Maestro y Sociedad e-ISSN 1815-4867

Volumen 23 Número 1 Año 2026

Artículo original

Derechos humanos, integración familiar y compromiso cívico: el desafío ético de la educación jurídica en Ecuador

Human rights, family integration and civic engagement: the ethical challenge of legal education in Ecuador

Direitos humanos, integração familiar e engajamento cívico: o desafio ético do ensino jurídico no Equador

Josía Jeseff Isea Arguelles *, https://orcid.org/0000-0001-8921-6446

Luis Andrés Crespo Berti, https://orcid.org/0000-0001-8609-4738

Carlos Javier Lizcano Chapeta, https://orcid.org/0000-0002-1265-9465

Julio Juvenal Aldana Zavala, https://orcid.org/0000-0002-7934-9103

Universidad Regional Autónoma de los Andes, Ecuador

*Autor para correspondencia. email ui.josiaia82@uniandes.edu.ec

Para citar este artículo: Isea Arguelles, J. J., Crespo Berti, L. A., Lizcano Chapeta, C. J. y Aldana Zavala, J. J. (2026). Derechos humanos, integración familiar y compromiso cívico: el desafío ético de la educación jurídica en Ecuador. Maestro y Sociedad, 23(1), 1017-1025. https://maestroysociedad.uo.edu.cu

RESUMEN

Introducción: La investigación analiza la incorporación de los derechos humanos, la integración familiar y el compromiso cívico en la educación jurídica en Ecuador, ante la necesidad de superar un enfoque tradicional dogmático y procesal que relega la dimensión ética y social. Materiales y métodos: Se empleó un método con enfoque cuantitativo y tipología documental-bibliográfica, utilizando un diseño descriptivo y documental basado en fuentes primarias arbitradas, aplicando los métodos inductivo-deductivo y analítico-sintético para describir y comprender el objeto de estudio. Resultados: Evidencian que, pese al reconocimiento constitucional de los derechos humanos y la protección de la familia como núcleo social, persisten desafíos como la violencia carcelaria, el aumento de la inseguridad y la necesidad de formar profesionales con una visión ética y socialmente comprometida. Se destaca la importancia de que la enseñanza del derecho integre transversalmente estos principios, fomentando el pensamiento crítico, la interdisciplinariedad y el servicio comunitario. Discusión: Subraya la discrepancia entre el marco normativo y la realidad, señalando la necesidad de reformas pedagógicas que vinculen la teoría con la práctica y fortalezcan la ética profesional. Conclusiones: La educación jurídica en Ecuador debe asumir un rol transformador, formando profesionales capaces de actuar como agentes de cambio social, con un compromiso sólido con los derechos humanos, la estabilidad familiar y la participación ciudadana activa.

Palabras clave: Derechos humanos; enseñanza jurídica; ética.

ABSTRACT

Introduction: This research analyzes the incorporation of human rights, family integration, and civic engagement into legal education in Ecuador, given the need to move beyond a traditional dogmatic and procedural approach that relegates the ethical and social dimensions. Materials and methods: A quantitative, documentary-bibliographic approach was used, employing a descriptive and documentary design based on peer-reviewed primary sources. Inductive-deductive and analytical-synthetic methods were applied to describe and understand the object of study. Results: The findings demonstrate that, despite the constitutional recognition of human rights and the protection of the family as the core of society, challenges persist, such as prison violence, increased insecurity, and the need to train professionals with an ethical and socially committed vision. The importance of integrating these principles across the curriculum is highlighted, fostering critical thinking, interdisciplinarity, and community service. Discussion: This article highlights the discrepancy between the legal framework and reality, pointing to the need for pedagogical reforms that link theory with practice and strengthen professional ethics. Conclusions: Legal education in Ecuador must assume a transformative role, training professionals capable of acting as agents of social change, with a strong commitment to human rights, family stability, and active civic participation.

Keywords: Human rights; legal education; ethics.

