Maestro y Sociedad e-ISSN 1815-4867

Volumen 23 Número 2 Año 2026

Artículo original

La formación posgraduada del instructor penal para garantizar el debido proceso en la investigación criminal

The postgraduate training of the criminal law instructors to guarantee due process in criminal investigation

Formação de pós-graduação de instrutores criminais para garantir o devido processo legal em investigações criminais

Lic. Noel Quintana Jardinez 1, https://orcid.org/0009-0000-4034-7736

Dr. C. Doris Virgilio Licea Milán 2*, https://orcid/0000-0002-2109-3416

Dr. C. Yaritza Tardo Fernández 3, https://orcid.org/0000-0002-9710-1371

1 Institución de Enseñanza Superior Hermanos Marañón, Cuba

2 Universidad de Oriente, Cuba

3 Universidad de Ciencias Médicas de Santiago de Cuba, Cuba

*Autor para correspondencia. email virgiliolm@uo.edu.cu

Para citar este artículo: Quintana Jardinez, N., Licea Milán, D. V. y Tardo Fernández, Y. (2026). La formación posgraduada del instructor penal para garantizar el debido proceso en la investigación criminal. Maestro y Sociedad, 23(2), 1326-1333. https://maestroysociedad.uo.edu.cu

RESUMEN

Introducción: La formación posgraduada del instructor penal es el proceso que se propone sustentar las transformaciones del debido proceso en la investigación criminal a través del aprendizaje colaborativo y problematizador que permita afianzar sus competencias y habilidades. Materiales y métodos: La muestra, 25 egresados, entre 2020-2025: especialidad Instructor Penal (Institución de Educación Superior “Hermanos Marañón”, Santiago de Cuba) posee profesionalmente cualidades similares. Se utilizaron métodos del nivel empírico: encuestas, observación y revisión documental. Resultados: Los resultados investigativos ofrecieron un marco teórico referencial para sustentar la estrategia de formación posgraduada. Discusión: Se reveló una brecha significativa en la formación de instructores penales en relación con el debido proceso en la investigación criminal y una subutilización de los marcos legales. Conclusiones: Consolidó una alternativa científico metodológica de superación continua posgraduada con posibilidad del perfeccionamiento efectivo en la aplicación del debido proceso penal, en un sector con carencias sustanciales en el dominio científico y en la actualización tecnológica.

Palabras clave: proceso penal, formación posgraduada, garantías constitucionales, instructor penal, investigación criminal.

Abstract

Introduction: Postgraduate training for criminal instructors is a process designed to support the transformation of due process in criminal investigations through collaborative and problem-based learning, thereby strengthening their competencies and skills. Materials and methods: The sample consisted of 25 graduates from the 2020-2025 class specializing in Criminal Instructor (Hermanos Marañón Higher Education Institution, Santiago de Cuba), all of whom possess similar professional qualifications. Empirical methods were used, including surveys, observation, and document review. Results: The research findings provided a theoretical framework to support the postgraduate training strategy. Discussion: A significant gap was revealed in the training of criminal instructors regarding due process in criminal investigations, along with an underutilization of legal frameworks. Conclusions: This study consolidated a scientific and methodological alternative for postgraduate continuing education, offering the possibility of effective improvement in the application of due process in criminal investigations, within a sector with substantial deficiencies in scientific knowledge and technological updating.

Keywords: process in criminal law, postgraduate training, constitutional guarantees, criminal investigator, criminal investigation.

Resumo

Introdução: A formação de pós-graduados para instrutores criminais é um processo concebido para apoiar a transformação do devido processo legal em investigações criminais por meio da aprendizagem colaborativa e baseada em problemas, fortalecendo, assim, suas competências e habilidades. Materiais e métodos: A amostra foi composta por 25 graduados da turma de 2020-2025 do curso de Formação de Instrutores Criminais (Instituição de Ensino Superior Hermanos Marañón, Santiago de Cuba), todos com qualificações profissionais semelhantes. Foram utilizados métodos empíricos, incluindo questionários, observação e revisão documental. Resultados: Os resultados da pesquisa forneceram um arcabouço teórico para apoiar a estratégia de formação de pós-graduados. Discussão: Foi revelada uma lacuna significativa na formação de instrutores criminais no que diz respeito ao devido processo legal em investigações criminais, juntamente com uma subutilização dos marcos legais. Conclusões: Este estudo consolidou uma alternativa científica e metodológica para a formação continuada de pós-graduados, oferecendo a possibilidade de aprimoramento efetivo na aplicação do devido processo legal em investigações criminais, em um setor com deficiências substanciais em conhecimento científico e atualização tecnológica.

