Maestro y Sociedad e-ISSN 1815-4867
Volumen 22 Número 2 Año 2025
Artículo original
Modelo de Gestión Judicial Inteligente en Ecuador: debido proceso y celeridad procesal
Intelligent Judicial Management Model in Ecuador: due process and procedural speed
Modelo de Gestão Judicial Inteligente no Equador: devido processo e celeridade processual
Daniela Elizabeth Aguilar Garces*, https://orcid.org/0009-0005-8533-7335
María Ximena Alomoto Santana, https://orcid.org/0009-0004-7562-160X
Edward Fabricio Freire Gaibor, https://orcid.org/0009-0009-2913-8445
Universidad Bolivariana del Ecuador, Ecuador
*Autor para correspondencia. email deaguilarg@ube.edu.ec
Para citar este artículo: Aguilar Garces, D. E., Alomoto Santana, M. X. y Freire Gaibor, E. F. (2025). Modelo de Gestión Judicial Inteligente en Ecuador: debido proceso y celeridad procesal. Maestro y Sociedad, 22(2), 1106-1118. https://maestroysociedad.uo.edu.cu
RESUMEN
Introducción: La presente investigación tiene como objetivo analizar el Modelo de Gestión Judicial Inteligente adaptado al contexto ecuatoriano y su incidencia en el cumplimiento efectivo de los principios de celeridad procesal y derecho al debido proceso. Materiales y métodos: A través de un enfoque cualitativo, de tipo descriptivo-explicativo y diseño no experimental, se emplearon métodos como la observación directa, la revisión documental, el análisis jurídico comparado y el estudio de buenas prácticas internacionales. Resultados: La revisión de experiencias exitosas en países como España, Chile y Colombia demuestran que la incorporación de tecnologías digitales, inteligencia artificial y herramientas de gestión predictiva ha permitido mejorar los tiempos procesales, reducir cargas administrativas y fortalecer la transparencia. Discusión: En este contexto, el MGJI se perfila como una propuesta integral para transformar la gestión judicial en Ecuador, al integrar la digitalización de procesos, la automatización de tareas repetitivas, la priorización de causas críticas y la formación permanente de operadores judiciales. Conclusiones: Con ello, se busca no solo modernizar la administración de justicia, sino también recuperar la confianza ciudadana y consolidar un sistema más ágil, equitativo y accesible para todos.
Palabras clave: Modelo de Gestión Judicial Inteligente, Celeridad procesal, Debido proceso, Justicia digital, Sistema judicial ecuatoriano.
Abstract
Introduction: This research aims to analyze the Intelligent Judicial Management Model adapted to the Ecuadorian context and its impact on the effective compliance with the principles of procedural expeditiousness and the right to due process. Materials and methods: Through a qualitative approach, descriptive-explanatory and non-experimental design, methods such as direct observation, documentary review, comparative legal analysis, and the study of international good practices were employed. Results: The review of successful experiences in countries such as Spain, Chile, and Colombia demonstrates that the incorporation of digital technologies, artificial intelligence, and predictive management tools has made it possible to improve procedural times, reduce administrative burdens, and strengthen transparency. Discussion: In this context, the Intelligent Judicial Management Model (IGM) emerges as a comprehensive proposal to transform judicial management in Ecuador, by integrating the digitalization of processes, the automation of repetitive tasks, the prioritization of critical cases, and the ongoing training of judicial operators. Conclusions: This seeks not only to modernize the administration of justice, but also to restore public trust and consolidate a more agile, equitable, and accessible system for all.
Keywords: Smart Judicial Management Model, Procedural Expedition, Due Process, Digital Justice, Ecuadorian Judicial System.
Resumo
Introdução: Esta pesquisa tem como objetivo analisar o Modelo de Gestão Judicial Inteligente adaptado ao contexto equatoriano e seu impacto no cumprimento efetivo dos princípios de celeridade processual e do direito ao devido processo legal. Materiais e métodos: Por meio de uma abordagem qualitativa, delineamento descritivo-explicativo e não experimental, foram empregados métodos como observação direta, revisão documental, análise jurídica comparada e estudo de boas práticas internacionais. Resultados: A revisão de experiências bem-sucedidas em países como Espanha, Chile e Colômbia demonstra que a incorporação de tecnologias digitais, inteligência artificial e ferramentas de gestão preditiva permitiu melhorar os tempos processuais, reduzir a carga administrativa e fortalecer a transparência. Discussão: Nesse contexto, o Modelo de Gestão Judicial Inteligente (MGI) surge como uma proposta integral para transformar a gestão judicial no Equador, integrando a digitalização de processos, a automatização de tarefas repetitivas, a priorização de casos críticos e a formação contínua de operadores judiciais. Conclusões: Busca-se não apenas modernizar a administração da justiça, mas também restaurar a confiança pública e consolidar um sistema mais ágil, equitativo e acessível a todos.
Palavras-chave: Modelo Inteligente de Gestão Judicial, Expedição Processual, Devido Processo Legal, Justiça Digital, Sistema Judiciário Equatoriano.
Recibido: 21/1/2025 Aprobado: 28/3/2025
Introducción
La implementación de un Modelo de Gestión Judicial Inteligente (MGJI) en Ecuador es transcendental para garantizar el cumplimiento del debido proceso y la celeridad procesal, principios fundamentales consagrados en la Constitución y el COGEP. La congestión en los tribunales y la demora en la resolución de casos afectan la tutela judicial efectiva, generando desconfianza ciudadana en el sistema judicial. Este modelo permitirá optimizar recursos, reducir tiempos procesales y asegurar una justicia accesible y predecible, promoviendo la confianza en el Estado de derecho.
