Maestro y Sociedad e-ISSN 1815-4867

Volumen 21 Número 3 Año 2024

Artículo original

Tejiendo redes para la seguridad: estrategia comunitaria para un cantón más seguro en Ecuador

Weaving networks for security: community strategy for a safer canton in Ecuador

Tecendo redes de segurança: estratégia comunitária para um cantão mais seguro no Equador

Nieves Pensilvania Alburqueque Carriel *, https://orcid.org/0000-0002-7196-4961

Cecilia Teresita de Jesús Carbajal Llauce, https://orcid.org/0000-0002-1162-8755

Nélida Isabel Rodríguez Ortega de Peña, http://orcid.org/0000-0002-8508-9096

Universidad Cesar Vallejo, Perú

*Autor para correspondencia. email nieve.alburqueque@educacion.gob.ec

Para citar este artículo: Alburqueque Carriel , N. P., Carbajal Llauce, C. T. y Rodríguez Ortega de Peña, N. I. (2024). Tejiendo redes para la seguridad: estrategia comunitaria para un cantón más seguro en Ecuador. Maestro y Sociedad, 21(3), 1508-1520. https://maestroysociedad.uo.edu.cu

RESUMEN

Introducción: La implementación de una estrategia es esencial para crear y ejecutar programas basados en diagnósticos precisos, asignaciones presupuestarias adecuadas, enfoques estratégicos y prioridades bien definidas, con el fin de disminuir de manera efectiva la inseguridad en las comunidades. Objetivo: Este estudio busca desarrollar un modelo de estrategia coordinada con el objetivo de fortalecer la seguridad ciudadana en la ciudad de Vinces. Materiales y Métodos: La investigación se distingue por su enfoque básico, cuantitativo y no experimental. A partir de una descripción exhaustiva de la problemática de inseguridad en Vinces, se diseñó un modelo de estrategia coordinada sin realizar pruebas experimentales. Para obtener información sobre las percepciones de la ciudadanía, se utilizó un cuestionario con preguntas cerradas y una escala Likert. Los datos recopilados fueron analizados mediante el software SPSS 25. Resultados: Los resultados del análisis indican una correlación positiva entre la implementación de la estrategia coordinada y la mejora de la seguridad ciudadana. Discusión: Los factores más relevantes para el éxito de la estrategia son el compromiso y la colaboración de los gobiernos locales, las autoridades, la comunidad y la Policía Nacional. Conclusiones: En base a esto, se concluye que el nivel actual de seguridad ciudadana en Vinces es insuficiente. Por lo tanto, es fundamental llevar a cabo una revisión detallada de los resultados obtenidos para mejorar los objetivos específicos de la estrategia coordinada y garantizar su eficacia en la lucha contra la inseguridad en la ciudad.

Palabras clave: estrategia articulada, delincuencia, estrategias, gestión pública, participación ciudadana, seguridad ciudadana.

Abstract

Introduction: The implementation of a strategy is essential to create and execute programs based on accurate diagnoses, adequate budget allocations, strategic approaches and well-defined priorities, in order to effectively reduce insecurity in communities. Objective: This study seeks to develop a coordinated strategy model with the objective of strengthening citizen security in the city of Vinces. Materials and Methods: The research is distinguished by its basic, quantitative and non-experimental approach. Based on an exhaustive description of the insecurity problem in Vinces, a coordinated strategy model was designed without conducting experimental tests. To obtain information on citizens' perceptions, a questionnaire with closed questions and a Likert scale was used. The data collected was analyzed using SPSS 25 software. Results: The results of the analysis indicate a positive correlation between the implementation of the coordinated strategy and the improvement of citizen security. Discussion: The most relevant factors for the success of the strategy are the commitment and collaboration of local governments, authorities, the community and the National Police. Conclusions: Based on this, it is concluded that the current level of citizen security in Vinces is insufficient. Therefore, it is essential to carry out a detailed review of the results obtained to improve the specific objectives of the coordinated strategy and guarantee its effectiveness in the fight against insecurity in the city.

Keywords: articulated strategy, crime, strategies, public management, citizen participation, citizen security.

Resume

Introdução: A implementação de uma estratégia é essencial para criar e executar programas baseados em diagnósticos precisos, dotações orçamentais adequadas, abordagens estratégicas e prioridades bem definidas, a fim de reduzir eficazmente a insegurança nas comunidades. Objetivo: Este estudo busca desenvolver um modelo de estratégia coordenada com o objetivo de fortalecer a segurança cidadã na cidade de Vinces. Materiais e Métodos: A pesquisa distingue-se pela sua abordagem básica, quantitativa e não experimental. Com base numa descrição exaustiva do problema de insegurança em Vinces, foi concebido um modelo de estratégia coordenada sem a realização de testes experimentais. Para obter informações sobre as percepções dos cidadãos, foi utilizado um questionário com perguntas fechadas e uma escala Likert. Os dados coletados foram analisados por meio do software SPSS 25. Resultados: Os resultados da análise indicam uma correlação positiva entre a implementação da estratégia coordenada e a melhoria da segurança dos cidadãos. Discussão: Os factores mais relevantes para o sucesso da estratégia são o compromisso e a colaboração dos governos locais, das autoridades, da comunidade e da Polícia Nacional. Conclusões: Com base nisso, conclui-se que o atual nível de segurança cidadã em Vinces é insuficiente. Portanto, é essencial realizar uma revisão detalhada dos resultados obtidos para melhorar os objetivos específicos da estratégia coordenada e garantir a sua eficácia na luta contra a insegurança na cidade.