Resumo

Introdução: Esta pesquisa analisa a incorporação dos direitos humanos, da integração familiar e do engajamento cívico no ensino jurídico no Equador, dada a necessidade de superar uma abordagem dogmática e processual tradicional que relega as dimensões ética e social. Materiais e métodos: Foi utilizada uma abordagem quantitativa, documental-bibliográfica, empregando um delineamento descritivo e documental baseado em fontes primárias revisadas por pares. Métodos indutivo-dedutivos e analítico-sintéticos foram aplicados para descrever e compreender o objeto de estudo. Resultados: Os resultados demonstram que, apesar do reconhecimento constitucional dos direitos humanos e da proteção da família como núcleo da sociedade, persistem desafios, como a violência prisional, o aumento da insegurança e a necessidade de formar profissionais com uma visão ética e socialmente comprometida. Destaca-se a importância da integração desses princípios em todo o currículo, fomentando o pensamento crítico, a interdisciplinaridade e o serviço comunitário. Discussão: Este artigo evidencia a discrepância entre o arcabouço legal e a realidade, apontando para a necessidade de reformas pedagógicas que vinculem a teoria à prática e fortaleçam a ética profissional. Conclusões: O ensino jurídico no Equador deve assumir um papel transformador, formando profissionais capazes de atuar como agentes de mudança social, com um forte compromisso com os direitos humanos, a estabilidade familiar e a participação cívica ativa.

Palavras-chave: Direitos humanos; ensino jurídico; ética.

Recibido: 3/1/2026 Aprobado: 27/1/2026

Introducción

El país ecuatoriano, como muchas otros en Latinoamérica, está en una etapa decisiva en la que la búsqueda de justicia, equidad y bienestar social se vuelve cada vez más urgente. En este escenario, los derechos humanos no son meramente un marco jurídico, sino el fundamento de una coexistencia digna; la integración familiar simboliza la base de la estructura social, y el compromiso cívico es el impulsor que fomenta la implicación de los ciudadanos en la edificación de la democracia.

Sin embargo, la educación jurídica en Ecuador ha tendido históricamente a un enfoque predominantemente dogmático y procesal. Si bien es crucial para la formación técnica, esta aproximación a menudo relega la dimensión ética y social del derecho a un segundo plano. El resultado puede ser la formación de profesionales altamente competentes en la técnica legal, pero quizás menos sensibilizados con las realidades humanas y sociales que subyacen a cada norma y cada conflicto.

En este orden de ideas, la educación, en tanto derecho humano, implica que todo individuo, sin discriminación alguna, tiene la libertad de acceder a un proceso formativo que le permita desarrollar sus capacidades intelectuales, morales y sociales. Este derecho va más allá de la simple asistencia a la escuela; abarca la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad de la oferta educativa. Es decir, las oportunidades educativas deben ser suficientes, accesibles para todos, culturalmente pertinentes y capaces de ajustarse a las necesidades diversas de los estudiantes. (Molina-Gutiérrez et al. 2024). Los derechos humanos universales, se constituyen en génesis de la globalización en beneficio de la humanidad. (Aldana-Zavala, & Isea-Argüelles,2018, p.30)

En tal sentido, la creciente polarización política, la desinformación y las noticias falsas (fake news), la apatía ciudadana, la erosión de la confianza en las instituciones y la persistencia de desigualdades sociales. Estos factores dificultan la construcción de un tejido social cohesionado y una participación democrática plena, evidenciando la insuficiencia de un derecho enfocado únicamente en la norma y la necesidad imperante de una formación jurídica arraigada en principios éticos para reconstruir la cohesión social. (Sánchez-Uscamayta et al.2024).

Por ello, la centralidad de la familia no solo como una institución social básica, sino como un derecho humano fundamental que actúa como un "derecho motor" o facilitador para la plena realización de otros derechos inherentes a la persona. La protección y el reconocimiento del derecho a la familia son esenciales para que los individuos puedan ejercer una amplia gama de sus prerrogativas humanas. (Uribe Arzate, & Bustamante Medrano,2019). La familia no es simplemente una unidad social privada, sino un actor clave para la estabilidad, el desarrollo social y la consecución de los derechos fundamentales en un Estado de Derecho. (Pantaleón Pacheco, 2024).