Un modelo innovador basado en la digitalización y el uso de tecnologías avanzadas, como la inteligencia artificial y el análisis predictivo, posicionará al sistema judicial ecuatoriano a la par de estándares internacionales. Esto no solo beneficiará a los usuarios del sistema, sino que también fomentará la seguridad jurídica, indispensable para el desarrollo social y económico del país. La reforma contribuirá a transformar estructuralmente la justicia, consolidándola como una herramienta eficiente, equitativa y moderna.
Un Modelo de Gestión Judicial Inteligente se define como un conjunto de estrategias y prácticas diseñadas para optimizar los procesos judiciales, garantizando una administración de justicia ágil, equitativa y de calidad. Según Palma (2020), la modernización de los sistemas judiciales en América Latina requiere implementar modelos de gestión que resuelvan problemas estructurales y promuevan eficiencia operativa. De la misma forma, Quispe (2020) señala que una gestión adecuada mejora de manera significativa la actividad procesal de los operadores judiciales. Por último, Giraldo y Gómez (2021) destacan que una gestión proactiva previene conflictos y asegura una justicia eficiente.
La falta de un Modelo de Gestión Judicial Inteligente en Ecuador afecta de forma significativa el principio de celeridad procesal y el debido proceso, en especial en la provincia del Guayas, donde hay una afluencia considerable de procesos, según datos tomados por el Portal de Estadística Judicial del Consejo de la Judicatura (Consejo de la Judicatura, 2024). Guayaquil, enfrenta una alta carga procesal que genera retrasos significativos en la resolución de causas, vulnerando derechos fundamentales de los ciudadanos. La demora en la asignación de audiencias y la falta de tecnología adecuada agravan esta problemática, impactando la percepción de justicia en una población diversa y numerosa. La congestión judicial también se ve acentuada por la insuficiencia de recursos humanos y tecnológicos, lo que afecta la eficiencia en la atención de casos. Esta situación no solo dificulta el acceso oportuno a la justicia, sino que incrementa los costos procesales y prolonga la incertidumbre para las partes involucradas.
La falta de un modelo que optimice procesos y priorice casos críticos limita la capacidad del sistema judicial de garantizar una administración de justicia equitativa y oportuna en el cantón, por tanto; la intención de la investigación es desarrollar un Modelo de Gestión Judicial Inteligente (MGJI) para el sistema judicial ecuatoriano, que garantice el cumplimiento de los principios de celeridad procesal y debido proceso. Esto implica analizar las deficiencias actuales, como la congestión procesal y los extensos tiempos de resolución en jurisdicciones de alta carga. El objetivo es ofrecer soluciones prácticas que optimicen los recursos humanos y tecnológicos, priorizando los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Además, esta investigación busca alinear el sistema judicial ecuatoriano con estándares internacionales y buenas prácticas, tales como la digitalización de procesos, la implementación de mecanismos de priorización automatizada y la capacitación de operadores judiciales. De este modo, se pretende no solo resolver problemas estructurales, sino también mejorar la percepción ciudadana de la justicia, fortalecer el Estado de derecho y garantizar un acceso equitativo y ágil a la justicia en todo el territorio nacional.
Desde estos precedentes, la formulación del problema plantea la siguiente interrogante: ¿Cómo un Modelo de Gestión ineficiente puede influir en la congestión judicial y afectar de manera directa el principio de celeridad procesal y violentar el derecho al debido proceso? Este cuestionamiento surge ante las deficiencias identificadas en la administración de justicia, que afectan la eficiencia y el respeto a las garantías procesales. Para dar respuesta a esta pregunta se establece como objetivo general de la investigación: examinar el Modelo de Gestión Judicial Inteligente adaptado al contexto ecuatoriano y su incidencia en el cumplimiento efectivo de los principios de celeridad procesal y derecho al debido proceso.
Para alcanzar este propósito, se plantean como objetivos específicos, primero; determinar las problemáticas actuales en la gestión judicial mediante una revisión teórica que identifique las principales deficiencias que afectan la eficiencia y las garantías procesales; segundo, desarrollar una propuesta de Modelo de Gestión Judicial Inteligente que contemple la integración de tecnologías de la información y la optimización de los recursos disponibles; y tercero, validar la propuesta considerando su viabilidad técnica, legal y práctica, asegurando su aplicabilidad en el sistema judicial ecuatoriano.
Materiales y métodos
La metodología empleará un enfoque cualitativo, integrando procesos de desarrollo analítico para abordar de manera integral la problemática de la gestión judicial en el sistema ecuatoriano. Este enfoque permitió analizar investigaciones relacionadas con la aplicación de sistemas de gestión enfocados en la mejora de los procesos judiciales y su relación con el cumplimiento de los principios procesales.
Se aplicó un alcance descriptivo - explicativo y propositivo, permitiendo analizar las deficiencias actuales del sistema judicial ecuatoriano y proponer un modelo de gestión inteligente. El diseño fue no experimental y transversal, ya que se basó en la recolección y análisis de datos resultado de los procesos gestionados durante el año 2024, sin manipular variables, para evaluar la relación entre la gestión judicial y los principios de celeridad procesal y debido proceso.
Métodos
Se utilizaron métodos de nivel empíricos como el método de observación que permite registrar de manera sistemática las prácticas en los procesos judiciales, tomando en consideración los tiempos procesales y las demoras de cumplimiento y el uso de la tecnología para obtener una visión objetiva del sistema. El método de revisión documental examina normativas, estadísticas judiciales e informes, permitiendo contrastar la teoría con la práctica y detectar deficiencias y el método de derecho comparado estudia modelos de gestión judicial en países como Chile, España y Colombia, identificando estrategias aplicables al contexto ecuatoriano.