Palavras-chave: estratégia articulada, crime, estratégias, gestão pública, participação cidadã, segurança cidadã.

Recibido: 21/12/2023 Aprobado: 15/2/2024

Introducción

Desde la perspectiva de Quintero (2020) en su investigación en América Latina, señala que la seguridad ciudadana es un concepto que se construye socialmente y está vinculado a las prácticas culturales dentro de una comunidad. Fomenta la implementación de medidas que promuevan la igualdad en las relaciones sociales y propicien espacios de bienestar común para todos los ciudadanos.

Dentro de la investigación que realizó Fernández (2021) sobre la seguridad ciudadana en la provincia de Chiclayo, ubicada en la región Lambayeque, resaltó un notable aumento en los índices delictivos en los últimos años, lo cual ha perturbado la paz tradicional de la ciudad. La población está descontenta con esta situación y demanda una intervención más efectiva por parte de las autoridades regionales y las fuerzas policiales locales, debido a que se observa un incremento constante en la actividad delictiva, incluyendo niveles elevados de criminalidad, lo que subraya la necesidad urgente de acciones tanto a nivel regional como nacional para abordar esta problemática, con un enfoque en la transformación necesaria.

Parcco (2018); desarrolla la relación entre el marco constitucional y la problemática de la inseguridad ciudadana en Perú. El autor resalta que la Constitución peruana establece la responsabilidad del Estado en la defensa de la seguridad ciudadana. El artículo segundo, inciso tercero, prioriza la protección de los derechos fundamentales en situaciones de riesgo, especialmente para los sectores más vulnerables. El artículo once declara la lucha contra la inseguridad ciudadana como política de Estado, exigiendo acciones inmediatas de gobernabilidad.

Según Tudela (2023) la seguridad ciudadana se ve afectada tanto por la presencia de actividades delictivas como por la ausencia de delincuentes. El concepto de "inseguridad ciudadana" surge de las amenazas y la violencia que enfrentan los ciudadanos y sus propiedades como resultado de la perpetración de actos criminales. En este contexto, es crucial el papel que desempeñan los profesionales en el ámbito de la seguridad para eliminar el delito y la delincuencia, es así que las políticas que emiten los gobiernos están enfocadas en reducir estos factores, los cuales representan una seria amenaza para la seguridad pública.

Conforme a lo que dispone la Defensoría del Pueblo (2019); la seguridad ciudadana es reconocida como un derecho protegido constitucionalmente y considerada un bien jurídico amparado. Desde esta perspectiva, se entiende como un conjunto de medidas destinadas a salvaguardar otros bienes jurídicos conforme a las normativas constitucionales. Los derechos asociados a esta categoría incluyen la integridad física, la protección de la vida y la inviolabilidad de la propiedad, entre otros. Estas acciones son fundamentales para mantener la tranquilidad pública, también conocida como paz social, y actúan como una medida preventiva contra el delito, fomentando además un uso pacífico del espacio público y eliminando cualquier forma de violencia.

Para Torres (2015) la visión de la política estatal representa un fragmento fundamental de la acción gubernamental, cuyo propósito es dirigir y asegurar las necesidades que requieren los ciudadanos. Esta política tiene como objetivo resolver los problemas relacionados con el orden público, lo cual contribuye de manera efectiva a la intervención gubernamental para alcanzar los objetivos establecidos. En este sentido, se reconoce la presencia de diversas políticas públicas que están integradas con las actividades que realiza el gobierno, considerando estas políticas como herramientas esenciales que respaldan los fines del Estado.

Los gobiernos locales se establecen conforme a legislaciones específicas, siendo entidades que operan a nivel territorial dentro del país. Estas entidades facilitan la participación ciudadana en los asuntos del gobierno, orientadas al beneficio general de la sociedad. El MINAM (2023); precisa que los gobiernos locales gozan de independencia propia y se componen sustancialmente de un gobierno municipal, definido por su territorio, estructura organizativa y la participación de sus ciudadanos. Los municipios distritales, en este contexto, son instituciones organizadas que promueven el desarrollo local, poseen personalidad jurídica pública y tienen como objetivo alcanzar los objetivos establecidos.

Para Basombrío (2013), la articulación entre las políticas públicas y la seguridad ciudadana está estrechamente ligada a la gobernabilidad tanto a nivel nacional como en los gobiernos regionales o locales. En este sentido, cuanto mayor sea el nivel de gobernabilidad, más efectivas serán las políticas de seguridad ciudadana. Es importante destacar que la gobernabilidad no se limita al número de fuerzas del orden o a su incremento, sino que se refiere a la capacidad de alcanzar un alto grado de consenso social, fundamentado en el desarrollo democrático de las organizaciones políticas, sociales y económicas.

A modo de conclusión, dentro del marco teórico referencial discutido, se subraya que la evaluación de las políticas públicas depende de la gestión directa del gobierno para determinar en qué medida se están alcanzando los objetivos establecidos. Este proceso continuo de evaluación no solo marca el cierre de las etapas de formulación de las políticas públicas, sino que también retroalimenta todo el proceso, permitiendo ajustes y validaciones prácticas y operativas en cualquier fase de su implementación. Es crucial considerar que la evaluación abarca todos los aspectos del programa en términos legales, humanos, materiales, financieros, tecnológicos, entre otros. El éxito de la evaluación global depende de cómo se abordan y resuelven las problemáticas sociales que se pretendían mejorar en beneficio de la nación o la comunidad.