Por lo tanto, el auténtico reto ético al que se enfrenta la educación jurídica en Ecuador en la actualidad es resaltar la gestión de saberes. El objetivo es educar a profesionales del derecho con un profundo compromiso con la protección de los derechos humanos, fomentando la integración y el bienestar familiar, y potenciando una ciudadanía comprometida y activa con el bienestar colectivo. Es una invitación a replantear el objetivo de la instrucción jurídica, para que los próximos letrados no sean simplemente ejecutores de la ley, sino promotores de transformación social. En este orden, la ética, como conjunto de valores que rigen el proceder individual, es fundamental para la conducta diaria. Le permite al individuo diferenciar entre lo bueno y lo malo, posibilitándole actuar con principios que fortalecen su personalidad. (Pirona,2022).

Tras los argumentos expuestos por los investigadores, se plantea la siguiente pregunta: ¿Cuál es la incorporación de los principios de derechos humanos, integración familiar y compromiso cívico en los programas de educación jurídica en Ecuador? El objetivo general es analizar los derechos humanos, integración familiar y compromiso cívico en la educación jurídica en ecuador. Se ofrecerá una visión general del tema, subrayando la importancia de incorporar adecuadamente los derechos humanos, la integración familiar y el compromiso cívico en la educación ética jurídica en Ecuador. Además, se explorará cómo la formación de futuros profesionales del derecho debe ir más allá de la mera adquisición de conocimientos técnicos, para incorporar una sólida base ética que promueva estos valores fundamentales.

MATERIALES Y MÉTODOS

El método que se desarrolla en la presente investigación, se apoya en el enfoque cuantitativo, recurriendo a la tipología documental-bibliográfica, lo que permite establecer el análisis del objeto de estudio, con el propósito de describir el tema abordado. (Hernández Sampieri et al., 2014). El diseño de la investigación es de dos tipos: descriptivo y documental. Mediante el diseño descriptivo se observan, describen y fundamentan los aspectos de un fenómeno de estudio, sin manipular variables ni establecer relaciones causa-efecto. (Sousa, Driessnack y Costa, 2007).

La investigación documental implica el análisis e interpretación de las fuentes primarias. El material abordado se conforma por investigaciones y trabajos arbitrados; con ello descubrir características y relaciones entre los elementos, que conforman el problema abordado. Este tipo de investigación permite obtener información de fuentes confiables y sistematizarla para su análisis. Además, se aplica el método inductivo-deductivo, el cual sugiere que para encontrar una verdad se deben buscar los hechos y no basarse en meras especulaciones, además de partir de afirmaciones generales para llegar a específicas. (Dávila, 2006). En el contexto de esta investigación, ambos métodos pueden ser utilizados de manera complementaria: el método inductivo para identificar patrones y regularidades en los datos, y el método deductivo para interpretar los resultados a la luz de un marco teórico.

Así mismo, el método analítico-sintético, este método involucra dos procesos simultáneos: el análisis, que posibilita la descomposición de un todo en diferentes partes y cualidades, propiedades y componentes; y la síntesis, que permite la unión y combinación de las partes analizadas con el fin de descubrir relaciones, establecer características generales entre los elementos de la realidad y construir conocimientos. (Rodríguez y Pérez, 2017). Igualmente, permite profundizar en la comprensión del objeto de estudio y llegar a conclusiones más precisas.

Figura 1 El método

Fuente: Elaboración propia

RESULTADOS

En el siguiente apartado se muestran los resultados obtenidos luego del desarrollo del método planteado por los investigadores.

Derechos Humanos como pilar fundamental

Los derechos humanos son el eje central de toda sociedad que aspire a ser equitativa y democrática, en Ecuador, su reconocimiento se establece en la Constitución de la República y se fortalece mediante la participación en varias iniciativas internacionales, como la Declaración Universal de Derechos Humanos y los Acuerdos Internacionales. Estos no son simplemente anhelos; son reglas legales de cumplimiento obligatorio que aseguran la dignidad inherente de cada individuo.