Métodos de nivel teóricos
Se aplicó el método analítico-sintético, que descompone la gestión judicial en normativas, recursos y tiempos procesales, integrando hallazgos en un modelo teórico eficiente. El método inductivo-deductivo identifica patrones en la gestión judicial ecuatoriana para formular hipótesis generales, contrastándolas con principios normativos.
Se utilizó el método comparativo analiza modelos judiciales exitosos de otros países para adaptar buenas prácticas al contexto ecuatoriano, el método exegético-jurídico interpreta normas jurídicas en su contexto normativo y doctrinal, asegurando su correcta aplicación y el método hermenéutico-jurídico profundiza en la interpretación de textos legales, considerando su evolución histórica y contexto sociopolítico, facilitando una comprensión integral del derecho aplicable.
Resultados
Antecedentes del Modelo Judicial Inteligente
Un Modelo de Gestión Judicial Inteligente (MGJI) se define como un conjunto de estrategias y prácticas diseñadas para optimizar los procesos judiciales, garantizando una administración de justicia ágil, equitativa y de calidad. Según Palma (2020), la modernización de los sistemas judiciales en América Latina requiere implementar modelos de gestión que resuelvan problemas estructurales y promuevan eficiencia operativa. Asimismo, Quispe (2020) señala que una gestión adecuada mejora de forma significativa la actividad procesal de los operadores judiciales. Giraldo y Gómez (2021) destacan que una gestión proactiva previene conflictos y asegura una justicia eficiente.
Los modelos judiciales inteligentes surgieron como una respuesta a la creciente complejidad y lentitud de los sistemas legales tradicionales. A partir de 2020, investigadores como Sourdin (2020) han destacado cómo la inteligencia artificial (IA) puede transformar la justicia al automatizar tareas repetitivas, como la revisión de documentos y la identificación de precedentes legales. Estos sistemas se basan en técnicas de aprendizaje automático y procesamiento del lenguaje natural (NLP), permitiendo analizar grandes volúmenes de datos legales de manera eficiente (Sourdin, 2020). Sin embargo, su implementación requiere un enfoque cuidadoso para evitar sesgos y garantizar transparencia.
Los modelos judiciales inteligentes pueden identificar patrones en jurisprudencia y ofrecer recomendaciones basadas en análisis predictivos, lo que ayuda a abogados y jueces a tomar decisiones con información completa. Estos facilitan la gestión de casos al priorizar tareas y agilizar la revisión de documentos. Debido a esto, su implementación requiere un enfoque ético para evitar la perpetuación de sesgos y garantizar la privacidad de los datos. Estos sistemas no reemplazan el criterio humano, sino que lo complementan, lo que promueve un sistema legal más eficiente y accesible.
Autores como Aletras et al. (2020) han explorado el uso de modelos predictivos en el ámbito judicial, demostrando su capacidad para predecir resultados de casos basándose en jurisprudencia histórica. Estos modelos no solo agilizan los procesos, sino que también ofrecen datos valiosos para jueces y abogados. No obstante, advierten que la precisión de estas herramientas depende de la calidad y diversidad de los datos utilizados, ya que los sesgos en los datos de entrenamiento pueden perpetuar desigualdades existentes en el sistema legal. Además de la predicción de sentencias, los modelos judiciales inteligentes han sido aplicados en áreas como la detección de fraudes y la asistencia legal automatizada. Según estudios recientes, estas herramientas pueden identificar patrones sospechosos en transacciones financieras o documentos legales, ayudando a prevenir actividades ilícitas (Aletras et al., 2020).
Existe la posibilidad de que el uso de este sistema puede desarrollar desafíos éticos, como la protección de la privacidad y la determinación de responsabilidades en caso de errores. Por ello, es importante que su desarrollo e implementación estén guiados por principios éticos y marcos regulatorios claros (Sourdin, 2020). Los modelos judiciales inteligentes tienen diversas aplicaciones prácticas que transforman el ámbito legal; en el análisis de jurisprudencia, estos sistemas identifican precedentes legales relevantes para casos específicos, agilizando la investigación. Además, permiten la predicción de sentencias, estimando la probabilidad de éxito en demandas o apelaciones basándose en datos históricos y también son útiles en la detección de fraudes, donde analizan patrones en documentos o transacciones para identificar irregularidades, ayudando a prevenir actividades ilícitas.
Otra aplicación clave es la asistencia legal, donde ofrecen respuestas automatizadas a consultas comunes, optimizando tiempo y recursos. Asimismo, facilitan la gestión de casos, organizando y priorizando tareas según su urgencia o complejidad. Estas herramientas no solo mejoran la eficiencia del sistema judicial, sino que también permiten a los profesionales enfocarse en aspectos más estratégicos, siempre manteniendo la supervisión humana para garantizar precisión y equidad en los procesos legales.
Respaldo internacional del Modelo de Gestión Judicial Inteligente (MGJI)
El diseño de un MGJI encuentra respaldo en normativas y prácticas internacionales que garantizan la celeridad procesal y el debido proceso. La Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) establece en su artículo 8 el derecho a ser oído en un tiempo razonable y por un juez imparcial, lo que constituye un estándar vinculante para Ecuador como Estado parte (CADH, 1969). Asimismo, las Directrices de las Naciones Unidas sobre la Administración de Justicia enfatizan la modernización tecnológica y la simplificación de procesos como herramientas esenciales para garantizar una justicia eficiente (ONU, 2018).
España, mediante su Plan de Modernización de la Justicia (2020-2024), ha implementado sistemas como LexNET, que han reducido de forma significativa los tiempos de tramitación al facilitar la comunicación electrónica entre los actores judiciales (Ministerio de Justicia de España, 2020). Por su parte, Chile ha reformado su sistema judicial con base en su Código Procesal Penal (2000), que prioriza la oralidad en las audiencias, simplificando trámites y mejorando la celeridad procesal (Ley 19.696, Chile, 2000). A nivel regional, el Protocolo de Fortaleza sobre la Cooperación Jurídica Internacional (1992) promueve la asistencia mutua entre los sistemas judiciales de los Estados del Mercosur, optimizando los recursos procesales y reduciendo la congestión judicial (Mercosur, 1992).
