 a 17 años evidenciaron una tendencia creciente de los casos de violencia sexual y patrones diferenciados según sexo y edad. Este comportamiento fue metodológicamente congruente con el análisis de datos secundarios oficiales y con el enfoque cuantitativo empleado (Kumbhar, 2022). Estos resultados coinciden con Roman et al. (2023), quienes, a partir de 6 929 registros del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables del Perú, identificaron diferencias estadísticamente significativas en la distribución de las víctimas según sexo y edad, confirmando que ambas características constituyen elementos relevantes para comprender la ocurrencia de la violencia sexual en población infantil y adolescente.
Desde el punto de vista analítico, la mayor concentración de casos en el sexo femenino evidenció una afectación diferenciada por sexo, lo que reflejó una mayor vulnerabilidad de niñas y adolescentes frente a la violencia sexual. Este resultado coincide parcialmente con Wang (2024), quien, mediante una revisión sistemática y metaanálisis de 70 estudios sobre explotación y abuso sexual infantil en contextos escolares, identificó una elevada presencia del fenómeno, aunque no encontró diferencias estadísticamente significativas según género en la prevalencia global.
Al contrastar estos hallazgos con la literatura previa, los resultados coincidieron con estudios que señalaron que la violencia sexual en población infantil y adolescente afecta de manera desproporcionada al sexo femenino, especialmente en contextos de desigualdad estructural y limitada protección social (Stockman et al., 2023). Investigaciones realizadas en contextos latinoamericanos reportaron patrones similares, donde la atención de casos en niñas supera ampliamente a la de niños, manteniéndose esta brecha incluso en periodos de crisis social o sanitaria (DeGue et al., 2014).
Asimismo, la disminución temporal observada durante el periodo de la pandemia fue consistente con lo reportado por otros autores, quienes señalaron que las restricciones de movilidad y el cierre parcial de servicios presenciales redujeron la detección y denuncia formal de casos, sin que ello implicara necesariamente una reducción real de la violencia sexual (Murphy et al., 2020). El incremento posterior fue interpretado, en la literatura, como un efecto de reapertura institucional y fortalecimiento progresivo de los canales de atención y denuncia.
Desde una perspectiva crítica, los resultados sugirieron que el aumento sostenido de casos atendidos no solo reflejó la persistencia del problema, sino también una mayor visibilidad institucional de la violencia sexual, lo que planteó implicaciones relevantes para la planificación de acciones preventivas y políticas públicas. En este sentido, el estudio aportó evidencia empírica contextualizada para la región Ayacucho, contribuyendo al cuerpo de conocimiento sobre violencia sexual infantil y adolescente desde un enfoque cuantitativo basado en registros oficiales.
En términos de relevancia científica, los hallazgos reforzaron la necesidad de analizar la violencia sexual no solo como un evento individual, sino como un fenómeno social con patrones temporales y diferenciales por sexo, lo cual resulta fundamental para el diseño de intervenciones preventivas más focalizadas y sostenidas en el tiempo.
Asimismo, la tendencia creciente en el número de casos atendidos, especialmente en el grupo de 12 a 17 años, evidenció la persistencia de la violencia sexual y una mayor concentración del fenómeno durante la adolescencia. Este hallazgo guarda correspondencia con Woolweaver et al. (2024), quienes, mediante una revisión sistemática de estudios desarrollados en contextos escolares, identificaron una asociación consistente entre la victimización por violencia sexual y diversas consecuencias adversas durante la adolescencia, incluidas afectaciones académicas y sociales. En este sentido, la mayor frecuencia observada en adolescentes de Ayacucho refuerza la necesidad de considerar esta etapa del desarrollo como un periodo prioritario para la identificación temprana y el fortalecimiento de las medidas preventivas.
El hallazgo de que el grupo de 12 a 17 años presentó una mayor concentración de casos se alinea con estudios previos que han documentado que la adolescencia es una etapa particularmente vulnerable para la victimización sexual. Investigaciones anteriores han mostrado que los adolescentes experimentan una mayor exposición a situaciones de abuso, tanto en entornos escolares como familiares, debido a factores relacionados con el desarrollo emocional, social y las dinámicas de poder en estas edades (Stockman et al., 2023). Este patrón de mayor prevalencia en adolescentes es consistente con los hallazgos obtenidos en contextos similares (DeGue et al., 2014; Celik, 2024), lo que refuerza la relevancia de este grupo etáreo en las políticas públicas y programas de prevención.
En cuanto a la disminución observada en 2020, se puede atribuir, en parte, a las restricciones impuestas por la pandemia de COVID-19, que afectaron no solo la denuncia de casos, sino también la disponibilidad de servicios de atención directa. Este fenómeno ha sido ampliamente documentado en la literatura, donde se señala que las restricciones de movilidad y la reducción de las actividades presenciales condujeron a una disminución temporal en los reportes de violencia sexual, sin que ello necesariamente reflejara una reducción real de los casos (Murphy et al., 2020). Sin embargo, la recuperación progresiva de los casos a partir de 2021 indica que, a medida que los servicios se reactivaron, se empezó a visibilizar nuevamente la magnitud del problema.
