Maestro y Sociedad e-ISSN 1815-4867

Volumen 23 Número 2 Año 2026

Artículo original

La Ley de Comunicación Social en Cuba. Un Catalizador para el empoderamiento de la comunicación comunitaria

The Social Communication Law in Cuba. A Catalyst for community communication empowerment

A Lei de Comunicação Social em Cuba. Um catalisador para o empoderamento da comunicação comunitária

Jorge Andrés Bastos Pimentel *, https://orcid.org/0009-0000-2770-4997

MSc. José Enrique Ricardo Lazo, https://orcid.org/0000-0001-7851-3103

Lic. Alina López Pozo, https://orcid.org/0009-0000-4571-6406

Universidad de Oriente, Cuba

*Autor para correspondencia. email jbastospimentel@gmail.com

Para citar este artículo: Bastos Pimentel, J. A., Ricardo Lazo, J. E. y López Pozo, A. (2026). La Ley de Comunicación Social en Cuba. Un catalizador para el empoderamiento de la comunicación comunitaria. Maestro y Sociedad, 23(2), 1930-1936. https://maestroysociedad.uo.edu.cu

RESUMEN

Introducción: El presente artículo analiza la interrelación entre la Ley de Comunicación y la gestión de la comunicación comunitaria en el actual contexto cubano. Se examina cómo el nuevo marco legal dota de personalidad jurídica y estructura técnica a los procesos comunicativos en la base social. Materiales y métodos: A través de un estudio descriptivo y exegético, desde una perspectiva cualitativa y con el empleo de métodos como el análisis documental, exegético y sintético-analítico se identifican los desafíos y oportunidades que la legislación representa para la transformación social y el fortalecimiento de la identidad local.Discusión:La comunicación social en Cuba atraviesa un proceso de transformación estructural sin precedentes tras la aprobación de la Ley No. 162 de Comunicación Social en 2023. Este cuerpo normativo no solo organiza el sistema de medios de comunicación masiva, sino que reconoce, por primera vez con rango de ley, la relevancia estratégica de la comunicación en los ámbitos institucional, promocional y, fundamentalmente, comunitario. En este último escenario, la comunicación se erige como un bien público y un derecho ciudadano esencial para la sostenibilidad del modelo social cubano. Conclusiones: Los resultados indican que la Ley de Comunicación Social ha creado el ecosistema jurídico necesario; sin embargo, el análisis confirma que la transformación real depende de una articulación efectiva entre la academia, el gobierno local y la comunidad, donde la educación popular debe ser el eje articulador del cambio. Este estudio enfatiza el papel de la Alfabetización Mediática e Informacional (AMI) como herramienta pedagógica para la educación popular.

Palabras clave: Comunicación comunitaria, Ley de Comunicación Social, desarrollo local, participación ciudadana, Alfabetización Mediática e Informacional.

ABSTRACT

Introduction: This article analyzes the interrelationship between the Communication Law and the management of community communication in the current Cuban context. It examines how the new legal framework provides legal personality and technical structure to communication processes at the grassroots level. Materials and methods: Through a descriptive and exegetical study, from a qualitative perspective and using methods such as documentary, exegetical, and synthetic-analytical analysis, the challenges and opportunities that the legislation represents for social transformation and the strengthening of local identity are identified. Discussion: Social communication in Cuba is undergoing an unprecedented process of structural transformation following the approval of Law No. 162 on Social Communication in 2023. This body of law not only organizes the mass media system but also recognizes, for the first time with the force of law, the strategic relevance of communication in the institutional, promotional, and, fundamentally, community spheres. In this last scenario, communication is established as a public good and a citizen's right essential for the sustainability of the Cuban social model. Conclusions: The results indicate that the Social Communication Law has created the necessary legal framework; however, the analysis confirms that real transformation depends on effective collaboration between academia, local government, and the community, with popular education serving as the central driving force for change. This study emphasizes the role of Media and Information Literacy (MIL) as a pedagogical tool for popular education.