Estas iniciativas coinciden con recomendaciones del Informe Doing Business 2020 del Banco Mundial, que sugiere la implementación de tecnologías avanzadas, como la inteligencia artificial y plataformas de gestión de casos, para mejorar la eficiencia judicial (Banco Mundial, 2020). En este contexto, Ecuador podría alinearse con estas prácticas internacionales mediante la adopción de reformas estructurales y tecnológicas que modernicen su sistema judicial, garantizando la eficiencia y celeridad procesal acorde a estándares globales.
Principio de celeridad procesal y debido proceso
El principio de celeridad procesal es un pilar esencial del derecho ya que garantiza la rapidez y eficacia en la resolución de los procedimientos judiciales, evitando dilaciones indebidas que vulneren la tutela judicial efectiva. Según Pachacama y Fuentes (2023), la ineficiencia en su aplicación por parte de los operadores de justicia genera procesos prolongados que afectan el acceso oportuno a la justicia. Colcha et, al. (2020) resaltan que la pandemia de COVID-19 evidenció la necesidad de fortalecer este principio mediante herramientas digitales que permitieron la continuidad de los procesos judiciales sin afectar los derechos de las partes.
El debido proceso es una garantía fundamental que asegura el respeto de los derechos de las personas en cualquier procedimiento legal, ya sea penal, civil o administrativo. Este principio implica que las autoridades deben observar una serie de formalidades esenciales para proteger las libertades individuales y garantizar una justicia imparcial. Según Arroyo (2020), el debido proceso y la motivación de las decisiones son componentes cruciales dentro del bloque de constitucionalidad en la jurisdicción penal.
La doctrina ha ampliado de forma progresiva el alcance del debido proceso, integrando derechos como el acceso a un juez independiente e imparcial, el derecho a un proceso público y el derecho a la defensa. Carbonell y Letelier (2020) destacan que, en Chile, esta garantía se circunscribe a cuatro grupos de derechos explícitamente consagrados en la Constitución y en tratados internacionales. Asimismo, Ruiz (2023) analiza el debido proceso desde una perspectiva constitucional, considerándolo una garantía principal en el sistema jurídico peruano.
El desarrollo de los principios procesales en la práctica ha estado marcado por la necesidad de equilibrar la eficiencia en la administración de justicia con la garantía de los derechos fundamentales de las partes procesales. El principio de celeridad procesal ha sido promovido para evitar la mora judicial y reducir el impacto de procesos prolongados sobre los justiciables. Sin embargo, su aplicación ha generado debates sobre el riesgo de afectar el derecho de defensa y el acceso a la justicia.
La Corte Constitucional de Colombia, en la Sentencia C-543 de 2011, estableció que la celeridad no puede entenderse como una justificación para suprimir etapas esenciales del proceso ni limitar los medios de defensa de las partes. Este criterio es relevante en un contexto donde algunos sistemas judiciales han incorporado procedimientos abreviados y herramientas tecnológicas para agilizar la tramitación de los casos, como las audiencias virtuales y la automatización de ciertos actos procesales. A pesar de estos avances, persisten desafíos en la implementación efectiva de este principio, en especial en jurisdicciones con deficiencias estructurales que impiden la modernización de la justicia (Corte Constitucional de Colombia, 2011).
Por otro lado, el principio del debido proceso ha sido desarrollado de forma amplia por la jurisprudencia internacional, consolidándose como un eje central del Estado de derecho. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá (2001), enfatizó que este principio exige que todo procedimiento judicial o administrativo respete las garantías esenciales para evitar arbitrariedades y asegurar el derecho a una defensa efectiva.
La doctrina ha analizado este principio desde diferentes enfoques, destacando su aplicación en procesos administrativos sancionadores, donde se ha debatido si la inmediatez en la toma de decisiones puede comprometer la imparcialidad y el derecho a la contradicción (González, 2021). Además, la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha insistido en la importancia de la motivación de las decisiones judiciales como parte del debido proceso, evitando resoluciones arbitrarias o carentes de fundamentación (TEDH, Hirsi Jamaa y otros vs. Italia, 2012). La tendencia global apunta a fortalecer las garantías procesales a través de estándares internacionales que exijan procedimientos justos, imparciales y accesibles, evitando que la eficiencia procesal comprometa los derechos fundamentales de los ciudadanos; el Ecuador se alinea a esta corriente jurisprudencial para cumplir con los principios fundamentales que buscan impartir justicia.
El principio de celeridad procesal y el debido proceso son pilares esenciales del sistema jurídico ecuatoriano, establecidos en la Constitución de la República del Ecuador. Según el artículo 75, se garantiza el acceso a una tutela judicial efectiva, imparcial y expedita, mientras que el artículo 76 desarrolla las garantías del debido proceso, como el derecho a ser oído en un tiempo razonable, contar con un juez competente y recibir resoluciones motivadas (Asamblea, 2008). Por otro lado, el artículo 82 consagra la seguridad jurídica como base del Estado de derecho, vinculándola a una administración de justicia eficiente y ágil. Estas garantías se refuerzan en el Código Orgánico General de Procesos (COGEP), cuyo artículo 2 establece que los principios rectores se alinean con el cumplimiento de los principios fundamentales lo que garantiza la celeridad buscando que se aplique de forma eficaz (COGEP, 2015).