Los resultados obtenidos sugieren que la violencia sexual en niños y adolescentes sigue siendo una preocupación estructural en la región, con un foco principal en los adolescentes. Este fenómeno demanda acciones preventivas más específicas y adaptadas a la realidad de este grupo etáreo, con enfoques educativos y de sensibilización que aborden no solo la prevención, sino también la identificación temprana y la respuesta inmediata ante estos casos. La alta prevalencia en adolescentes también pone de manifiesto la necesidad de estrategias integrales que involucren a la comunidad, las familias y las instituciones educativas, en un esfuerzo colaborativo para abordar de manera efectiva este problema social.
Los hallazgos del estudio coinciden con lo reportado por otros autores en contextos similares, quienes han señalado que la adolescencia es un período crítico en el que los jóvenes, particularmente las mujeres, enfrentan una alta vulnerabilidad a la violencia sexual. Además, el aumento de la visibilidad de los casos tras la pandemia subraya la importancia de fortalecer las redes de apoyo institucional y garantizar la continuidad de los servicios de atención, especialmente en momentos de crisis sanitaria o social. En términos de implicaciones prácticas, los resultados sugieren que las políticas públicas deben poner un énfasis especial en la adolescencia, con programas de prevención específicos que se adapten a las características y necesidades de este grupo, y que cuenten con estrategias de sensibilización comunitaria y fortalecimiento de las capacidades de denuncia.
En cuanto a la descripción del número de casos atendidos por violencia sexual, la evolución creciente de las acciones preventivas evidenció que la respuesta institucional incorporó progresivamente componentes orientados no solo a la atención, sino también a la prevención del riesgo. Este comportamiento resulta consistente con Celik (2024), quien, mediante una revisión sistemática de programas escolares de prevención del abuso sexual infantil, identificó efectos favorables sobre los conocimientos, habilidades, confianza y capacidad de reconocimiento de situaciones potencialmente abusivas. En este sentido, el incremento sostenido de las acciones preventivas observado en Ayacucho, particularmente durante los años previos a la pandemia, puede interpretarse como expresión de una mayor incorporación de la prevención en la respuesta institucional frente a la violencia sexual. No obstante, este resultado debe interpretarse con cautela, debido a que el aumento de las acciones preventivas no permite inferir por sí mismo una reducción de la incidencia de los casos registrados.
La disminución observada durante 2020 puede interpretarse en el contexto de las restricciones de movilidad, el cierre de instituciones educativas y la interrupción de mecanismos presenciales de detección y notificación. Esta interpretación coincide con Carsley et al. (2024), quienes, mediante una revisión paraguas de 11 revisiones, identificaron una disminución de los registros administrativos de violencia y abuso infantil durante la pandemia, asociada principalmente con la reducción de contactos con servicios y la interrupción de los mecanismos habituales de notificación. En consecuencia, la reducción registrada en Ayacucho durante 2020 no necesariamente representa una disminución real de la ocurrencia de violencia sexual, sino que podría reflejar limitaciones temporales en su identificación, atención y registro institucional.
La recuperación posterior y el incremento de las acciones preventivas a partir de 2021 evidencian una capacidad de adaptación institucional, mediante la reactivación de actividades presenciales y, posiblemente, la incorporación de modalidades alternativas de intervención. Este comportamiento refuerza la idea de que la prevención constituye un eje estratégico sostenido en el tiempo, incluso en contextos adversos. Desde una perspectiva crítica, aunque el aumento de acciones preventivas es un indicador positivo, los resultados plantean la necesidad de evaluar su efectividad real en la reducción de los casos de violencia sexual. La coexistencia de un elevado número de acciones preventivas con un aumento sostenido de casos atendidos, especialmente en adolescentes, sugiere que la prevención debe ser más focalizada, contextualizada y articulada con otros sectores como educación, salud y justicia.
En términos de implicancias prácticas, los hallazgos destacan la importancia de fortalecer la calidad y el alcance de las acciones preventivas, priorizando enfoques diferenciados por grupo etario, territorio y contexto sociocultural. Asimismo, se evidencia la necesidad de contar con sistemas de monitoreo y evaluación que permitan valorar no solo la cantidad, sino también el impacto de dichas acciones en la reducción efectiva de la violencia sexual.