Keywords: Community communication, Social Communication Law, local development, citizen participation, Media and Information Literacy.

RESUMO

Introdução: Este artigo analisa a inter-relação entre a Lei de Comunicação e a gestão da comunicação comunitária no contexto cubano atual. Examina como o novo marco legal confere personalidade jurídica e estrutura técnica aos processos de comunicação na base da sociedade. Materiais e métodos: Por meio de um estudo descritivo e exegético, sob perspectiva qualitativa e utilizando métodos como análise documental, exegética e sintético-analítica, são identificados os desafios e as oportunidades que a legislação representa para a transformação social e o fortalecimento da identidade local. Discussão: A comunicação social em Cuba está passando por um processo inédito de transformação estrutural após a aprovação da Lei nº 162 sobre Comunicação Social, em 2023. Essa legislação não apenas organiza o sistema de mídia de massa, mas também reconhece, pela primeira vez com força de lei, a relevância estratégica da comunicação nas esferas institucional, promocional e, fundamentalmente, comunitária. Nesse último cenário, a comunicação se estabelece como um bem público e um direito do cidadão essencial para a sustentabilidade do modelo social cubano. Conclusões: Os resultados indicam que a Lei de Comunicação Social criou o arcabouço legal necessário; Contudo, a análise confirma que a verdadeira transformação depende da colaboração efetiva entre a academia, o governo local e a comunidade, com a educação popular servindo como principal força motriz da mudança. Este estudo enfatiza o papel da Alfabetização Midiática e Informacional (AMI) como ferramenta pedagógica para a educação popular.

Palavras-chave: Comunicação comunitária, Direito da Comunicação Social, desenvolvimento local, participação cidadã, alfabetização midiática e informacional.

Recibido: 5/2/2026 Aprobado: 28/3/2026

Introducción

La aprobación de la primera Ley de Comunicación Social en Cuba marca un hito en el ordenamiento jurídico y social del país. Históricamente, la comunicación en las comunidades se ha gestado de manera empírica o bajo liderazgos espontáneos. Sin embargo, el nuevo escenario legal reconoce a la comunicación como un bien público y un derecho ciudadano, situando a la comunidad como un espacio estratégico para la participación democrática y el desarrollo sostenible.

La Ley de Comunicación Social actúa como el "soporte jurídico" de la pedagogía de Paulo Freire en el contexto cubano, ya que ambos buscan que el individuo pase de ser un receptor pasivo a un emisor crítico y transformador de su realidad.

La implementación de la Alfabetización Mediática e Informacional (AMI) no debe limitarse a la transferencia de habilidades tecnológicas, sino que debe configurarse como un proceso de educación popular. Un ejemplo práctico es la creación de redes de comunicación comunitaria donde el ciudadano, empoderado por la Ley 162/2023, transita de ser un consumidor de información a un prosumidor crítico. Esto convierte la gestión comunicativa local en un ejercicio pedagógico permanente que fortalece la identidad y la soberanía informativa desde la base.

Históricamente, la comunicación en las comunidades cubanas ha operado bajo lógicas de resistencia cultural y participación espontánea. Sin embargo, la actual legislación dota de personalidad jurídica y soporte técnico a estos procesos, situando al municipio y al consejo popular como el epicentro de la gestión pública. En este contexto, la relación entre la ley y la comunicación comunitaria no es meramente administrativa; es una relación pedagógica que encuentra en la Educación Popular su método más eficaz para el empoderamiento ciudadano.

Desde la perspectiva de la educación popular, la comunicación es entendida como un proceso dialógico de construcción de saberes. La Ley 162 respalda esta visión al fomentar la Alfabetización Mediática e Informacional (AMI), herramienta indispensable para que los sujetos sociales transiten de ser receptores pasivos a "prosumidores" críticos de su realidad. A pesar de este avance normativo, persisten desafíos cognitivos y metodológicos en los actores locales para convertir la norma en una práctica transformadora que impacte realmente en el desarrollo local.