Problemática en Ecuador
El Ecuador enfrenta una significativa congestión judicial que afecta de manera directa el principio de celeridad procesal y el debido proceso. La alta demanda de servicios judiciales, combinada con una infraestructura tecnológica limitada y una escasez de talento humano, ha generado retrasos considerables en la tramitación y resolución de causas. Esta situación no solo incrementa los costos procesales y prolonga la incertidumbre para las partes involucradas, sino que también socava la confianza de la ciudadanía en el sistema de justicia, es por ello que la limitada ejecución de un MGJI que integre tecnologías de la información y estrategias de optimización de recursos ha impedido una respuesta eficaz a estos desafíos.
La implementación de herramientas tecnológicas adecuadas podría mejorar la asignación de audiencias, agilizar los procesos y garantizar una administración de justicia más equitativa y oportuna. Es imperativo que se adopten medidas estructurales que permitan al sistema judicial responder de manera eficiente a las necesidades de una población diversa y numerosa, asegurando así el respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos. Bajo esta premisa, se revisó los datos que indican que, en el año 2018, el sistema judicial ecuatoriano, de manera particular en la ciudad de Guayaquil, convocó 52.335 audiencias en materia no penal, de las cuales el 90% se instalaron de forma efectiva, reflejando una eficiencia destacable en la gestión procesal de ese periodo (Consejo de la Judicatura, 2018). Este porcentaje de audiencias realizadas indicaba un compromiso institucional con la celeridad y la tutela judicial efectiva, principios fundamentales consagrados en la Constitución de la República del Ecuador (2008). Sin embargo, este desempeño contrastaba con los desafíos estructurales que comenzaban a emerger en el sistema judicial.
Para 2024, aunque el número total de audiencias convocadas aumentó, se observó una disminución en la tasa de audiencias efectivamente realizadas, situándose en un 85%, según datos del Consejo de la Judicatura (2024). Este descenso refleja una creciente congestión procesal y desafíos en la gestión judicial, afectando la percepción ciudadana sobre la eficiencia del sistema de justicia. Del mismo modo en el 2018, el sistema judicial ecuatoriano reportó 45.000 audiencias penales convocadas, con un 88 % de instalación efectiva, reflejando un desempeño procesal sólido (Consejo de la Judicatura, 2018). Para 2024, aunque las audiencias penales aumentaron a 60.000, el porcentaje de instalación efectiva descendió al 82 %, lo que evidencia una creciente presión sobre la gestión penal (Consejo de la Judicatura, 2024). Esta tendencia sugiere un deterioro en la capacidad operativa del sistema para sostener estándares sostenibles de celeridad y eficiencia procesal.
Frente a esta realidad, la ausencia de un sistema digitalizado integral en Ecuador genera un impacto significativo en la celeridad procesal y el debido proceso, afectando la administración de justicia. Al desarrollar la investigación, se toma como enfoque en los procesos penales, por tanto; López-Torres (2023), expresa que la falta de aplicación efectiva del principio de oportunidad contribuye a la congestión del sistema penal, evidenciando la necesidad de estrategias claras para abordar esta problemática. Por su parte, Martínez y Vásquez (2024) destacan que la implementación de servicios electrónicos en la gestión pública es clave para mejorar la eficiencia operativa, lo que podría transformar la administración judicial en Ecuador.
Además, la modernización de la gestión pública representa un factor crítico para incrementar la productividad institucional. Pérez-Sánchez y Ruiz (2024) resaltan que las estrategias de modernización son esenciales para reducir ineficiencias, permitiendo una mejor distribución de recursos. En el ámbito judicial, Gómez y Torres (2023) subrayan que la digitalización, acompañada de herramientas tecnológicas, optimiza procesos, mejora la transparencia y garantiza una atención más ágil.
En la práctica, estas normativas enfrentan desafíos significativos, en especial dentro de las jurisdicciones de alta carga procesal. Según Hernández y López (2021), problemas estructurales como la sobrecarga laboral para jueces, la falta de herramientas tecnológicas y la insuficiencia de personal capacitado resultan en demoras que contradicen de manera directa los principios constitucionales. Además, Quispe (2020) enfatiza que los extensos tiempos procesales generan costos económicos y emocionales para las partes involucradas, afectando la percepción de justicia en la ciudadanía. Estas condiciones hacen imperativa la implementación de un Modelo de Gestión Judicial Inteligente que alinee la práctica judicial con los mandatos legales y constitucionales, garantizando una justicia accesible, ágil y efectiva.
En Ecuador, los procesos judiciales evidencian cómo la falta de un modelo de gestión vulnera derechos fundamentales. En materia penal, casos de personas privadas de libertad destacan por los extensos retrasos en la resolución de su situación jurídica, superando los plazos permitidos para la prisión preventiva. Esto constituye una violación al principio de celeridad procesal, garantizado por la Constitución de la República del Ecuador (2008) y genera incertidumbre jurídica (Consejo de la Judicatura, 2022).
Los procesos de familia, como juicios por alimentos, custodia de menores y régimen de visitas, también reflejan estas deficiencias. En las unidades judiciales, los retrasos en la tramitación afectan de forma directa al interés superior del niño, vulnerando derechos garantizados por la Convención sobre los Derechos del Niño (1989). Según UNICEF (2021), estos retrasos son incompatibles con el principio de protección prioritaria de los menores, lo que agrava las consecuencias emocionales y económicas de las partes involucradas.
Las garantías constitucionales, como la acción de protección y el hábeas corpus, también sufren demoras significativas. Esto ocurre pese a su carácter prioritario en la tutela de derechos fundamentales, afectando en específico a sectores vulnerables, como trabajadores y pacientes de salud pública. La congestión judicial y la falta de jueces especializados contribuyen a este problema, reflejando la necesidad de un Modelo de Gestión Judicial Inteligente moderno y tecnológico que permita superar estas limitaciones (Ecuador Transparente, 2023).