Una de las teorías relevantes para este tema de investigación es la teoría de la complementariedad. Esta teoría brinda valiosa información que permite comprender y combinar los distintos roles que existen dentro de un equipo, los cuales influyen en su desempeño y éxito. Además, ayuda a identificar y gestionar los roles que contribuyen efectivamente a mejorar la dinámica y los resultados del equipo. Esta teoría se utiliza ampliamente en el ámbito empresarial y organizacional para formar y gestionar grupos de trabajo eficaces. Se afirma que la identificación de roles es predominante en un equipo, donde los miembros pueden colaborar estratégicamente entre sí de diferentes maneras (Belbin, 2011).

En los enfoques que señala Grand (2021), centra en la forma de crear entornos colaborativos y productivos para que fomenten un rendimiento e innovación, a pesar de que el autor no precise una teoría sobre el trabajo en conjunto, se ha encargado de realizar grandes contribuciones en el campo, a través de diversas ideas sobre lo importante que resulta ser el intercambio y creación de las culturas colaborativas, de ahí dedujo que los mejores equipos son aquellos que combinan la competencia individual con la cooperación colectiva.

Calla (2021) señala la teoría liberal, haciendo énfasis al interés de las personas y a la capacidad que tienen para integrarse a un grupo o identificación social. Precisa también que los intereses particulares son amplios debido al mecanismo de la asociación colectiva. Esta teoría enfatiza la seguridad de los derechos políticos y civiles, para que cada uno de ellos pueda ser aprovechado por cada miembro de la sociedad, de manera igualitaria.

MATERIALES Y MÉTODOS

Siguiendo los lineamientos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología del Perú (2018), la presente investigación se caracteriza por su enfoque aplicado. A partir de un diagnóstico exhaustivo del tema de estudio, considerando las teorías y normativas vigentes, se elabora una propuesta de intervención concreta y viable. Esta propuesta será comunicada oportunamente a las autoridades gubernamentales pertinentes para su implementación y beneficio de todos los actores de la comunidad. Es crucial señalar que el paradigma de investigación utilizado en este protocolo es el cuantitativo, empleando técnicas como encuestas, análisis documental y búsquedas en internet.

Siguiendo a Hernández-Sampieri & Mendoza (2018), el diseño de investigación aplicado en este estudio es no experimental. Esto significa que las variables no son manipuladas, sino observadas en su entorno natural, permitiendo un análisis objetivo de los resultados. El proceso de investigación implica un procedimiento sistemático que comienza con el diagnóstico de las variables, culmina con una propuesta de intervención diseñada por el investigador, y se basa en fundamentos teóricos y experiencias de estudios previos.

Por consiguiente, la población esta definida como el grupo de sujetos que comparten las mismas particularidades. Según el último censo que fue organizado por el gobierno ecuatoriano en el año 2022, la población asciende a 80,909 habitantes, de los cuales el 61% reside en el área rural y el 39% en el área urbana. Además, el 41% de la población tiene menos de 20 años. El Cantón de Vinces cuenta con un gobierno municipal que, según la Constitución Ecuatoriana, es autónomo y está directamente vinculado al gobierno central. Políticamente y administrativamente, Vinces, que incluye la cabecera cantonal y Antonio Sotomayor, forma parte de la provincia de Los Ríos.

Conforme a la recolección de datos, se consideró como criterio de inclusión a ciudadanos mayores de edad que residen en el área urbana y aceptaron voluntariamente participar llenando cuestionarios. La muestra se dividió en grupos etarios de hasta 65 años, incluyendo tanto hombres como mujeres. Se excluyeron aquellos que no desearon participar en la entrega de información escrita a través de los cuestionarios. La unidad de análisis se encuentra centrada en los ciudadanos de Vinces, seleccionados aleatoriamente para representar a la población objetivo. A través del análisis de las variables a la luz de teorías, normatividad y fundamentos jurídicos, se busca identificar patrones y predecir tendencias futuras relacionadas con la condición y objeto de estudio.

El procedimiento aplicado a esta investigación sigue un paradigma cuantitativo, partiendo de un diagnóstico previo que justifica la elección del tema. Para ello, se ha profundizado en el análisis de la información, construyendo un marco teórico sólido y definiendo una metodología de investigación adecuada. Los resultados obtenidos se presentan y analizan en detalle, utilizando herramientas de estadística básica y tablas para su mejor comprensión.

RESULTADOS

Los resultados del primer instrumento aplicado, que evalúa las estrategias articuladas en materia de seguridad ciudadana en un cantón de la provincia de Los Ríos, Ecuador, muestran que solo el 20% de los encuestados las perciben como altas. El 29,47% las considera medias y el 50,53% bajas. Esto indica que las autoridades no trabajan de manera conjunta y no se observan mejoras significativas en la seguridad. Se requiere una mejor colaboración entre los actores directos e indirectos, y es deber del gobierno ecuatoriano fomentar un esfuerzo conjunto y cooperativo entre todas sus instituciones, como se muestra en la tabla 1.