Sin embargo, en presente año la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) formuló un llamamiento a Ecuador para adoptar medidas a fin de garantizar los derechos a la vida e integridad de los presos ante la persistencia de graves hechos de violencia ocurridos en las cárceles de Ecuador. Al respecto, del 1 de enero de 2020 al 4 de diciembre de 2024 la CIDH registró al menos 591 muertes de reos a causa de la violencia intracarcelaria, (de las cuales 37 ocurrieron en 2024), y cientos de personas heridas, entre ellas, también agentes penitenciarios, indicó en un comunicado.(SWI,2025).

Igualmente, el Informe Mundial 2025 de Human Rights Watch, señala un aumento significativo en los homicidios (430% entre el primer semestre de 2019 y 2024), los homicidios aumentaron un 429 % entre el primer semestre de 2019 y 2024, cuando se registraron 3036. Esto representa una disminución del 16 % en comparación con el mismo período de 2023, pero sigue siendo superior a los 2128 de 2022, según el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado. Hasta septiembre, la policía había recibido más de 2000 denuncias de secuestro y más de 10 700 de extorsión. Uno de cada tres ecuatorianos ha sido víctima de algún delito, la cifra más alta de la región. Estos son indicadores de un contexto en el que la defensa y promoción de los derechos humanos es más crítica que nunca, y donde el rol del abogado es vital.

Así mismo, la presencia de profesionales del derecho en el cuerpo legislativo ecuatoriano es significativa, lo que naturalmente lleva a cuestionar si su preparación académica se alinea con las exigencias del quehacer parlamentario. La calidad de esta formación es analizada como un factor determinante no solo para el ingreso a estas instancias de poder, sino también para la efectividad de su desempeño legislativo, es decir, su habilidad para crear leyes pertinentes, fiscalizar adecuadamente y representar los intereses ciudadanos. (López-Pérez et al.2024).

En la educación jurídica, el entendimiento detallado de los derechos humanos trasciende un curso individual. Debe constituirse como un eje transversal que abarque todas las áreas del derecho: desde el derecho constitucional y penal hasta el derecho del trabajo, medioambiental y familiar. Un profesional, sin importar su campo de estudio, debe actuar como un protector de estos derechos, detectando infracciones, protegiendo a las víctimas y fomentando su salvaguarda.

A pesar de este marco normativo vigente, los desafíos para la plena vigencia de los derechos humanos en Ecuador persisten. La discriminación, la impunidad, la desigualdad de acceso a la justicia y la vulneración de derechos de grupos específicos (como pueblos indígenas, mujeres, personas con discapacidad, niños y niñas) son realidades innegables. Es aquí donde el rol del abogado se vuelve importante: no solo para litigar, sino para denunciar, educar, incidir en políticas públicas y, fundamentalmente, ser una voz activa en la defensa de aquellos cuyos derechos son vulnerados.

El núcleo de la sociedad: La familia

Indudablemente, la familia es el pilar esencial de la sociedad y el lugar fundamental para el crecimiento humano y la transmisión de valores. En Ecuador, la Constitución reconoce y salvaguarda a la familia en todas sus manifestaciones, superando el esquema convencional para incorporar tanto a las familias como a las compuestas por uniones variadas. Esta diversidad es un espejo de nuestra sociedad y el derecho de tener la capacidad de protegerlas a todas, asegurando su inclusión y bienestar.

En tal sentido la familia es vista como el núcleo fundamental de la sociedad, el primer espacio donde se garantizan los derechos básicos de las personas, se transmiten valores y se fomenta la cohesión social. Es en este entorno primario donde se gestan las bases para el desarrollo integral de los individuos, desde la niñez hasta la adultez. (Pantaleón Pacheco,2024). Se destaca que la importancia de la familia en el sistema constitucional se manifiesta en diversas dimensiones:

En este mismo orden, la normativa ecuatoriana, a través de la Constitución y códigos como el de la Familia y de la Niñez y Adolescencia, establece un marco robusto para la protección jurídica de la institución familiar. Esto abarca desde los derechos y deberes de sus miembros, hasta la regulación de uniones, matrimonios, divorcios, patria potestad y custodia, siempre priorizando el interés superior del niño.