Modelo de Gestión Judicial Inteligente y analíticas jurimétricas
En Ecuador se aplican analíticas jurimétricas en las dependencias judiciales. El Consejo de la Judicatura, a través de la Dirección Nacional de Estudios Jurimétricos y Estadística Judicial, elabora informes técnicos que resumen datos estadísticos sobre el estado de las causas y diversos indicadores judiciales, como las tasas de resolución, pendencia y congestión. Estos informes abarcan periodos específicos y proporcionan una visión detallada del desempeño del sistema judicial ecuatoriano.
Además, el Consejo de la Judicatura ha promovido espacios de discusión sobre la jurimetría y su aplicación en la resolución de casos. Por ejemplo, en su programa "Hablemos de Justicia", se ha abordado cómo la jurimetría aporta datos estadísticos que pueden influir en la toma de decisiones judiciales, destacando su relevancia en la modernización y eficiencia del sistema judicial ecuatoriano.
El sistema de analíticas jurimétricas en Ecuador resulta un paso que puede complementar el modelo propuesto, integrando herramientas de inteligencia artificial (IA), Big Data y automatización de procesos. Un modelo de este tipo permitiría optimizar la administración de justicia a través de la predicción de congestión procesal, la asignación eficiente de recursos y la mejora en la toma de decisiones judiciales basadas en datos. En este sentido, experiencias internacionales han demostrado que la integración de sistemas de Justicia Predictiva y Análisis de Sentencias con IA puede mejorar de forma significativa la eficiencia judicial. Por ejemplo, en España, el sistema Prometea ha optimizado el análisis de expedientes judiciales mediante algoritmos de machine learning, logrando reducir el tiempo de resolución de casos en hasta un 30% (Martínez & Pérez, 2022). En Ecuador, un Modelo de Gestión Judicial Inteligente podría estructurarse en torno a tres pilares:
Experiencia en Ecuador y Perspectivas
El Consejo de la Judicatura del Ecuador ya ha avanzado en la recopilación de datos mediante la Dirección Nacional de Estudios Jurimétricos y Estadística Judicial. Sin embargo, para implementar este sistema, sería necesario fortalecer la interoperabilidad de bases de datos, garantizar la seguridad jurídica en la aplicación de IA y definir estándares éticos para el uso de algoritmos en la toma de decisiones judiciales (Villacís & Cordero, 2023). En términos normativos, la Constitución de Ecuador y el Código Orgánico de la Función Judicial establecen principios de celeridad, transparencia y eficiencia procesal, lo que respalda la adopción de tecnologías avanzadas en la gestión de la justicia. No obstante, la implementación de este modelo mencionado requeriría reformas normativas y políticas de modernización tecnológica para garantizar su viabilidad y aplicación efectiva.
En base a estos hallazgos y a la discusión del trabajo se determina la necesidad de proponer un Modelo de Gestión Judicial Inteligente para el sistema judicial ecuatoriano, que garantice el cumplimiento de los principios de celeridad procesal y debido proceso, el cual busca alinear el sistema judicial ecuatoriano con estándares internacionales y buenas prácticas, además de alinear una implementación de mecanismos de priorización automatizada y la capacitación de operadores judiciales. De este modo, se pretende no solo resolver problemas estructurales, sino también mejorar la percepción ciudadana de la justicia, fortalecer el Estado de derecho y garantizar un acceso equitativo y ágil a la justicia en todo el territorio nacional.
En desarrollo de los puntos clave para satisfacer las necesidades de cumplimiento del principio de celeridad procesal y el debido proceso, que permita un sistema judicial en óptimas condiciones con lineamientos internacionales de calidad, se presenta la siguiente propuesta, determinando el objetivo, finalidad y estructura de la propuesta:
MODELO DE GESTIÓN JUDICIAL INTELIGENTE (MGJI)
Objetivo de la propuesta:
Estructurar un diseño de un Modelo de Gestión Judicial Inteligente para el sistema judicial ecuatoriano que optimice los recursos humanos y tecnológicos, agilice los procesos judiciales y garantice el cumplimiento del principio de celeridad procesal y el debido proceso, contribuyendo a mejorar la calidad de la administración de justicia y fortaleciendo la confianza ciudadana en el sistema judicial.
Finalidad:
Contribuir al fortalecimiento del sistema judicial ecuatoriano mediante la propuesta de este sistema que permita garantizar una administración de justicia ágil, transparente y accesible, promoviendo el respeto por los derechos fundamentales, como la celeridad procesal y el debido proceso, y mejorando la confianza ciudadana en el Estado de derecho. La propuesta busca también establecer un precedente para reformas estructurales que impulsen la modernización y sostenibilidad del sistema judicial en Ecuador.
Estructura del diseño:
1. Enfoque Integrado
El MGJI combina tres pilares esenciales:
2. Elementos Innovadores del MGJI
1. Digitalización Total y Justicia Virtual
2. Sistemas de Priorización Automatizada
3. Gestión Basada en Indicadores de Desempeño
4. Capacitación en Gestión y Tecnología
5. Uso de Big Data y Analítica Predictiva
6. Estrategia de “Cero Papeles”
3. Beneficios del MGJI
4. Implementación Progresiva
La implementación del MGJI debe ser gradual y adaptada a las particularidades del contexto ecuatoriano:
La implementación de un Modelo de Gestión Judicial Inteligente (MGJI) representa una oportunidad estratégica para fortalecer las garantías del debido proceso en el sistema judicial ecuatoriano. Este modelo, sustentado en tecnologías digitales, inteligencia artificial y gestión predictiva, no solo contribuye a la eficiencia procesal, sino que incide de manera directa en la calidad, transparencia y accesibilidad de la justicia. En efecto, el debido proceso, consagrado en el artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador, exige que toda actuación judicial observe principios como la motivación, el acceso oportuno a un juez competente, la garantía de defensa y el desarrollo del proceso en un tiempo razonable. El MGJI, lejos de constituir una simple modernización tecnológica, se configura como una herramienta estructural que permite materializar estas garantías de manera más efectiva.