En la segunda dimensión, referida a la "Gestión", los resultados también son desalentadores. El 21,58% de los encuestados la califica como alta, el 28,94% como media y el 49,48% como baja (tabla 1.4). Esto indica que la percepción ciudadana sobre la gestión en materia de seguridad ciudadana es deficiente, una situación que se repite en otras ciudades del país y contribuye al aumento de los índices delictivos. El Estado ecuatoriano debe implementar políticas de control y desarrollar una gestión eficiente que brinde soluciones efectivas. Las autoridades deben aunar esfuerzos y articular recursos para alcanzar los objetivos trazados en materia de seguridad ciudadana.

La articulación entre las diferentes entidades e instituciones es fundamental para combatir la delincuencia de manera efectiva. Esto permite compartir recursos, medios y estrategias, optimizando su uso y logrando mejores resultados. En los últimos años, el Ecuador ha experimentado un aumento en la presencia de organizaciones criminales, lo que se refleja en la tabla 2. Esta situación exige una acción conjunta y coordinada por parte de las autoridades para enfrentar este desafío.

En cuanto a la dimensión "Estrategia", los resultados también son preocupantes. El 29,47% de los encuestados la califica como media, el 50,53% como baja y solo el 20% como alta. Esto indica que la población percibe que las autoridades no están desarrollando estrategias efectivas para la seguridad ciudadana. Las estrategias existentes, si las hay, no están dando los resultados esperados, lo que hace necesario un mayor esfuerzo para fortalecer la seguridad ciudadana.

La alarmante ola delictiva que incide Ecuador ha generado una grave falta de seguridad en la población, con asaltos, extorsiones, secuestros e incluso asesinatos a sueldo. Ante esta situación, se exige una acción inmediata por parte del Estado y las fuerzas del orden para frenar la delincuencia y garantizar la tranquilidad de los ciudadanos. Los detalles y resultados de este llamado urgente se encuentran en la tabla 3.

Los resultados de la encuesta sobre la estrategia colaborativa ciudadana son preocupantes: solo el 20% de los encuestados se ubican en el nivel alto, el 29% en el intervalo medio, mientras que el 50% se encuentran en el nivel bajo. Esto indica que la mayoría de la población no está participando activamente en el desarrollo de estrategias colaborativas. Se necesitan acciones urgentes para fomentar la participación ciudadana y fortalecer las estrategias colaborativas para mejorar la seguridad y el bienestar de las comunidades.

La alarmante ola de inseguridad que azota Ecuador exige una respuesta inmediata y contundente por parte de todos los sectores de la sociedad. Es fundamental que las autoridades asuman su rol de garantes de la seguridad, fomentando la participación ciudadana, diseñando estrategias conjuntas con las comunidades, fortaleciendo las fuerzas del orden y replicando modelos exitosos. La población, por su parte, debe tomar conciencia de la gravedad del problema, exigir acción a las autoridades y participar activamente en las iniciativas de seguridad. Solo a través del trabajo conjunto, la corresponsabilidad y el apoyo del gobierno central se podrá construir un Ecuador más seguro y próspero para todos.

Los resultados sobre la seguridad ciudadana se analizan de acuerdo con las dimensiones establecidas por la variable. En la primera dimensión, que se refiere a las incidencias delictivas, se evidencia que el 22,63% de los encuestados se sitúa en el rango alto, el 28,15% en el rango medio y el 49,22% en el rango bajo, como se detalla en la tabla 5.

La situación descrita indica que la mayoría de los encuestados han sido víctimas de algún acto delictivo, o conocen a alguien cercano que lo ha sido. Es fundamental denunciar estos actos ante la policía, independientemente de su frecuencia, acudiendo a la comisaría para presentar la denuncia a las autoridades competentes. Esto puede facilitar la captura de los delincuentes y asegurar que sean formalmente acusados, lo cual agravaría su situación legal.

Además, es importante destacar que robos y secuestros se han vuelto comunes en Ecuador. Por lo tanto, las autoridades deben encontrar formas de combatir esta inseguridad ciudadana que afecta a muchos sitios del país. Es esencial que las autoridades fortalezcan la colaboración entre todos los organismos para alcanzar la paz que el país requiere, en medio de una situación que afecta el bienestar social, económico y psicológico de la ciudadanía.

Los resultados de la dimensión "atención a las víctimas del delito" se calificaron por los encuestados del siguiente modo: el 22,89% asignó una calificación alta, el 28,15% una calificación media y el 51,66% una calificación baja. Esto sugiere que la atención a las víctimas es casi inexistente, evidenciando una falta de interés en este aspecto. Cuando las personas sufren un delito, enfrentan un considerable malestar y, según el tipo de delito, su recuperación puede verse influenciada por factores psicológicos, emocionales e incluso físicos, como se indica en la tabla 6.

La dimensión descrita resalta una situación que impacta negativamente el bienestar de los ciudadanos en todo el país, subrayando la necesidad de brindar atención a las víctimas de delitos para ayudarles a recuperar su bienestar físico, emocional y psicológico. Por ello, es crucial que las autoridades establezcan centros de atención para proteger la salud de las personas afectadas. Además, las intervenciones policiales deben enfocarse en garantizar de manera efectiva la seguridad de los ciudadanos contra los actos de criminalidad. Es crucial que las comunicaciones para la prevención de estos actos se manejen de inmediatamente.