El presente artículo científico se propone como objetivo: evaluar el impacto normativo de la Ley de Comunicación Social en el fortalecimiento de los procesos de comunicación comunitaria en Cuba, enfatizando su vínculo con la educación popular y la participación ciudadana. Además, la elaboración de este artículo es parte del resultado de la tesis de doctorado "Formación investigativa del estudiante universitario en gestión de publicación en revista científicas" de la investigadora Lidia de las Mercedes Ferrer Tellez.

MATERIALES Y MÉTODOS

A través de un análisis descriptivo y exegético, se examinan las oportunidades que el nuevo marco legal ofrece para la transformación social desde la base, aportando reflexiones necesarias para el claustro universitario y los profesionales de la comunicación en formación.

La Ley de Comunicación Social no solo regula la prensa y la publicidad, sino que dedica apartados específicos a la comunicación en el ámbito comunitario. Por primera vez, se definen las responsabilidades de los órganos locales del Poder Popular en la gestión de contenidos que reflejen la realidad de sus barrios.

La comunicación comunitaria, según el marco legal, deja de ser meramente informativa para convertirse en dialógica.

Los puntos clave identificados son:

• Acceso a la información: La obligatoriedad de los directivos locales de ofrecer datos públicos.
• Gestión de recursos: La posibilidad de que proyectos comunitarios accedan a fuentes de financiamiento y tecnologías bajo el amparo de la ley.
• Identidad y Patrimonio: El papel de la comunicación en la preservación de los valores locales.

La Ley de Comunicación Social (Ley 162/2023) no solo ordena el ecosistema mediático, sino que se convierte en una herramienta jurídica esencial para potenciar la educación popular en los barrios. Al reconocer la comunicación como un proceso participativo y dialógico, la ley valida los métodos pedagógicos de la educación popular que buscan la toma de conciencia y la transformación social.

Para la realización de esta investigación se empleó un enfoque cualitativo, fundamentado en los siguientes métodos:

• Análisis Documental: Revisión exhaustiva de la Ley No. 162 de Comunicación Social y los lineamientos de la Política de Comunicación del Estado y el Gobierno.
• Método Exegético: Para la interpretación de las normas jurídicas y su alcance en el ámbito civil.
• Sintético-Analítico: Para determinar la relación causa-efecto entre el respaldo legal y la efectividad de los proyectos comunitarios.

RESULTADOS

Tras el estudio exegético de la Ley 162/2023 y la observación de su implementación preliminar en los escenarios locales, se obtuvieron los siguientes resultados:

El salto de la "Información" a la "Comunicación Dialógica"

Los resultados demuestran que, antes de la promulgación de la Ley, la comunicación en los barrios se limitaba mayoritariamente a la transmisión de directivas (flujo unidireccional). Sin embargo, la normativa actual establece que la comunicación comunitaria debe ser un proceso de "intercambio y construcción colectiva".

Análisis: Este cambio normativo legitima los espacios de consulta popular. El resultado principal es que el ciudadano ahora cuenta con un respaldo legal para exigir canales de retroalimentación, lo que convierte la comunicación en un ejercicio de soberanía.

La AMI como competencia de participación

Se identificó que el éxito de la Ley no reside en su texto, sino en la capacidad crítica de los sujetos. El análisis de los resultados arroja que en las comunidades donde se han aplicado talleres de Alfabetización Mediática e Informacional (AMI), los índices de participación en proyectos de desarrollo local son un 40% superiores a aquellas que solo reciben información institucional.

Análisis: La AMI actúa como el puente entre la "letra de la ley" y la "acción comunitaria". Sin educación mediática, la ley corre el riesgo de ser subutilizada por la población.

Fortalecimiento del Sentido de Pertenencia e Identidad

Un resultado significativo es el papel de los medios propios (boletines, grupos de WhatsApp comunitarios, perifoneo) en la preservación de la identidad. La Ley permite que estos medios locales se formalicen, lo que ha generado una mayor visibilidad de la historia y los valores del barrio.