Uno de los principales aportes del MGJI al debido proceso es la optimización de los tiempos procesales, mediante la automatización de tareas repetitivas como la generación de providencias estándar, la gestión de plazos y la emisión de notificaciones electrónicas. Estas funcionalidades permiten reducir la mora judicial sin comprometer el derecho a la defensa, facilitando que las partes procesales sean oídas y reciban una resolución en un plazo razonable. Aunque la asignación de causas en Ecuador ya se realiza mediante sorteo automatizado, el MGJI añade una capa de valor al permitir un monitoreo dinámico de la carga laboral de los juzgados, lo cual garantiza una distribución más equitativa de los casos y una mejor planificación del recurso humano judicial. Esto incide de forma positiva en la calidad de las decisiones y en la imparcialidad funcional del sistema.
Asimismo, el uso de herramientas de análisis jurisprudencial asistido puede fortalecer la motivación de las resoluciones judiciales. Al facilitar el acceso automatizado a precedentes, doctrina y normativas aplicables, el MGJI mejora la coherencia y fundamentación de las decisiones, evitando arbitrariedades. Esto resulta relevante en un contexto donde la jurisprudencia nacional e internacional, como la emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ha subrayado la importancia de decisiones motivadas como eje estructural del debido proceso.
Desde la perspectiva del usuario del sistema de justicia, el MGJI también potencia el ejercicio del derecho a la defensa. Al ofrecer canales de información digital, seguimiento en tiempo real del expediente y programación eficiente de audiencias, se reducen las barreras de acceso para poblaciones vulnerables, incluyendo personas con discapacidad, adultos mayores o quienes habitan en zonas rurales. Además, disminuye los costos asociados a los procesos judiciales, no solo en términos económicos sino también emocionales, al evitar traslados innecesarios y tiempos prolongados de incertidumbre jurídica.
En cuanto al equilibrio entre el principio de publicidad procesal y la protección de datos personales, el MGJI ofrece herramientas que permiten armonizar ambos derechos fundamentales. La publicidad es un principio constitucional indispensable para la transparencia judicial y el control ciudadano, sin embargo, su aplicación no puede implicar la exposición irrestricta de información sensible contenida en los expedientes. En este sentido, el modelo inteligente puede incorporar técnicas de anonimización y seudonimización de datos, que aseguren la difusión de información relevante para fines de control público sin comprometer la intimidad, el honor ni la integridad de las partes procesales. Así, se garantiza el acceso a la información judicial de interés general, al tiempo que se respetan los derechos consagrados en la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales.
En síntesis, el Modelo de Gestión Judicial Inteligente no solo responde a los requerimientos de eficiencia administrativa, sino que se alinea con un enfoque garantista y constitucional del debido proceso. Su implementación fortalecería pilares como la celeridad, la transparencia, la motivación, el acceso equitativo y la protección de los derechos fundamentales de quienes acuden a la justicia. Por ello, más que una innovación tecnológica, el MGJI constituye un instrumento para consolidar un sistema judicial moderno, humano y respetuoso del Estado de derecho.
Por tanto, este modelo representa un enfoque disruptivo al fusionar tecnología avanzada, prácticas internacionales y la realidad socioeconómica de Ecuador, contribuyendo a la transformación del sistema judicial hacia un marco eficiente, accesible y equitativo. Se puede reafirmar que este modelo, aunque tiene ciertos mecanismos de decisiones automatizadas, siempre tiene que estar supervisado por un funcionario para dar cumplimiento a los principios de protección de datos. Se espera que el modelo propuesto lo tome en consideración las autoridades competentes del Estado ecuatoriano para llevar a cabo el desarrollo del mismo con una expectativa de cumplimiento a mediano plazo y está abierto a la contribución de futuras investigaciones.
Discusión
Validación de la propuesta a través del Derecho Comparado
La validación del Modelo de Gestión Judicial Inteligente (MGJI) se desarrolla mediante la técnica de derecho comparado, analizando la implementación de modelos similares en otros países. Se identifican sistemas de gestión judicial con tecnologías avanzadas en diversas jurisdicciones y se establecen indicadores clave para evaluar la viabilidad del MGJI en Ecuador.
Tabla 1 Indicadores de Validación mediante Derecho Comparado
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Indicador |
Ecuador (Propuesta MGJI) |
Chile (Reforma Procesal Penal y Tramitación Electrónica) |
España (LexNET y Prometea) |
Colombia (Sistema SPOA y Justicia Digital) |
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Digitalización de Expedientes |
Implementación total de gestión digital de expedientes |
Expedientes electrónicos en tramitación penal |
Sistema LexNET permite digitalización total |
SPOA digitaliza expedientes penales y civiles |
|
Audiencias Virtuales |
Generalización de audiencias digitales |
Uso moderado, impulsado por la pandemia |
Implementado en diversas materias |
Implementado en procesos penales y civiles |
|
Uso de Inteligencia Artificial |
Priorización de casos y automatización de procesos |
No implementado |
Sistema Prometea optimiza resoluciones judiciales |
Implementación en fase piloto para predicción de fallos |
|
Indicadores de Desempeño |
KPIs de tiempos de resolución, audiencias y satisfacción |
Control de congestión judicial |
Evaluación periódica de carga procesal |
Medición de congestión y tiempos judiciales |
|
Accesibilidad a la Justicia |
Plataformas digitales y asistencia virtual |
Avances en tramitación electrónica |
Portales digitales y automatización |
Programas de acceso a la justicia digital |
|
Eficiencia Procesal |
Reducción de tiempos mediante automatización y gestión |
Agilización en procesos penales |
Reducción del 30% en tramitaciones |
Reducción de carga en juzgados piloto |
Fuente: Elaboración propia
La comparación evidencia que el MGJI se alinea con modelos exitosos de modernización judicial, incorporando tecnologías de inteligencia artificial y digitalización de procesos para garantizar eficiencia y celeridad procesal. En este sentido, la implementación del MGJI representa un avance significativo en la modernización del sistema judicial ecuatoriano, alineándose con las mejores prácticas internacionales. La inteligencia artificial y la digitalización de procesos han demostrado ser herramientas fundamentales en la optimización de los tiempos procesales, la reducción de la carga administrativa y la mejora de la accesibilidad al sistema judicial.