Finalmente, la dimensión de satisfacción con la seguridad ciudadana presenta los siguientes resultados: el 22,11% de los encuestados se ubica en el rango de calificación alto, el 28,42% en el rango medio y la mayoría, el 49,47%, en el rango bajo, como se muestra en la tabla 7. Esto sugiere que los habitantes de la localidad donde se llevó a cabo el trabajo de campo no están conformes con la seguridad ciudadana en el marco de la investigación. Es fundamental que la población deposite su confianza en sus autoridades y en la policía nacional, quienes son responsables de resguardar la seguridad y el bienestar de los ciudadanos.

Se conoce que los actos delictivos pueden ocurrir en cualquier sociedad, estos no deben superar la capacidad de las fuerzas del orden. Es necesario desarrollar estrategias para enfrentar esta problemática; organizar a la población es una alternativa, pero en casos de delitos graves como extorsión o secuestro, es responsabilidad de las autoridades sancionar. Para lograrlo, es necesario aplicar las leyes y el código penal ecuatoriano mediante los magistrados y el poder judicial, quienes deben implementar de manera efectiva las sanciones establecidas en la normativa.

En relación con el desarrollo de las leyes y normas penales, se requiere un análisis más profundo de la organización penal, lo que podría conllevar a realizar modificaciones en nuestra estructura constitucional. Esto permitiría aplicar sanciones más rigurosas, incluyendo la cadena perpetua para delitos que amenacen la vida de las personas. Países como Perú y El Salvador han modificado su marco constitucional para poder imponer penas más severas.

Por último, la evaluación de la variable de seguridad ciudadana revela que la calificación no es la más favorable, como se confirma por las calificaciones de cada una de las dimensiones que componen esta variable. Predominantemente, hay una percepción de seguridad ciudadana baja entre la muestra encuestada, alcanzando un 53,88%, lo cual representa más de la mitad del grupo participante en el estudio. En el intervalo medio, se encuentra un 27,63%, mientras que el intervalo alto alcanza un 21,31% de las mismas calificaciones, como se detalla en la tabla 8.

En Ecuador, la seguridad ciudadana es un asunto de gran preocupación que necesita atención inmediata. Esto implica que nuestras autoridades y las fuerzas del orden deben diseñar acciones efectivas para recuperar la tranquilidad de la población ecuatoriana., que enfrenta un aumento significativo de los actos delictivos perpetrados por bandas criminales organizadas. A pesar de algunas medidas adoptadas a nivel nacional, como el toque de queda y la presencia militar en las calles, aún no se han obtenido resultados concretos en la reducción de delitos como robos, extorsiones y secuestros que afectan diariamente a la población. Es evidente que los índices delictivos no han disminuido como se esperaba, por lo que se requiere una lucha decidida y frontal contra estos problemas que afectan el normal desarrollo de la sociedad ecuatoriana.

Ha: Hipótesis alterna: Si el coeficiente de correlación “r” es exactamente cero, entonces existe una correlación directa entre los datos que han sido obtenidos de los cuestionarios sobre estrategias colaborativas y la seguridad ciudadana en un cantón de Ecuador.

Ho: Hipótesis nula: Si el coeficiente de correlación “r” no es igual a cero, entonces no hay evidencia de una correlación directa entre los datos que han sido recogidos por los cuestionarios de estrategias colaborativas y la seguridad ciudadana en un cantón de la República del Ecuador.

El análisis de los resultados revela, a partir de la sistematización en la tabla 10, que los datos han sido procesados con un nivel de confianza del 95%. Por lo tanto, se ha utilizado la metodología establecida para la prueba estadística de rho de Spearman.

El procedimiento sigue la siguiente secuencia:

En cuanto al valor obtenido de “r”, si es menor a 0.05, se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. Sin embargo, si el valor de “r” es igual o mayor a 0.05, se rechaza la hipótesis alterna y se acepta la hipótesis nula.

El valor reportado en la tabla 11 muestra una significancia de 0.000, indicando que existe una correlación directa entre los datos que fueron recogidos por los cuestionarios de estrategias colaborativas y la seguridad ciudadana en un cantón de Ecuador. El coeficiente de correlación obtenido es de 0.489, lo cual señala que esta correlación es significativa, directa y positiva.

DISCUSION

La delincuencia, como fenómeno multifacético, presenta una situación problemática de gran complejidad. Abordar este tema requiere una comprensión profunda de sus diversas aristas. Enfrentar la delincuencia, cuando esta ha traspasado límites y vulnerados derechos fundamentales, constituye un desafío que exige una atención especial y una planificación estratégica integral. El Estado, con sus fuerzas policiales y armadas, tiene la responsabilidad de imponer el orden interno; sin embargo, la magnitud del problema demanda un enfoque que vaya más allá de la mera acción represiva. Se hace necesaria una estrategia que abarque desde la prevención hasta la reinserción social, pasando por el fortalecimiento del sistema judicial y la cooperación interinstitucional. Solo así podremos enfrentar este desafío de manera efectiva y construir una sociedad más segura y justa para todos.

Los resultados de la prueba de correlación utilizando la rho de Spearman indican que existe una correlación directa, significativa y positiva entre las estrategias colaborativas y la seguridad ciudadana, con un coeficiente de 0.489. Estos hallazgos permiten concluir que tanto la estadística descriptiva como la inferencia revelan un problema significativo de insatisfacción entre los ciudadanos debido a la falta de garantías en la seguridad ciudadana. Esta situación se atribuye a la ineficiencia de los recursos disponibles por parte del estado ecuatoriano.