Palavras-chave: processo legal em direito penal, formação de pós-graduação, garantias constitucionais, investigador criminal, investigação criminal.

Recibido: 5/2/2026 Aprobado: 28/3/2026

Introducción

La publicación de la Gaceta Oficial de la República de Cuba (2019) dejó establecida la nueva Constitución y con ella el sistema jurídico cubano sufre una reforma medular, impactando en la actuación del instructor penal. Acoge la Ley suprema el debido proceso penal como columna vertebral que sostiene la investigación criminal en Cuba. En este contexto, la formación de este profesional, reconocido como autoridad jurídica en Ley 143 del 2021 del Proceso Penal cubano, emerge como un factor crítico para asegurar que la investigación criminal se conduzca con rigor, ética y respeto a los derechos y garantías consagrados en la Constitución, fomentando competencias y habilidades que garanticen la calidad de la justicia penal.

Esta formación de posgrado, debe asegurar la actualización permanente y sistemática de los egresados de esta especialidad, el perfeccionamiento del desempeño de sus actividades profesionales y académicas, el desarrollo de altas competencias profesionales y avanzadas capacidades para la investigación y la innovación, así como el enriquecimiento de su acervo cultural. Todo ello se concreta mediante la participación de estos profesionales en actividades de superación profesional (cursos, entrenamientos, diplomados, conferencias especializadas, etcétera) o de formación académica (maestrías, especialidades, doctorados y posdoctorados). En esta etapa la responsabilidad se comparte entre las universidades y los organismos empleadores.

En la doctrina internacional este proceso formativo “tienen el encargo social de mantener y preservar la tranquilidad, la paz y la seguridad ciudadana en los marcos de los contextos sociales” (Rodríguez, 2021) y es entendido como proceso social de preparación y disposición del sujeto, direccionado a fines precisos para un posterior desempeño en el ámbito ciudadano y social.

Existen importantes contribuciones de algunos estudiosos tales como: Rodríguez (2021), González (2022) y García (2021). Sus enfoques teórico-prácticos van dirigidos a alcanzar niveles superiores en las capacidades de los cuerpos policiales para dar respuesta a la actividad delictiva, a través de la profesionalización de las funciones y la actualización permanente de sus miembros; sin embargo, resulta necesario articular la relación entre la preparación constante de estos egresados, sus necesidades de formación y las demandas del proceso de investigación criminal, cuestión hasta el momento insuficientemente dilucidada desde lo metodológico, en correspondencia se necesita una base epistemológica y metodológica que profundice en direcciones específicas del proceso formativo desde la especificidad de la especialidad instrucción penal.

Estos estudios internacionales han abordado la profesionalización de los cuerpos policiales, pero sin enfocarse en las particularidades del debido proceso penal en la investigación criminal. Sus aportes se encaminan al perfeccionamiento de las labores policiales a través de la adquisición de competencias profesionales, para dar respuesta a los constantes cambios sociales y la evolución de los cuerpos jurídicos. Toman como punto de partida la necesidad de la superación profesional de estos funcionarios y en el tratamiento a la formación en estrecho vínculo con la realidad social, no particularizan en especialidades concretas, por lo que se significa la necesidad de una base epistemológica y metodológica que profundice en direcciones específicas del proceso formativo investigado desde la singularidad de especialidades como la Instrucción Penal.

Para la generalidad de estudiosos relacionados con este tipo de superación la formación posgraduada es un proceso orientado a la revisión de lo nuevo que se presenta, la actualización de los conocimientos, la innovación, el desarrollo de habilidades y actitudes de los educadores, que se lleva a cabo por la necesidad de renovar los conceptos aprendidos con el fin de que se adapten a los avances que suceden en la sociedad.