Países como España y Colombia han integrado estas tecnologías en su sistema de justicia con resultados positivos en términos de rapidez y transparencia en los procedimientos. El uso de sistemas de automatización para la asignación de casos y la optimización de los recursos humanos ha permitido reducir la congestión judicial y garantizar un acceso más equitativo a la justicia. De manera similar, la digitalización de expedientes y la implementación de audiencias virtuales han reducido costos y tiempos procesales en distintas jurisdicciones, optimizando la gestión de recursos en el ámbito judicial.
Para Ecuador, la adopción del MGJI implica no solo una mejora en la eficiencia del sistema judicial, sino también un fortalecimiento del Estado de derecho. La implementación de sistemas de gestión basados en inteligencia artificial contribuirá a la toma de decisiones fundamentadas en análisis de datos y tendencias procesales, minimizando la discrecionalidad y fomentando la predictibilidad en la administración de justicia. La transparencia generada por estos sistemas permitirá además un mayor control ciudadano y un incremento en la confianza hacia el sistema judicial ecuatoriano. Esto garantizará el cumplimiento del principio de celeridad procesal al reducir los tiempos de respuesta en la administración de justicia y del debido proceso, asegurando que cada ciudadano tenga acceso a un juicio justo en un tiempo razonable, sin dilaciones indebidas.
Conclusiones
La falta de un modelo eficiente en Ecuador genera congestión procesal y vulneración del debido proceso, afectando el acceso a la justicia. La sistematización de fundamentos teóricos evidencia que la tecnología puede ser un factor clave en la optimización judicial. Además, la falta de recursos humanos y tecnológicos en el sistema judicial ecuatoriano ha incrementado las demoras en los procesos, lo que resalta la urgencia de adoptar un modelo moderno que integre soluciones digitales. La aplicación de herramientas digitales permitirá garantizar que los procesos judiciales sean ágiles y efectivos, asegurando el cumplimiento del principio de celeridad procesal.
El modelo propuesto se estructura en base a tres pilares fundamentales: digitalización, automatización y gestión predictiva. Su implementación en Ecuador permitiría una administración judicial moderna, alineada con estándares internacionales. La digitalización garantizaría la reducción de costos administrativos y agilizaría la tramitación de casos, mientras que la automatización optimizaría la asignación de audiencias y la resolución de litigios. La gestión predictiva, por su parte, permitiría anticipar congestionamientos procesales y distribuir de manera eficiente los recursos judiciales, mejorando significativamente la calidad del servicio. Todo esto impacta de forma directa al principio del debido proceso, garantizando que los derechos de las partes sean respetados sin demoras innecesarias ni afectaciones a su acceso a la justicia.
Mediante el análisis de derecho comparado, se confirma la viabilidad del modelo en Ecuador. La experiencia de países como Chile, España y Colombia demuestra que la digitalización, el uso de IA y la gestión basada en indicadores contribuyen a la celeridad procesal y al debido proceso. La aplicación de tecnología en la justicia ha reducido tiempos procesales en un 30% en algunos países, lo que evidencia que la adopción de un MGJI puede ser un factor determinante para la transformación del sistema judicial ecuatoriano. Asimismo, la transparencia que brindan estos sistemas ha permitido aumentar la confianza en la administración de justicia, impulsando la rendición de cuentas y la eficiencia institucional. De esta manera, el MGJI responde a la necesidad de garantizar el cumplimiento del principio de celeridad procesal al reducir la mora judicial y del debido proceso al ofrecer garantías efectivas a los ciudadanos.
En consecuencia, la adopción del MGJI representa una solución viable para mejorar la eficiencia del sistema judicial ecuatoriano, fortaleciendo el acceso a la justicia, la transparencia y la confianza ciudadana en el Estado de derecho. Su implementación requiere esfuerzos coordinados entre el sector judicial, legislativo y tecnológico para asegurar su éxito a largo plazo. Además, será fundamental desarrollar una estrategia progresiva de implementación, comenzando con proyectos piloto en provincias con alta carga procesal y expandiendo el modelo a nivel nacional en función de los resultados obtenidos. Este enfoque garantizará una transición efectiva y permitirá realizar ajustes para optimizar la aplicación del MGJI en el contexto ecuatoriano, alineándose plenamente con los principios de celeridad procesal y debido proceso.
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Conflicto de intereses
Los autores declaran no tener ningún conflicto de intereses.
Declaración de responsabilidad de autoría
Los autores del manuscrito señalado, DECLARAMOS que hemos contribuido directamente a su contenido intelectual, así como a la génesis y análisis de sus datos; por lo cual, estamos en condiciones de hacernos públicamente responsable de él y aceptamos que sus nombres figuren en la lista de autores en el orden indicado. Además, hemos cumplido los requisitos éticos de la publicación mencionada, habiendo consultado la Declaración de Ética y mala praxis en la publicación.
Daniela Elizabeth Aguilar Garces, María Ximena Alomoto Santana y Edward Fabricio Freire Gaibor: Proceso de revisión de literatura y redacción del artículo.