Fernández (2021) señala que la población muestra descontento en el momento que surgen inconvenientes que impactan la seguridad ciudadana. No obstante, la responsabilidad primordial de mejorar esta área recae en las autoridades locales y gubernamentales, respaldadas por las fuerzas del orden y, en casos más graves, por las fuerzas armadas, dependiendo del contexto social. Para abordar esta insatisfacción de manera efectiva, es crucial elaborar una propuesta sólida que provenga de los niveles más altos del gobierno.

Según Barahona (2020), cuando la sociedad enfrenta inseguridad, los cambios no se perciben adecuadamente, lo que dificulta el desarrollo de iniciativas efectivas. Como ejemplo de esta situación, menciona el aumento de la inseguridad en el distrito de José Leonardo Ortiz, en la provincia de Chiclayo, departamento de Lambayeque. Esto está interpretado como un descuido total con respecto a las autoridades de los municipios y por la policía, lo cual genera una profunda desconfianza entre los ciudadanos de la zona para llevar a cabo actividades cotidianas. Por consiguiente, estos ciudadanos se ven obligados a organizarse en sus comunidades vecinales para enfrentar este problema.

Flores y Polo (2021), afirman que la seguridad ciudadana es sumamente importante para el progreso de la población y el bienestar de los residentes de la misma. En la investigación de estos autores llevada a cabo en el distrito de Végueta, Lima, se observa un creciente aumento de la inseguridad, tanto según los testimonios de los ciudadanos como las denuncias presentadas en las comisarías locales. A pesar de ello, se están implementando diversas estrategias, como la instalación de cámaras de videovigilancia por parte de la municipalidad y los residentes. Estos últimos tienen el compromiso de proteger y asistir a las víctimas de la delincuencia mediante la seguridad privada en ciertas áreas de la ciudad. Además, se nota una mayor presencia de los agentes policiales, quienes patrullan junto con los efectivos del serenazgo municipal. Sin embargo, algunos sectores aún muestran indiferencia frente a la solución de este problema que afecta a toda la comunidad.

Quispe (2020) enfatiza que si bien las municipalidades tienen la responsabilidad de fortalecer la seguridad ciudadana, esta tarea debe ser abordada en conjunto con el gobierno central a través de una coordinación efectiva. La participación activa y organizada de la sociedad es fundamental, ya que estos deben involucrarse en la toma de decisiones y la implementación de acciones concretas para combatir la delincuencia, siempre velando por su propia seguridad e integridad física. Solo a través de un esfuerzo conjunto y coordinado entre autoridades, la sociedad civil y las comunidades se podrán construir una sociedad más segura y justa para todos.

Quintero (2020); afirma que la participación organizada de los ciudadanos es crucial para diseñar estrategias efectivas de colaboración para combatir el crimen. Es esencial coordinar acciones directamente con la policía nacional y otros miembros de la población para lograr este objetivo. Los ciudadanos, al estar organizados y alineados con las leyes vigentes, deben implementar acciones específicas para fortalecer las medidas de seguridad, dado que los métodos actuales son considerados insuficientes.

Según Ubillus (2023), dentro de los últimos años ha habido un notable aumento de la delincuencia en gran parte de Latinoamérica, impulsado por el crecimiento de bandas organizadas que han expandido sus operaciones a nivel internacional. Estas bandas están especialmente activas en países como Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Chile, donde hay una alta incidencia de delitos como secuestros y trata de personas. Este fenómeno afecta particularmente a mujeres, quienes son víctimas de estas prácticas y muchas veces son obligadas a la prostitución.

Para Muggah (2022), Las estrategias y medidas implementadas para la mejoría de la seguridad ciudadana no han alcanzado los resultados que planeaban y no se ha observado un impacto efectivo significativo. La responsabilidad de garantizar la seguridad ciudadana recae principalmente en las autoridades, quienes, lamentablemente, no han logrado proporcionar la tranquilidad necesaria a la población. Los empresarios son blanco frecuente de extorsiones, secuestros y robos, mientras que los ciudadanos corren un riesgo significativo al realizar transacciones bancarias en cajeros automáticos y bancos, debido al uso predominante del efectivo. Ante este panorama, resulta crucial que la población se familiarice y adopte el uso de billeteras digitales como alternativa para reducir los riesgos asociados al manejo de efectivo. Sin embargo, el robo de teléfonos móviles también se ha convertido en un delito común, lo que exige medidas adicionales para proteger a los ciudadanos en este ámbito. Es fundamental que todos los sectores de la sociedad trabajen en conjunto para encontrar soluciones integrales que aborden la compleja problemática de la seguridad ciudadana y construyan un entorno más seguro para todos.

Según Perilla & Garzón (2018), es fundamental que la población implemente estrategias colaborativas para mejorar la seguridad ciudadana. Es así que, iniciativas como la plática entre los integrantes de la colectividad son esenciales para coordinar y ejecutar destrezas de forma adecuada, dirigidas a combatir delitos habituales como el hurto, el robo y otras infracciones menores. En este sentido, es necesario promover acciones comunicativas a través de asociaciones vecinales o comités de vigilancia, cuyo objetivo principal sea garantizar la tranquilidad de la población. Esto permitirá reducir posibles actos violentos y fomentar una convivencia más armoniosa en la localidad.