La integración de la Agenda 2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) (2016) en la educación superior han transformado profundamente la formación posgraduada, evolucionando de un enfoque complementario a un eje transversal fundamental. En correspondencia, urge incorporar a esta gestión los ODS, que permitan crear en este especialista competencias como: resolución de conflictos, prevención social del delito, análisis crítico, empleo de las nuevas tecnologías en función de la investigación criminal. Todo, desde un enfoque interdisciplinario para comprender la criminalidad y hacer efectivo su enfrentamiento, su aplicación adecuada es una potente herramienta de actualización y fortalecimiento de su rol social, que le permitirá comprender el delito de forma holística, conectándolo con sus causas sociales y económicas, actuar con una visón preventiva y no solo reactiva, alineándose con los principios de la prevención social en Cuba, ejercer su función con una mayor conciencia ética y de servicio público, entendiéndose como un pilar fundamental para construir una sociedad pacífica, justa e inclusiva, que es el corazón de la Agenda 2030 y un principio esencial de la Revolución cubana.

Este proceso de formación posgraduada del instructor penal, se debe ejecutar en un escenario de alta complejidad, marcado por el aumento sostenido de la actividad delictiva, la aparición de novedosos y sofisticados modos de operar de la delincuencia, que emplean las facilidades que ofrece el desarrollo tecnológico en función de la actividad criminal, el incremento de jóvenes que intervienen en hechos delictivos, factores que se agudizan por la crisis económica que atraviesa el país y la poca disponibilidad de instructores penales, lo que genera una elevada carga de trabajo y un alto estrés laboral en cada uno de estos profesionales. Elementos que se conjugan y obstaculizan objetivamente la posibilidad real de una formación continua de estos especialistas.

En este contexto, el Ministerio del Interior enfrenta el desafío de diseñar estrategias que promuevan una formación holística de sus profesionales, equilibrando la adquisición de conocimientos generales con la especialización disciplinar y destacando la excelencia docente como pilares fundamentales para abordar la complejidad de estos objetivos. Bajo las premisas anteriormente expuestas, resulta sumamente difícil liberar a varios instructores penales para cursar posgrado de forma presencial, sin que ello redunde en detrimento del enfrentamiento a las diferentes tipicidades delictivas o una recarga laboral en los especialistas que quedarán responsabilizados de cumplir la misión de esclarecer los delitos, que sin dudas afectaría la calidad de su tarea. Lo anterior se constituye como un problema recurrente que impide la sistemática formación posgraduada del instructor penal.

En correspondencia, emerge la necesidad de encontrar estrategias innovadoras, que propicien soluciones creativas para garantizar la formación continua de estos profesionales, en el que se aprovechen el propio contexto laboral, como medio de formación posgraduada, sin que estos profesionales dejen de ejercer sus obligaciones funcionales, insertando a los instructores penales en proyectos que se constituyan como cursos de formación posgraduadas que a la vez darán solución a los problemas propios del enfrentamiento al delito.

Por lo tanto, el posgrado responderá a la demanda social de ofrecer una formación continua, avanzada y permanente de los instructores penales. Para lograrlo, el Ministerio del Interior debe alinear sus capacidades científicas y académicas con las necesidades de desarrollo profesional, donde los proyectos de investigación, desarrollo e innovación y las actividades de posgrado actúan como ejes transformadores y colaborativos con sus órganos empleadores, insertando a los instructores penales en proyectos investigativos con la Fiscalía, como garante de la legalidad en el proceso penal.

Desde estas perspectivas también la Constitución de la República de Cuba, en su artículo 73 reconoce el derecho de todas las personas a la educación y la responsabilidad del Estado para garantizar servicios de educación gratuitos, asequibles y de calidad para la formación integral desde la primera infancia hasta la enseñanza universitaria de posgrado. Lo anterior precisado y ampliado por el Sexto Congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC) en sus lineamientos (2011) al exponer “Prestar mayor atención en la formación y capacitación continuas del personal técnico y cuadros calificados que respondan y se anticipen al desarrollo científico–tecnológico en las principales áreas de la producción y los servicios (…), intención retomada en otros documentos posteriores.