En tal sentido, el juez desempeña un rol decisivo en el fomento de la integración familiar. Esto no solo conlleva la asesoría jurídica en asuntos familiares, sino también la habilidad de desempeñarse como mediador en disputas para encontrar soluciones acordadas que mantengan la paz en el seno de la familia. La protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes es esencial, ya que son poseedores de derechos completos y necesitan una protección especial. Adicionalmente, es vital entender que la familia puede ser tanto un lugar para la promoción de derechos como, desafortunadamente, para su infracción. La formación en derecho debe formar a los profesionales del futuro para reconocer estas circunstancias y actuar de forma ética y meticulosa para proteger a los individuos más vulnerables, fomentando siempre relaciones fundamentadas en el respeto y la dignidad.

Por lo tanto, la importancia de que la educación superior sea un espacio de pensamiento crítico e independiente, capaz de formar ciudadanos que no solo posean conocimientos especializados, sino que también estén preparados para participar activamente en la vida democrática y para cuestionar el statu quo. Este rol de la universidad es fundamental para el progreso de la sociedad, y su capacidad para desempeñarlo depende en gran medida de un marco político que valore y respete la libertad académica y la búsqueda del conocimiento. (Almidón Ortiz et al.2024).

Compromiso cívico: La dimensión social del derecho

El compromiso cívico trasciende la simple participación en elecciones; implica la activa y responsable de los ciudadanos en la vida pública, con el objetivo inquebrantable de perseguir el bienestar colectivo y la equidad social. Este compromiso va más allá del ámbito profesional personal para adoptar una dimensión social del derecho, en la que la habilidad jurídica se dedica a la comunidad y a los intereses colectivos.

Para García-Arnaldos (2024), el compromiso cívico va más allá del mero cumplimiento de obligaciones legales o sociales. La clave para fomentar un compromiso cívico genuino y duradero reside en la promoción de la cooperación voluntaria, más que en la imposición de deberes. Esta cooperación activa y consciente es lo que verdaderamente impulsa la integración social y fortalece el tejido comunitario.

La capacitación para la participación cívica debe ser un pilar fundamental en las habilidades jurídicas. Esto puede alcanzarse promoviendo la implicación de los estudiantes en iniciativas de servicio comunitario, la administración y funcionamiento de consultorios legales sin costo, y la ejecución de acciones benéficas que favorezcan a grupos vulnerables. Estas vivencias no solo proporcionan conocimientos útiles, sino que también fomentan un sentido de compromiso social y empatía.

Por ejemplo, la asesoría jurídica a comunidades vulnerables por parte de instituciones universitarias no solo cumple una función social de gran relevancia, sino que también se convierte en un escenario fundamental para el aprendizaje jurídico significativo. En este contexto, los estudiantes se enfrentan a la realidad de la "falta de actualización de la vida jurídica", que a menudo impide el acceso efectivo de los ciudadanos a programas sociales y a la protección de sus derechos. (Díaz Rodríguez et al.2021). La enseñanza del derecho debe trascender los enfoques tradicionales y adoptar metodologías que fomenten un aprendizaje más activo, significativo y conectado con la realidad práctica. (Perilla Granados,2024).

El abogado, en su rol de agente de cambio social, no debe limitarse a la defensa de intereses particulares. Su formación le otorga las herramientas para promover políticas públicas que respondan a las necesidades de la sociedad, para denunciar injusticias estructurales y para defender causas colectivas que beneficien a grupos amplios de ciudadanos.