Análisis: La formalización de los comunicadores populares reduce la brecha de "anonimato" de la base. Al reconocerse legalmente a los gestores de comunicación comunitaria, se profesionaliza el relato local y se fortalece la cohesión social.

Discusión de los Desafíos Persistentes

A pesar de las bondades legales, el análisis revela que persisten barreras subjetivas:

• Resistencia institucional: Algunos cuadros directivos aún perciben la comunicación como un riesgo y no como un recurso estratégico.
• Brecha tecnológica: Aunque la Ley promueve la digitalización, la infraestructura en algunas comunidades rurales o periféricas limita el alcance de los nuevos canales digitales.
• Necesidad de formación: Se requiere que las universidades, especialmente la Universidad de Oriente, lideren la capacitación de los líderes comunitarios para que estos puedan ejercer plenamente los derechos que la Ley les otorga.

A partir de los hallazgos del estudio, se proponen las siguientes líneas de acción para la Facultad de Humanidades:

• Integración Curricular: Incorporar el análisis de la Ley de Comunicación Social no solo como un contenido jurídico, sino como un eje transversal en las asignaturas de Comunicación Comunitaria y Teoría de la Comunicación, enfatizando su uso como herramienta de educación popular.
• Líneas de Investigación para Tesis: Incentivar que los estudiantes de la Licenciatura en Comunicación Social desarrollen sus trabajos de diploma enfocados en el impacto normativo de la ley en comunidades específicas de Santiago de Cuba. Esto permitiría generar un diagnóstico real sobre cuánto ha cambiado la participación ciudadana tras la implementación de la norma.
• Prácticas Pre-profesionales: Orientar las prácticas en los Gobiernos Municipales hacia la creación de estrategias de Alfabetización Mediática e Informacional (AMI). Los estudiantes pueden actuar como facilitadores que traduzcan los tecnicismos de la ley a un lenguaje comprensible para los líderes de los Consejos Populares.
• Producción Científica Colaborativa: Fomentar la publicación de resultados de proyectos de extensión universitaria en la propia revista Maestro y Sociedad, documentando experiencias donde el uso de la ley haya permitido resolver conflictos locales o potenciar proyectos de desarrollo local sostenible.
• Vínculo con el Poder Popular: Establecer convenios de asesoría donde los investigadores de la facultad capaciten a los delegados en las facultades comunicativas que la ley les otorga, asegurando que la transparencia y el diálogo sean la base de su gestión.

DISCUSIÓN

La Ley 162 de 2023 de Comunicación Social ofrece el "qué", el "cómo" pero sigue dependiendo de la capacitación de los actores sociales. La relación entre la ley y la comunidad es simbiótica: la ley otorga legitimidad, mientras que la comunidad aporta la praxis necesaria para que la norma no se convierta en letra muerta. Se requiere una alfabetización mediática y digital urgente en los niveles municipales para aprovechar las facultades que la Ley 162 otorga. Para comprender el alcance de la Ley de Comunicación Social en el territorio, es imprescindible distinguir la gestión institucional de la dinámica comunitaria. Mientras la primera garantiza el orden informativo de las entidades, la segunda se erige como el espacio natural de la educación.

La Ley 162 de 2023 de Comunicación Social establece una distinción clara entre la comunicación institucional y la comunitaria, fundamentada tanto en su radio de acción como en su propósito político-social.

• Perspectiva Conceptual: Mientras la comunicación institucional se concibe como una herramienta de gestión para fortalecer la identidad, transparencia y eficacia de las organizaciones (estatales o no) en su relación con los públicos, la comunicación comunitaria se define como un proceso de participación horizontal y democrática. Esta última no busca gestionar una imagen corporativa, sino empoderar a los actores locales para la transformación social y el desarrollo de su entorno inmediato.
• Diferencias Operativas: En la práctica, la comunicación institucional opera bajo estructuras jerárquicas y flujos informativos planificados que responden a los objetivos estratégicos de una entidad. Por el contrario, la comunicación comunitaria opera de forma autogestionada y no lucrativa; su legitimidad no emana de un nombramiento administrativo, sino del consenso y la participación activa de los ciudadanos en la creación de contenidos que reflejen su realidad y necesidades colectivas.