En esta misma dirección la Resolución 138 del 19 del Ministerio de Educación Superior, define los componentes y particularidades que integran el modelo de formación continua de la Educación Superior Cubana: la Formación de pregrado en carreras de perfil amplio; la Preparación para el empleo y la Educación de posgrado (Ministerio de Educación Superior, Resolución 138/2019). Esta última, posibilita la especialización, la reorientación y la actualización permanente de los graduados universitarios, así como el enriquecimiento de su acervo cultural, para su mejor desempeño en función de las necesidades presentes y futuras del desarrollo económico, social y cultural del país. La responsabilidad del posgrado se comparte entre las universidades y los organismos empleadores (Ministerio de Educación Superior, Resolución 140/2019).

Materiales y métodos

El estudio realizado se enmarca en un enfoque mixto (cuantitativo y cualitativo), con el objetivo de caracterizar el proceso de formación posgraduada del instructor penal para garantizar el debido proceso en la investigación criminal. El diseño mixto permitió combinar la precisión de los datos numéricos con la profundidad de las informaciones cualitativas, proporcionando una comprensión integral del fenómeno estudiado. Para elevar la objetividad del referido estudio la población se conformó por 40 instructores penales activos con experiencia en la investigación criminal y formación académica especializada y de ella se seleccionó una muestra de 25 instructores penales, representativa de la población, utilizando un mecanismo de selección intencional basado en los siguientes criterios:

- Graduados universitarios de los últimos 5 años, para asegurar que cuenten con formación actualizada.

- Experiencia mínima de 2 años en investigación criminal, garantizando que posean conocimientos prácticos relevantes.

- Disposición para participar en encuestas y entrevistas.

Este enfoque permitió asegurar que la muestra fuera homogénea en términos de formación y experiencia, lo que facilita la comparación y generalización de los resultados. Como instrumentos de recolección de datos se emplearon las encuestas y entrevistas estructuradas. El análisis de los datos se realizó en dos fases, correspondientes a los enfoques cuantitativo y cualitativo.

Resultados

Durante la investigación se constató el poco tratamiento epistemológico que desde la teoría ha recibido la formación posgraduada del instructor penal, por lo que se ofrece con el desarrollo de este trabajo un marco teórico referencial en base a estudios similares que tratan la figura del funcionario policial, contextualizado a las nuevas exigencias prácticas en la que desempeña sus funciones este profesional.

Para complementar estas exigencias exista la formación posgraduada contemporánea como un proceso dinámico, innovador y contextualizado, que combina el rigor académico con la práctica profesional, la ética y la adaptabilidad a un mundo en constante transformación. En correspondencia con esta concepción y con los novedosos enfoques contemporáneos, urge incorporar a las necesidades formativas de los instructores penales, lo más relevante de las nuevas tendencias, la personalización, el desarrollo integral de competencias técnicas, transversales y éticas y la integración de las tecnologías emergentes, que prepare a los egresados universitarios para enfrentar los desafíos del siglo XXI, que le permita anticiparse a los requerimientos de la sociedad, creando las capacidades para enfrentar nuevos desafíos sociales.

Por lo tanto la formación de posgrado, debe asegurar la formación permanente y la actualización sistemática de los profesionales de esta especialidad con base a “un modelo de formación de amplio perfil, que centra su atención principal en el dominio profundo de los aspectos básicos de cada profesión, solo puede ser viable si resulta estar acompañado de un amplio sistema de opciones de posgrado, que le aseguren al egresado de la universidad su constante actualización, en un sistema abierto de estudios que propicie que esos graduados, durante toda su vida profesional, incorporen a su quehacer nuevas competencias, en correspondencia con la velocidad con que actualmente se produce la transformación de los conocimientos y los constantes cambios de la tecnología. (Horruitiner, 2006)

Además, la revisión de la literatura también evidencia que la formación posgraduada del instructor penal debe estar orientada hacia la resolución de problemas reales en el contexto de la aplicación del debido proceso a la investigación criminal. Esto implica no solo la actualización de conocimientos teóricos, sino también el desarrollo de habilidades prácticas que permitan a los egresados aplicar el debido proceso en su desempeño profesional.