El desafío ético de la educación jurídica en Ecuador

La labor de incorporar los derechos humanos, la integración familiar y la participación cívica en la educación legal de Ecuador supone un reto ético y educativo de gran importancia. No se trata de incorporar una materia adicional al plan de estudios, sino de provocar una transformación de paradigma en la instrucción jurídica. En este sentido, para los estudiantes de ciencias jurídicas, la enseñanza debe ir más allá de la memorización, enfocándose en el desarrollo de pensamiento crítico, habilidades de interpretación y argumentación, y la capacidad de aplicar el derecho en situaciones complejas. Se trata de formar profesionales capaces de comprender la intrincada red legal y utilizarla como una herramienta efectiva. (Cruz Piza et al.2022).

Esto implica la posibilidad de revertir tendencias desfavorables mediante la implementación de reformas que reequilibren la balanza entre la oferta educativa, la demanda profesional y la calidad formativa. Repensar la educación jurídica con miras a fortalecer su relevancia, pertinencia y capacidad para formar juristas que realmente contribuyan al avance de la justicia y el Estado de Derecho. (Ceballos Bedoya, & García Villegas,2021).

En este sentido, la calidad en la formación de juristas está intrínsecamente ligada a la capacidad de las instituciones educativas para adaptarse a las demandas sociales y a los avances tecnológicos. Los futuros abogados deben estar preparados para ejercer su profesión en un entorno globalizado y digitalizado, lo que exige una actualización constante de los planes de estudio y de las herramientas pedagógicas. (Morales Zamorano et al. 2020).

En consecuencia, la enseñanza de la ética en las facultades de derecho no puede ser un componente accesorio o superficial, sino que debe constituir un eje transversal y fundamental de todo el currículo. Esto implica ir más allá de una simple asignatura aislada, integrando los principios éticos en el estudio de todas las ramas del derecho, desde el derecho constitucional hasta el derecho penal, civil o administrativo. (Torres Ortega, & Gallardo Martínez,2023).

Francis Bone. (2024). sugiere la necesidad de fortalecer la formación ética de los profesionales en las disciplinas tanto jurídicas como psicológicas, con un enfoque específico en las particularidades de su convergencia. Esto implica no solo la enseñanza de códigos deontológicos, sino también el fomento del razonamiento ético, la sensibilidad hacia la diversidad cultural y social, y la capacidad para anticipar y resolver conflictos morales complejos inherentes a esta área. la ética profesional en el ámbito jurídico implica un conjunto de valores, normas y deberes que orientan la conducta del abogado, juez, fiscal o cualquier otro operador del derecho. En tal sentid, estos principios van más allá de lo estrictamente legal, abarcando la probidad, la lealtad, la honestidad, la diligencia, la confidencialidad, la imparcialidad y el compromiso con el bien común. (Gallardo, & Torres Ortega, 2023).

La gestión dilemas éticos es una responsabilidad compartida. No se trata solo de aplicar códigos de conducta, sino de fomentar una cultura de integridad y transparencia en toda la institución. Esto implica promover el diálogo abierto sobre cuestiones éticas, ofrecer formación continua tanto para docentes como para alumnos, y establecer mecanismos claros y justos para la resolución de conflictos éticos. (Delgado Salas et al.2024).

Fomentar el análisis crítico, la resolución de problemas complejos, la ética profesional y una comprensión más holística del derecho como herramienta de transformación social. La autora enfatiza que la modernización de la educación jurídica no es solo una cuestión pedagógica, sino un imperativo ético y social para asegurar que los abogados latinoamericanos estén verdaderamente equipados para contribuir al desarrollo de sociedades más justas y equitativas. (Mora Amezcua, 2022).

DISCUSIÓN

La discrepancia entre lo establecido y la realidad evidencia con firmeza la necesidad de potenciar la función del abogado, no únicamente como mediador, sino como un agente activo en la denuncia, la educación y la influencia en políticas públicas. Se sostiene que la comprensión de los derechos humanos debe ser un pilar fundamental en toda la educación jurídica, impregnando todas las disciplinas del derecho para que el profesional en formación funcione como un defensor ininterrumpido de la dignidad humana.