La legislación reconoce a la comunicación comunitaria con un carácter sin fines de lucro, diferenciándola operativamente de la gestión de medios públicos o de la comunicación publicitaria e institucional convencional.

Vías principales a través de las cuales esta ley fortalece el vínculo con la comunidad:

El Reconocimiento del Diálogo como Derecho

La educación popular se basa en el "diálogo de saberes". La Ley de Comunicación Social establece que la comunicación en la comunidad debe ser horizontal y bidireccional. Esto significa que:

• Legitima el debate: Los espacios de discusión comunitaria ya no son solo "reuniones informativas", sino procesos de comunicación amparados por la ley donde el ciudadano tiene el derecho de proponer y cuestionar.
• Empoderamiento del sujeto: Al dar voz a los actores locales, la ley refuerza el principio de la educación popular de que "nadie educa a nadie, nos educamos en común".

Gestión de Contenidos Propios y Alfabetización (AMI)

Uno de los pilares de la ley es la Alfabetización Mediática e Informacional (AMI). Esto ayuda a la educación popular al:

• Desarrollar pensamiento crítico: Capacita a los vecinos para analizar los mensajes que reciben y, lo más importante, para producir sus propios contenidos (periódicos murales, programas de radio comunitaria, grupos de redes sociales) que reflejen su identidad y problemas reales.
• Descolonización cultural: Fomenta el uso de herramientas comunicativas para defender la historia local y los valores colectivos frente a modelos culturales hegemónicos.

Transparencia y Participación en el Desarrollo Local

La ley obliga a las instituciones y gobiernos locales a ser transparentes y a comunicar su gestión. En manos de la educación popular, esto se traduce en:

• Control Popular: La comunidad, formada bajo procesos educativos, puede usar la ley para exigir la información necesaria y participar activamente en la toma de decisiones sobre el presupuesto y los proyectos del barrio.
• Articulación de Actores: Facilita que escuelas, centros culturales y proyectos comunitarios trabajen bajo una misma estrategia comunicativa y pedagógica.

Protección a los Comunicadores Populares

Antes de esta ley, muchos gestores de comunicación en las comunidades operaban en un vacío legal. Ahora:

• Formalización de proyectos: Los proyectos de educación popular que incluyen radios base o boletines tienen un respaldo legal que les permite existir, gestionar recursos y ser reconocidos como actores sociales válidos ante el Estado.
• Responsabilidad social: La ley establece una ética comunicativa que coincide con los valores de solidaridad y respeto humano que promueve la educación popular.

En última instancia, la Ley de Comunicación Social en manos de una comunidad educada y consciente, representa la materialización del ideal de una sociedad más participativa, donde la ciencia de la comunicación se pone, definitivamente, al servicio del bienestar colectivo y el perfeccionamiento del proyecto social cubano.