Chinchilla (2018), sostiene que la creación de estrategias colaborativas en beneficio de la población debe contar con el respaldo de las autoridades municipales y gubernamentales. Estas entidades deben diseñar acciones específicas para abordar la seguridad ciudadana, incluyendo programas de vigilancia comunitaria donde el problema sea más acuciante. Es fundamental también la colaboración de especialistas en el tema, como la policía nacional, quienes pueden contribuir de manera significativa para mejorar la seguridad ciudadana.

Se ha observado ampliamente que las autoridades locales y nacionales en Ecuador no están cumpliendo adecuadamente con su responsabilidad de garantizar la seguridad ciudadana. La falta de eficacia del Estado ha permitido el aumento de la delincuencia, sin que se hayan visto mejoras notables hasta ahora. Esta situación ha generado una desconfianza generalizada entre la población en cuanto a llevar a cabo sus actividades diarias con tranquilidad. Es crucial que las autoridades administren recursos adicionales y desarrollen estrategias efectivas para abordar este problema, ya que los niveles de seguridad ciudadana siguen siendo preocupantemente bajos (Bernaola, 2022).

Hoy en día, las estrategias colaborativas en desarrollo no están produciendo los resultados esperados. El temor a perder la vida o sufrir daños físicos disuade a la población, reflejando deficiencias en el trabajo de seguridad ciudadana por parte de los funcionarios responsables. Cada uno de los pobladores percibe que las estrategias que existen en la actualidad, no están cumpliendo con sus expectativas, con la criminalidad siendo el problema más común que afecta directamente a la población. Además, la gran ola de inmigrantes venezolanos ha exacerbado esta situación, con algunos ciudadanos de ese país involucrándose en actividades ilícitas que afectan negativamente a la población en general.

Por otro lado, según la Corporación Andina de Fomento – CAF (2014); las acciones destinadas a enfrentar la falta de seguridad ciudadana deben abarcar diversas dimensiones o categorías, como la familia, la comunidad, la escuela, el barrio, la economía, la infraestructura urbana, la justicia, la policía, y las cárceles, entre otras. Esto requiere una coordinación amplia que involucre a toda la sociedad. Por su parte Torres (2015), sostiene que la implementación de estrategias colaborativas puede contribuir significativamente a reducir el impacto de la inseguridad ciudadana. Esta aproximación no solo representa una alternativa viable frente a la existencia de problemas, sino que también ha demostrado efectos positivos considerablemente favorables en las comunidades donde se han implementado estas intervenciones.

En la actualidad, en el gobierno del Ecuador, los niveles y mecanismos de seguridad ciudadana son poco eficientes, por lo cual es necesario desarrollar propuestas de estrategias colaborativas. Estas propuestas encuentran respaldo en nuestra base legal constitucional, que establece el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana como una iniciativa integrada por el Estado en conjunto con la ciudadanía. El objetivo de este sistema es fomentar que la convivencia sea pacifica, erradicar la violencia y promover el uso pacífico de las vías y espacios públicos. Además, busca prevenir delitos y faltas que puedan afectar el desarrollo estándar de la población.

Aldana et al. (2018), argumentan la creación de una propuesta sólida de estrategias colaborativas y seguridad ciudadana debe contemplar tres elementos esenciales: gestión eficiente, trabajo conjunto y una estrategia bien definida. Estos investigadores proponen un modelo para abordar esta problemática, donde la justicia desempeña un papel crucial en la prevención de delitos. Este modelo se centra en la necesidad de una coordinación efectiva y sistemática entre las autoridades pertinentes y los mecanismos involucrados para asegurar un trabajo articulado.

Vilalta (2021), argumenta que las poblaciones ubicadas en áreas urbanas o marginales, caracterizadas por desórdenes sociales, necesitan una mayor integración y orden por parte de las autoridades competentes debido al alto nivel de inseguridad ciudadana evidenciado. Es importante considerar que los estudios indican que la victimización contribuye significativamente a la inseguridad ciudadana y conlleva consecuencias psicológicas y afectaciones emocionales negativas, las cuales podrían mitigarse con un mejor control de los factores que afectan la seguridad. Para abordar estos desafíos, se propone la implementación de un sistema integral y global que facilite la coordinación con las autoridades responsables.

Suarez (2021) afirma que incrementar la participación ciudadana de manera frecuente sería altamente beneficioso para reducir la inseguridad. Trabajar con los ciudadanos para que sean conscientes de su rol y participación directa podría llevar a ofrecer soluciones efectivas a los problemas mencionados. Por tanto, es crucial diseñar y aplicar políticas públicas que se alineen con los objetivos establecidos, así como construir y facilitar canales de comunicación efectiva que consideren las necesidades expresadas por la comunidad o la sociedad en general. Estos aspectos son fundamentales, ya que pueden tener un impacto positivo significativo en la promoción de la seguridad ciudadana.

Figueroa & Cárdenas (2020), resaltan la importancia de las coordinaciones de vigilancia ciudadana realizadas por la policía, junto con la experiencia del patrullaje conjunto llevado a cabo en Perú por los efectivos municipales conocidos como serenazgo. Para optimizar este trabajo, se asignan unidades móviles con el fin de mejorar la eficiencia operativa. La comunicación y coordinación efectivas entre los diferentes actores involucrados son fundamentales para lograr este objetivo, asegurando que los recursos y medios disponibles contribuyan de manera significativa. Es esencial considerar el enfoque propuesto por Chandler (2010), quien subraya la importancia de factores como la innovación, la perspectiva gerencial y el rendimiento al formular estrategias. Además, se debe realizar una evaluación continua del trabajo realizado para realizar los ajustes técnicos necesarios y adaptar las acciones según el contexto específico en el que se desarrollan.