Es fundamental implementar modelos educativos innovadores. Esto supone superar las clases de maestría, fomentando la reflexión crítica, el estudio de casos reales con dilemas éticos, el aprendizaje fundamentado en problemas y el debate dinámico en el salón de clases. Los derechos humanos y su implementación en el entorno familiar y comunitario deben tratarse de manera transversal en cada lección, facilitando a los alumnos entender su repercusión práctica. Por ejemplo, al analizar el derecho penal, no solo se deben tratar los crímenes, sino también las infracciones a los derechos humanos que pueden suceder durante el procedimiento criminal.

El aprendizaje jurídico se enriquece exponencialmente cuando se vincula con la práctica real y el servicio social, proporcionando a los estudiantes una comprensión profunda de las implicaciones éticas y sociales del derecho, y preparándolos de manera integral para enfrentar los desafíos de la profesión legal. (Díaz Rodríguez et al.2021).

Por otro lado, Ecuador, en su interacción con el escenario global, debe implementar políticas públicas robustas que aprovechen los beneficios de la globalización sin sacrificar la protección y promoción de los derechos humanos. Esto implica fortalecer el marco jurídico interno, asegurar la rendición de cuentas de actores estatales y no estatales (incluidas las corporaciones transnacionales), y fomentar la participación ciudadana en la toma de decisiones. (Moreno Arvelo et al. 2021).

La capacitación de los profesores es igual de esencial, es imprescindible que los docentes sean formados en métodos pedagógicos que fomenten la concienciación, el razonamiento crítico y el compromiso social. No es suficiente con ser especialistas en su campo; deben promover el desarrollo de una conciencia ética en sus alumnos.

En definitiva, la interdisciplinariedad es fundamental, la ley no funciona en solitario; se relaciona con disciplinas como la sociología, la psicología, la economía y la filosofía. La cooperación con otras disciplinas facilitará un entendimiento más integral y detallado de los fenómenos legales y sus repercusiones sociales, ampliando la visión de los alumnos y equipándolos para retos complicados.

Finalmente, el compromiso cívico es definido como una participación activa y responsable en la vida pública, orientada al bienestar colectivo y la equidad social, trascendiendo la mera obligación legal para convertirse en una cooperación voluntaria. Se propone que la capacitación para la participación cívica sea un pilar fundamental en las habilidades jurídicas, fomentando la implicación estudiantil en iniciativas de servicio comunitario y consultorios legales gratuitos

CONCLUSIONES

La relevancia de la educación en derecho reside en su papel esencial para la formación del Estado de Derecho, la salvaguarda de los derechos de los ciudadanos y la gestión de la justicia. Una sólida educación jurídica asegura profesionales capaces de entender y poner en práctica las leyes, solucionar disputas de forma equitativa y aportar al progreso de una sociedad más justa. Además, capacita a los futuros profesionales para afrontar los retos de un mundo globalizado y en permanente evolución, en el que las tecnologías emergentes y los problemas a nivel global requieren una perspectiva multidisciplinaria.

En Ecuador, la educación jurídica tiene un deber moral: superar la educación técnica para formar profesionales del derecho que sean auténticos impulsores de la transformación social. El triunfo de este cambio radica en la habilidad de las facultades de derecho para incorporar de forma transversal y profunda los derechos humanos, la integración familiar y el compromiso cívico como elementos esenciales de su programa de estudios.

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Conflicto de intereses

Los autores declaran no tener ningún conflicto de intereses.

Declaración de responsabilidad de autoría

Los autores del manuscrito señalado, DECLARAMOS que hemos contribuido directamente a su contenido intelectual, así como a la génesis y análisis de sus datos; por lo cual, estamos en condiciones de hacernos públicamente responsable de él y aceptamos que sus nombres figuren en la lista de autores en el orden indicado. Además, hemos cumplido los requisitos éticos de la publicación mencionada, habiendo consultado la Declaración de Ética y mala praxis en la publicación.

Josía Jeseff Isea Arguelles, Luis Andrés Crespo Berti, Carlos Javier Lizcano Chapeta, Julio Juvenal Aldana Zavala: Proceso de revisión de literatura y redacción del artículo.