Desde estas perspectivas, el autor, en base al estudio epistemológico precedente y a su experiencia profesional, concibe la formación posgraduada del instructor penal, como el proceso que tiene el objetivo de asegurar la formación actualizada y sistemática para perfeccionar el desempeño de este profesional que le permita aplicar el debido proceso penal en la investigación criminal de los delitos que enfrenta, para dotarlo de las habilidades y competencias profesionales que garantice la calidad de la fase investigativa y en correspondencia de la justicia penal.

A partir de esta concepción, este proceso se sustenta en un enfoque interdisciplinario, basado en la práctica y en la resolución de problemas reales del contexto jurídico-penal cubano, con el fin de garantizar la aplicación rigurosa de la Ley, la protección de los derechos y garantías constitucionales que conforman el debido proceso penal, para dar respuesta a una demanda social que es la lucha eficaz contra la delincuencia.

Debe integrar, además, el uso de tecnologías de la información y las comunicaciones, la promoción de la ética profesional y el compromiso social, así como la actualización constante en materia de técnicas de investigación, normativas legales y procedimientos procesales. Todo ello priorizando la autonomía del aprendizaje, la reflexión crítica y la capacidad de adaptación a los cambios en el ámbito jurídico-penal, contribuyendo así a la excelencia profesional y al fortalecimiento del sistema de justicia en el país.

Tabla 1. Resultados durante la aplicación de las encuestas a los instructores penales.

Variable

Instructores Penales

Porciento

Menos de 5 años de graduados.

20

80

Han recibido cursos de posgrado sobre debido proceso en investigación criminal.

0

0

Consideran importante recibir capacitación sobre debido proceso.

25

100

Conocen qué es el debido proceso.

8

32

Conocen el efecto jurídico del incumplimiento del debido proceso.

5

20

Emplean la Constitución de la República de Cuba como instrumento de trabajo.

8

32

La triangulación de la información obtenida mediante la aplicación de los métodos y técnicas descritos, revelaron como resultado las siguientes limitaciones:

Como causa principal que incide en estas limitaciones e insuficiencias, resalta el escaso tratamiento que se le brinda a la formación posgraduada de estos profesionales, que se materializa en la deficiente planificación, organización, control y evaluación de las actividades de posgrado, por la propia operatividad en que desempeñan sus funciones, lo que obstaculiza su formación.

En consecuencia el proceso de gestión de la formación posgraduada en estos especialistas, debe estar orientado a dar respuesta a las problemáticas que impone el debido proceso a la investigación criminal en Cuba, las cuales se erigen como la forma de proyectar la intencionalidad formativa del instructor penal. Se persigue dinamizar su reflexión crítica, que a la vez se convierte en base para resolver dichos problemas desde un perfeccionamiento continuo, en aras de transformar el contexto y a sí mismo. Es necesario transitar a la orientación problematizada de la práctica procesal como proceso de ordenación, estructuración y disposición para la actuación práctico-procesal a partir del análisis de problemáticas reales emergidas de los contextos de investigación criminal.

En este proceso, los profesores y tutores estimularán las capacidades analíticas de los egresados hacia la profundización de la esencia de los problemas emergentes, como vía para encontrar la alternativa más viable para aplicar las garantías constitucionales a la investigación criminal. Esto condiciona una preparación mayor de estos profesionales ante el reto de actualizar, permanentemente, la teoría y práctica de la investigación científica del delito, a partir de la problematización de casos concretos a resolver en sus contextos de desempeño.

Discusión

Los resultados de este estudio revelan una brecha significativa en la formación de los instructores penales en relación con el debido proceso en la investigación criminal. Como se muestra en la Tabla 1, aunque el 100% de los encuestados consideran importante recibir capacitación en este ámbito, ninguno ha recibido cursos de posgrado específicos sobre el tema, y solo el 32% conoce qué es el debido proceso. Estos hallazgos coinciden con lo planteado por González (2022), quien señala que la falta de formación especializada en América Latina limita la capacidad de los profesionales para desempeñar sus funciones. Además, el hecho de que solo el 20% de los instructores conozcan el efecto jurídico del incumplimiento del debido proceso, refleja una desconexión entre la teoría y la práctica, lo que podría comprometer la calidad de las investigaciones criminales.