Para Ordoñez (2019), la responsabilidad principal recae en el Estado, el cual debe implementar sus objetivos para asegurar la seguridad de todos los ciudadanos. Por esta razón, es crucial que los ciudadanos participen activamente organizándose a través de los gobiernos locales para buscar soluciones a los problemas que enfrentan en la vida cotidiana. Según Perea (2019); la falta de seguridad ciudadana se atribuye a la necesidad de abordar múltiples aspectos, incluyendo la seguridad a nivel personal, colectivo y ambiental. Además, se subraya la importancia de la salud, la economía y el desarrollo de políticas que fomenten el crecimiento del país como factores determinantes en esta problemática.

Finalmente, para Calderón y Ramírez (2017), destacan que, al abordar eficazmente este problema, es crucial contar con el respaldo de los efectivos policiales, dada su capacitación para combatir los delitos en general. Subrayan la necesidad de una sólida formación de este cuerpo para garantizar una lucha efectiva contra este grave problema social. Del mismo modo, Barraza (2019) destaca la importancia de que las autoridades asuman de manera competente y responsable la atención prioritaria de este asunto, en beneficio directo de la población. Enríquez (2018) sostiene que es fundamental adoptar medidas preventivas y organizativas para erradicar la delincuencia de modo definitivo.

CONCLUSIONES

Los hallazgos sobre la dimensión de "estrategias articuladas" muestran que solo el 20% de los encuestados la califica como alta, mientras que un 29,47% la considera media y el 50,53% restante la evalúa como baja. Estos datos indican una falta de coordinación por parte de las autoridades en materia de seguridad ciudadana, lo cual se traduce en la ausencia de resultados positivos en esta área.

En términos de "gestión", se evidencia una notable deficiencia en esta área, con un 21,58% de percepción alta, un 28,94% media y un 49,48% baja. Esto señala que los ciudadanos no perciben una gestión efectiva en la formulación de estrategias para la seguridad ciudadana, situación que impacta en numerosas ciudades del país y se manifiesta en el incremento de los índices delictivos.

En la dimensión de "estrategia", predominan las calificaciones medias con un 29,47%, seguidas por un 50,53% en el intervalo bajo y un 20% en el intervalo alto. Estos resultados indican que las autoridades no están cumpliendo adecuadamente con su responsabilidad de formular estrategias efectivas para mejorar la seguridad ciudadana, subrayando la urgencia de fortalecer estas medidas en beneficio de la comunidad en general.

En cuanto a la variable "estrategia colaborativa", el 21,31% de los encuestados la considera en el intervalo alto, el 28,68% en el intervalo medio y el 50% en el intervalo bajo. Es crucial que las autoridades responsables organicen a la población en comités de seguridad y desarrollen estrategias en colaboración con la comunidad y las fuerzas del orden para enfrentar este desafío.

La evaluación de la seguridad ciudadana mediante la dimensión de "incidencias delictivas" revela que el 22,63% la considera alta, el 28,15% media y el 49,22% baja. Estos datos indican que la mayoría de los encuestados han experimentado algún tipo de delito, destacando la urgencia de una coordinación más efectiva entre todos los niveles gubernamentales para asegurar la seguridad pública.

La evaluación de la dimensión "atención a las víctimas del delito" muestra un 22,89% de percepción alta, un 28,15% media y un 51,66% baja. Esto indica una atención casi inexistente hacia las víctimas del delito, lo que provoca un malestar considerable entre las personas y afecta negativamente su recuperación en aspectos psicológicos, emocionales y físicos.

En la dimensión de "satisfacción con la seguridad ciudadana", el 22,11% de los encuestados reporta una percepción alta, mientras que el 28,42% indica una percepción media y el 49,47% una percepción baja. Estos resultados señalan una insatisfacción generalizada entre los ciudadanos respecto a la seguridad pública, destacando la importancia de fortalecer la confianza en las autoridades y la policía nacional, quienes son responsables directos del bienestar y la seguridad de la ciudadanía.

La evaluación de la variable "seguridad ciudadana" muestra que un 53,88% de los participantes la perciben como baja, un 27,63% como media y un 21,31% como alta. Este resultado subraya la urgente necesidad en Ecuador de implementar acciones efectivas para restablecer la tranquilidad en todo el país, implicando tanto a las autoridades como a las fuerzas del orden internas.

Finalmente, según el análisis estadístico realizado, se verifica que los datos recolectados presentan distribución normal, validado por la prueba de Kolmogorov-Smirnov. Además, la prueba de correlación de Spearman muestra una correlación significativa (0,489 puntos) entre las estrategias colaborativas y la seguridad ciudadana, destacando la relevancia de estas estrategias para mejorar la seguridad pública.

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Conflicto de intereses

Los autores declaran no tener ningún conflicto de intereses.

Declaración de responsabilidad de autoría

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CCLL. Realizó la escritura de la introducción y los resultados, y contribuyó en la búsqueda de la información.

NRIOP. Realizó la escritura de la introducción y los resultados, y contribuyó en la búsqueda de la información.