Finalmente, la determinación de la relación entre la violencia sexual y el número de acciones preventivas evidenció una correlación positiva y estadísticamente significativa entre ambas variables (ρ = 0,818; p = 0,014). Este resultado indicó que los años con mayor número de casos registrados también tendieron a presentar una mayor cantidad de acciones preventivas, lo que podría reflejar una respuesta institucional vinculada con la magnitud del fenómeno identificado. Este comportamiento resulta compatible con Bacchus et al. (2024), quienes, a partir de una revisión sistemática de intervenciones dirigidas a prevenir o responder a la violencia contra niños, destacaron la importancia de articular acciones preventivas y mecanismos de respuesta frente a los factores asociados con la violencia. En el presente estudio, la asociación observada no permite establecer causalidad, debido al carácter no experimental y longitudinal del diseño, por lo que el incremento de las acciones preventivas no debe interpretarse como consecuencia directa del aumento de casos. La significancia estadística del coeficiente respalda, en cambio, la existencia de una relación consistente entre las tendencias anuales de ambas variables.
En términos comparativos, los hallazgos coincidieron con lo señalado por Celik (2024), quienes evidenciaron que en contextos donde los sistemas de protección social registran incrementos sostenidos de violencia sexual, las acciones preventivas tienden a intensificarse como respuesta institucional, especialmente en el ámbito educativo y comunitario. De manera similar, estudios recientes en América Latina han reportado que el fortalecimiento de campañas, talleres y estrategias de sensibilización suele ocurrir de forma paralela al aumento de denuncias y registros formales, más que como una medida anticipatoria (Stockman et al., 2023).
No obstante, desde una lectura crítica, la elevada correlación observada no implica necesariamente que las acciones preventivas hayan reducido la incidencia de la violencia sexual. La asociación identificada podría reflejar que la intensificación de las intervenciones institucionales ocurrió paralelamente al incremento de los casos registrados, por lo que resulta necesario considerar su oportunidad, cobertura y capacidad efectiva para modificar el fenómeno. Esta interpretación adquiere relevancia frente a lo señalado por Curry & Letourneau (2024), quienes, mediante una revisión sistemática de intervenciones orientadas a prevenir la perpetración del abuso sexual infantil, identificaron una evidencia todavía limitada y restricciones metodológicas que dificultan establecer conclusiones sólidas sobre su efectividad. En consecuencia, el incremento de las acciones preventivas registrado en Ayacucho debe interpretarse como evidencia de actividad institucional, pero no como prueba de eficacia preventiva, lo que plantea la necesidad de evaluar resultados, cobertura y oportunidad de las intervenciones.
Desde una perspectiva externa, el estudio aportó evidencia empírica al debate sobre la respuesta preventiva frente a la violencia sexual en contextos regionales caracterizados por condiciones diferenciadas de vulnerabilidad. A diferencia de investigaciones centradas principalmente en la evaluación puntual de programas preventivos, este estudio examinó longitudinalmente registros oficiales, permitiendo caracterizar la evolución temporal de los casos atendidos y de las acciones institucionales desarrolladas. En este sentido, los hallazgos respaldan la conveniencia de fortalecer estrategias de prevención primaria basadas en educación sistemática, planificación anticipada y desarrollo de factores protectores. Esta orientación coincide con Russell et al. (2025), quienes, mediante una revisión sistemática de 20 estudios, identificaron resultados favorables en buena parte de las intervenciones de prevención primaria dirigidas a niños y jóvenes, aunque señalaron que su efectividad depende de las características de implementación y del vínculo de los estudiantes con la escuela.
En conjunto, la discusión evidenció que la relación identificada entre violencia sexual y acciones preventivas no solo fue estadísticamente significativa, sino también relevante para la formulación de políticas públicas, al poner de manifiesto las limitaciones estructurales de la prevención cuando esta se activa principalmente en función del aumento de casos y no como una estrategia sostenida de reducción del riesgo.
CONCLUSIONES
Se evidenció un incremento sostenido de los casos de violencia sexual a lo largo del periodo analizado en ambos sexos; sin embargo, la afectación fue consistentemente mayor en mujeres y en el grupo etáreo de 12 a 17 años, lo que confirmó su mayor condición de vulnerabilidad y la necesidad urgente de implementar estrategias preventivas específicas y focalizadas. Se identificó una tendencia sostenida al aumento de las acciones preventivas durante el periodo de estudio, lo que evidenció un fortalecimiento progresivo de las intervenciones institucionales orientadas a la reducción de riesgos y a la promoción de entornos protectores para la población infantil y adolescente. La correlación muy alta entre la violencia sexual y las acciones preventivas indicó una relación estrecha y consistente entre ambas variables, lo que puso de manifiesto que el incremento de los esfuerzos preventivos se encontró directamente asociado a la dinámica de los casos registrados, reflejando un patrón de respuesta institucional frente al aumento de la incidencia.
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Conflicto de intereses
La autora declara no tener ningún conflicto de intereses.
Declaración de responsabilidad de autoría
La autoradel manuscrito señalado, DECLARA que ha contribuido directamente a su contenido intelectual, así como a la génesis y análisis de sus datos. Además, ha cumplido los requisitos éticos de la publicación mencionada, habiendo consultado la Declaración de Ética y mala praxis en la publicación.
Betty Elizabeth Pérez Tipacti: Proceso de revisión de literatura y redacción del artículo.