Este estudio también destaca que solo el 32% de los instructores utiliza la Constitución de la República de Cuba como instrumento de trabajo, lo que sugiere una subutilización de los marcos legales fundamentales. Este hallazgo es consistente con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966), que enfatiza la importancia de respetar los derechos fundamentales en todas las etapas del proceso penal. La falta de conocimiento y aplicación de estos principios podría generar violaciones al debido proceso, afectando tanto a los acusados como a la credibilidad del sistema de justicia.

Aunque estos resultados son consistentes en mostrar una falta generalizada de formación y conocimiento sobre el debido proceso, es importante destacar que el 80% de los instructores tiene menos de 5 años de graduados. Tales resultados podría indicar que las instituciones académicas no están incorporando adecuadamente estos temas en sus programas de formación inicial. Sin embargo, no se encontró una correlación clara entre el tiempo de graduación y el nivel de conocimiento sobre el debido proceso, lo que sugiere que la falta de capacitación es un problema sistémico y no solo generacional.

Un punto incierto es por qué, a pesar de reconocer la importancia de la capacitación, los instructores no han buscado formación especializada de manera autodidáctica, lo que podría deberse a la falta de oferta de cursos específicos, barreras económicas o la percepción de que estos temas no son prioritarios en su desarrollo profesional. Futuras investigaciones podrían explorar estas razones para diseñar estrategias más efectivas de capacitación.

Los resultados de este estudio, además, son consistentes con los hallazgos de Luna (2021), quien destaca la necesidad de enfoques interdisciplinarios en la educación de justicia criminal, integrando conocimientos de derecho, tecnología y ética. Sin embargo, mientras Luna enfatiza el uso de tecnologías como la inteligencia artificial para mejorar la investigación criminal, el estudio revela que los instructores penales carecen incluso de conocimientos básicos sobre el debido proceso, lo que sugiere que primero deben fortalecerse las bases teóricas y legales antes de incorporar herramientas tecnológicas avanzadas.

Por otro lado, González (2022) resalta que la formación especializada en América Latina enfrenta desafíos como la falta de recursos y la poca priorización de estos temas por parte de las instituciones. Se corrobora esa afirmación, ya que ninguno de los instructores encuestados ha recibido cursos de posgrado sobre debido proceso, a pesar de su relevancia para la investigación criminal.

Este estudio tiene importantes implicaciones para la disciplina del derecho penal y la justicia criminal. En primer lugar, resalta la necesidad urgente de actualizar los programas de formación posgraduada para incluir temas específicos sobre el debido proceso, garantizando que los instructores penales estén preparados para aplicar estos principios en su labor diaria. Además, sugiere la importancia de integrar enfoques interdisciplinarios, como propone Luna (2021), para abordar los desafíos contemporáneos de la investigación criminal.

Para la ciencia en general, este estudio contribuye a la literatura sobre formación profesional en justicia criminal, proporcionando evidencia empírica sobre las brechas existentes y las áreas prioritarias para la intervención. También abre nuevas líneas de investigación, como el impacto de la formación especializada en la calidad de las investigaciones criminales y la relación entre el conocimiento del debido proceso y la reducción de errores judiciales.

Finalmente, para la sociedad, los resultados tienen implicaciones directas en la protección de los derechos fundamentales y la credibilidad del sistema de justicia. Un sistema que garantice el debido proceso no solo protege a las víctimas y acusados de posibles injusticias, sino que también fortalece la confianza de la ciudadanía en las instituciones. Por lo tanto, invertir en la formación de los instructores penales no es solo una necesidad académica, sino también un imperativo social.