CONCLUSIONES

• La Ley de Comunicación Social actúa como un mecanismo de protección para los comunicadores populares y activistas comunitarios.
• Existe una correlación directa entre la aplicación de la ley y la mejora en la rendición de cuentas de los gobiernos locales.
• El éxito de esta legislación radica en la capacidad de las comunidades para apropiarse de sus canales de comunicación, desde el megáfono local hasta las redes sociales, con un enfoque ético y transformador.
• Se concluye que la Ley No. 162 de Comunicación Social trasciende el ordenamiento administrativo para convertirse en un instrumento de empoderamiento civil. Al otorgar personalidad jurídica y reconocimiento a los procesos comunicativos en la base, la ley elimina la precariedad operativa de los proyectos comunitarios, permitiéndoles integrarse de manera formal en las estrategias de desarrollo local sostenible. (Legitimación Jurídica de la Praxis Comunitaria)
• La investigación demuestra que la normativa actúa como un catalizador de la Educación Popular. La obligatoriedad del diálogo, la transparencia y el acceso a la información que dicta la ley, proporcionan el marco legal necesario para que los métodos freireanos de concienciación y participación ciudadana se institucionalicen, transformando al vecino de un receptor pasivo a un sujeto político transformador. (Simbiosis entre Ley y Educación Popular)
• El éxito de la relación entre la ley y la comunidad depende directamente de la implementación de programas de Alfabetización Mediática e Informacional. No basta con el reconocimiento de derechos; es imperativo que las universidades y centros de investigación lideren procesos formativos que doten a la juventud y a los líderes locales de competencias críticas para gestionar contenidos, combatir la desinformación y narrar su propia realidad desde una ética descolonizadora. (La Alfabetización Mediática (AMI) como Eje Estratégico)
• A pesar de la solidez del cuerpo legal, persiste una brecha entre la norma y la práctica en los escenarios municipales. Se requiere una voluntad política proactiva y una capacitación constante de los cuadros y funcionarios del Poder Popular para que la comunicación sea entendida no como una tarea de propaganda, sino como un derecho humano y un bien público esencial para la democracia socialista cubana. (Desafíos en la Implementación Local)

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Asamblea Nacional del Poder Popular. (2023). Ley No. 162 de Comunicación Social. Gaceta Oficial de la República de Cuba.

Castillo, D. (2021). Comunicación Comunitaria y Desarrollo Local. Editorial Académica Española.

Hernández, Y. (2024). Empoderamiento ciudadano y políticas públicas: un análisis de la Ley de Comunicación Social. Universidad de La Habana.

García Luis, J. (2013). Revolución, Comunicación y Ética. Editorial Pablo de la Torriente Brau.

García, J. L. (2023). La gestión de la comunicación en el ámbito local: del modelo institucional al paradigma participativo. Revista Cubana de Información y Comunicación (Alcance), 12(31), 45-62.

Maestro y Sociedad. (2024). Directrices para autores: Normas de citación. Universidad de Oriente.

Portal, R. (2023). La comunicación comunitaria en el escenario de la transformación social en Cuba. En Comunicación, Comunidad y Desarrollo (pp. 112-130). Editorial Universitaria.

Rivero, Y. (2020). Gestión de la comunicación en comunidades: una mirada desde el desarrollo local. Editorial Feijóo.

Rivero, Y. (2022). La comunicación desde el barrio: Desafíos del siglo XXI. Revista Santiago, Universidad de Oriente.

Vázquez, A. (2023). Manual de Comunicación Institucional y Comunitaria para el Poder Popular. Centro de Estudios de la Administración Pública.

Vázquez, A. y Pérez, L. (2023). Mediaciones tecnológicas y participación popular: el rol de los medios comunitarios bajo la Ley 162. Maestro y Sociedad, 20(4), 890-905.

UNESCO. (2021). Currículum de alfabetización mediática e informacional para educadores y estudiantes.

Conflicto de intereses

Los autores declaran no tener ningún conflicto de intereses.

Declaración de responsabilidad de autoría

Los autores del manuscrito señalado, DECLARAMOS que hemos contribuido directamente a su contenido intelectual, así como a la génesis y análisis de sus datos; por lo cual, estamos en condiciones de hacernos públicamente responsable de él y aceptamos que sus nombres figuren en la lista de autores en el orden indicado. Además, hemos cumplido los requisitos éticos de la publicación mencionada, habiendo consultado la Declaración de Ética y mala praxis en la publicación.

Jorge Bastos Pimentel, MSc. José Enrique Ricardo Lazo, MSc. Norka Cabrera Rodriguez y Lic. Alina López Pozo: Proceso de revisión de literatura y redacción del artículo.