A partir de un estudio que integra el análisis epistemológico y praxiológico de la formación posgraduada del instructor penal, junto con la evaluación de su gestión educativa, el examen de sus tendencias evolutivas y un diagnóstico de la situación actual, se propone una estrategia dirigida a la gestión de la formación posgraduada de estos profesionales. Se estructura sobre la base de la interrelación de cuatro componentes esenciales: la planificación de la superación para garantizar el debido proceso en la investigación criminal, el enfoque problematizador de la práctica procesal, la sistematización contextual del debido proceso en la investigación criminal y la valoración de la calidad de la fase investigativa del proceso penal.

La planificación de la superación en el ámbito investigativo-criminal actúa como un proceso rector que traza la ruta para la construcción y materialización de la formación, partiendo de los fundamentos teórico-metodológicos necesarios. Esto permite que el instructor desempeñe una labor práctico-procedimental alineada con sus funciones y con las exigencias derivadas de las nuevas exigencias constitucionales. Estos componentes promueven la activación de su pensamiento crítico, el cual, a su vez, sirve de fundamento para abordar dichas problemáticas mediante un mejoramiento constante de sus competencias investigativo-criminalísticas, con el fin de transformar tanto el entorno como a sí mismo.

Lo anterior permitirá la educación sistemática y actualizada de estos profesionales, desplegada en formas organizativas principales de cursos, entrenamientos y diplomados; apoyadas en otras secundarias como talleres y conferencias especializadas. Lo anterior, permitirá adentrarse en las nuevas competencias tecnológicas, la actualización de aspectos relacionados con los mecanismos jurídicos de protección de los derechos constitucionales, la tutela judicial efectiva durante la investigación criminal y las nulidades procesales, aspectos todos relativos al debido proceso penal.

Es muy significativo que se haya alcanzado, además, una sistematización en el dominio y aplicación de la Ley 143 del 2021 del Proceso Penal cubano, que eleva en su conjunto la actuación y calidad de estos profesionales, lo que está en correspondencia con la formación continua que hoy exige la educación superior cubana. Esta alternativa formativa del profesional se ha presentado como una posibilidad para el perfeccionamiento continuo en un sector donde se ha demostrado que hay carencias sustanciales en el dominio científico, en la actualización tecnológica y en el empleo sistemático de la superación posgraduada para alcanzar una acción efectiva en la aplicación del debido proceso penal.

Conclusiones

Los resultados evidencian una brecha crítica en la preparación de los instructores penales, que podría comprometer la calidad de las investigaciones criminales y el respeto a los derechos y garantías constitucionales. Se aprecia limitado conocimiento sobre el debido proceso lo que subraya la necesidad de incorporar estos temas en los programas de formación inicial y posgraduada, asegurando que los profesionales comprendan y apliquen estos principios en su labor diaria. Subutilización de instrumentos jurídicos esenciales como la Constitución de la República de Cuba, limitando su capacidad para garantizar el debido proceso, lo que pudiera generar errores en la interpretación y aplicación de las normas. La falta de formación y conocimiento sobre el debido proceso tiene implicaciones directas en la protección de los derechos fundamentales y la credibilidad del sistema de justicia. Invertir en la capacitación de los instructores penales no solo mejoraría la calidad de las investigaciones criminales, sino que también fortalecería la confianza de la ciudadanía en la institucionalidad cubana.

Este estudio abre nuevas líneas de investigación, como el impacto de la formación especializada en la reducción de errores judiciales y la relación entre el conocimiento del debido proceso y la eficacia de las investigaciones criminales. Además, sugiere la necesidad de explorar las barreras que impiden a los instructores acceder a capacitación especializada, como la falta de oferta o recursos económicos.

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Conflicto de intereses

Los autores declaran no tener ningún conflicto de intereses.

Declaración de responsabilidad de autoría

Los autores del manuscrito señalado, DECLARAMOS que hemos contribuido directamente a su contenido intelectual, así como a la génesis y análisis de sus datos; por lo cual, estamos en condiciones de hacernos públicamente responsable de él y aceptamos que sus nombres figuren en la lista de autores en el orden indicado. Además, hemos cumplido los requisitos éticos de la publicación mencionada, habiendo consultado la Declaración de Ética y mala praxis en la publicación.

Noel Quintana Jardinez, Doris Virgilio Licea Milán y Yaritza Tardo Fernández: Proceso de revisión de literatura y redacción del artículo.